Bibliodiversidad, Sturzenegger y la “justa” competencia

Por Nicolás Darchez - Editor (Oyé Ndén Editora)

En su cuenta de X, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado se pregunta cómo alguien podría oponerse a que los libros lleguen más baratos al público. La pregunta parece razonable, pero esconde una trampa: nadie discute la necesidad de abaratar los libros; lo que se discute es si tratarlos como cualquier mercancía mejora o destruye el ecosistema que los hace posibles. Los libros son bienes culturales: contribuyen a la identidad, la educación y la memoria de un pueblo, por eso su circulación no puede regirse solo por la lógica del precio más bajo.

Para entender la importancia de la ley 25.542 —conocida como “Ley de defensa de la actividad librera” o “Ley del libro”— hay que partir del concepto bibliodiversidad: se trata de la diversidad cultural aplicada al libro, es decir, la edición y circulación de títulos, géneros, temáticas, perspectivas, lenguas y formatos variados y plurales. Esa diversidad depende especialmente de dos pilares: por un lado, los pequeños sellos editoriales que publican títulos pensando más en la riqueza cultural que en el lucro, a diferencia de las grandes corporaciones que preponderan la ganancia más que la calidad y diversidad de lo que editan (esto no quiere decir que los sellos pequeños no busquen ganancias con su actividad, sino que no es eso lo que los guía); por otro, las librerías independientes, que son las que dan espacio a las pequeñas editoriales en sus estanterías cuando las grandes cadenas priorizan títulos de venta masiva.

Son muchos los actores que participan del ecosistema del libro: escritores, editoriales, distribuidoras, imprentas, diseñadores, librerías, lectores, booktubers, escuelas, etcétera. Asimismo, para comprender en qué sentido es clave la “Ley del Libro” nos basta con centrarnos en cuatro de ellos: las librerías, las editoriales, quienes escriben y el público lector. La ley 25.452 establece que el precio de venta al público de los libros (PVP) debe ser definido por las editoriales, los importadores o los representantes, y debe ser uniforme en todo el territorio y en todos los canales de comercialización. Así, para el público, comprar un título en una librería vecina, en una cadena librera o en Amazon, resulta lo mismo en términos económicos. Para poder responder a la demanda del público, las librerías deben adquirir stock de los títulos que ofrecen. Al momento de comprar ejemplares a los sellos editoriales o las distribuidoras, los comercios perciben distintos descuentos según el volumen de la compra que realicen. Ahí surge el primer problema si se deroga la ley. ¿Por qué? Si una gran cadena librera o Amazon deciden comprar miles de ejemplares de un título para estockearse, pueden obtener descuentos muy superiores a los de una librería independiente que, por su menor capacidad adquisitiva, apenas podrá comprar unas decenas. Con la ley vigente, ambas deben vender al mismo PVP, la diferencia está en el margen de ganancia que puede obtener cada comercio. Sin esa norma, el actor más grande podría bajar artificialmente el precio y vender por debajo de lo que una librería independiente puede pagar a la editorial, dejándola fuera del mercado.

El argumento oficial para derogar la ley habla de “libre” mercado y “justa” competencia. Pero, en un mercado tan desigual, esa libertad favorecería a quienes ya concentran capital, escala y canales de venta (grandes cadenas, megacorporaciones editoriales y plataformas digitales como Amazon). La competencia no sería justa y acabaría en un monopolio absoluto y definitivo. Esto devendría en el segundo problema: de derogarse la ley y dejar el precio de los libros a voluntad de los agentes comerciales, todo el ecosistema editorial se vería afectado. Primero, al no poder competir, desaparecerían las librerías independientes y la oferta de títulos acabaría siendo definida por el interés de las grandes cadenas, prevaleciendo exclusivamente aquellos que resultan comerciales por sobre los que no tienen un caudal importante de lectores en términos de ventas. Luego, sin librerías independientes, también desaparecerían los pequeños sellos interesados en títulos no comerciales; con ellos, los autores que no despiertan el interés de las grandes editoriales. Sería el fin de la bibliodiversidad.

Para que verdaderamente bajen los precios de los libros y se sostenga la bibliodiversidad es preciso hacer foco en otros aspectos del ecosistema editorial: el valor del papel, los costos de los insumos de impresión, el precio del combustible que necesitan las distribuidoras para recorrer el territorio, el costo de los alquileres de locales comerciales, los impuestos a las licencias de software extranjero, la suba de los servicios básicos (luz, agua, gas), las cargas impositivas a profesionales independientes e innumerables etcéteras más. El problema para este Gobierno es que eso, claro, es gestionar políticas e implica trabajo colectivo y consenso con diferentes agentes. Es más fácil derogar leyes y que los monopolios definan el mercado.