Buscar la verdad y respetarla

Nos envuelve una maraña de noticias, versiones, opiniones y contradicciones. Es una carga  demasiado pesada. De vez en cuando conviene abrir el libro de la Constitución para reencontrar el camino. El caso Nisman obliga a una búsqueda intensa de la verdad.     Mario Alarcón Muñiz  Un par de meses atrás los observadores pronosticaban un 2015 complicado. A la agitación propia de los años electorales, le sumaban las probables acciones de los fondos buitre y la persistencia de la inflación, motivos suficientes -pero no los únicos- para alterar la vida del país.A sólo 45 días de vigencia, el año se presenta como el más inquietante y peligroso desde la recuperación de la democracia, sólo comparable con 2001, aunque por motivos muy distintos. Aquella fue una crisis económica; esta es una crisis política.Así como ocurrió entonces, el orden institucional enmarca las soluciones. Es un concepto clásico de la democracia; una idea fundadora de la República. Es la brújula. Si la perdemos  nos aguarda el naufragio. Otra vez. Me resisto a empezar de nuevo. La furia y la chácharaLa semana ha sido intensa, tan pródiga en turbulencias como las tres anteriores a partir de la muerte del fiscal Nisman. Varios episodios estimularon la incertidumbre. Ayudó la multiplicación de palabras y confusiones.A los preparativos y adhesiones a la marcha de este miércoles 18 -más alguna cuerpeada por si el gobierno toma asistencia-, se añadieron la audiencia pública realizada el jueves en el Congreso de la Nación en homenaje al fiscal muerto y la presentación del fiscal Pollicita -a quien le cayó la responsabilidad de manejar las denuncias de Nisman- imputando a la Presidenta, el canciller Timerman y algunos allegados por el supuesto delito de encubrimiento en la causa AMIA.Lo que hizo Pollicita fue dar curso al expediente presentado por Nisman. Es decir, una formalidad. Pero desató una furia de proporciones significativas.Lo más destacado lo produjeron algunos funcionarios que, evidentemente, creen que la Justicia debe estar subordinada al Poder Ejecutivo. También lo cree el gobernador Urribarri, quien se quejó de la denuncia: "Se ha juntado lo peor de los medios con lo peor del Poder Judicial", enfatizó. (Se dice "muy artiguista", pero no lo parece. Sería bueno recordarle al gobernador que uno de los principios fundamentales de Artigas es el de la independencia de los poderes del Estado. Le conviene leer las Instrucciones del Año XIII y enterarse del Congreso de Oriente de 1815). Entre narcos y golpistasEl omnipresente Aníbal Fernández, ahora secretario general de la Presidencia, lanzó varias veces el dardo gastado de la "desestabilización". Ir a la Justicia equivale a golpear al gobierno.  En estos días aportó Aníbal F. una novedad: "La marcha del 18 es obra de los narcos". Fenomenal. Entonces no puede ser un acto "desestabilizador", porque los narcos nunca estuvieron mejor que en esta "década ganada" operando a sus anchas. Lo sabemos todos."Golpe judicial", acusó Sabatella. Completó el inefable Capitanich con una definición de corte académico: "Golpismo judicial activo".(¿?)En cualquier democracia del mundo, la Justicia no es una amenaza, sino una garantía. La Constitución ampara por igual a gobernantes y gobernados porque "naides es más que naides" según sostenían Artigas primero y el Chacho Peñaloza más tarde.Ante cualquier acción judicial, quien se proclama demócrata y republicano -y más aún si ocupa funciones de gobierno- está obligado a esperar las decisiones de la Justicia, cualquiera sea el asunto. Lo contrario equivale a interferir en el trabajo de los magistrados. Es decir, violentar la Constitución. El funcionario que cuestiona a la Justicia no cree en la República. Menos en la democracia. Es un promotor del autoritarismo.Por supuesto que los jueces se equivocan. Ejemplos hay a montones. Pero existen mecanismos constitucionales para cuestionarlos y, si cabe, destituirlos. No la cháchara barata. Una cuestión políticaLa marcha del silencio programada por los fiscales para este miércoles en homenaje a Nisman a un mes de su muerte, también es motivo de molestias en el oficialismo. Se trata de la trágica desaparición de un fiscal a las puertas de formular su denuncia contra las máximas autoridades de la Nación. Uno se pregunta: ¿No habría inclinado la situación a su favor si la Presidenta y sus colaboradores hubieran decidido asistir a la marcha? Nadie se habría atrevido a impedírselo. Hoy estaríamos hablando de un gesto de grandeza, inteligencia y coraje cívico, virtudes no muy abundantes en la política argentina.De la convocatoria no se desprende que se trate de una movilización opositora. Lo será, seguramente. Pero en acto opositor lo transformaron los voceros del gobierno, de tanto desprestigiarlo. "Allá ellos con el silencio", menospreció la Presidenta el miércoles. Es de esperar que se desarrolle en paz atendiendo, tanto los manifestantes como el oficialismo, las palabras de la jueza Arroyo Salgado el jueves en el Congreso, cuando demandó a todos "un trato prudente, ético y responsable".La desconfianza oficial salta a la vista. "Es una cuestión política", cargó Aníbal F. Tiene razón. Claro que se trata de una cuestión política. ¿Eso es condenable? ¿Desde cuándo y para quiénes la política es una cuestión nociva? ¿De dónde surgieron Aníbal F., la Presidenta, las autoridades? ¿Son extraterrestres? ¿Nacieron de un huevo espacial? ¿No vienen de la política y de hacer política y de apoyarse en cuestiones del más variado origen para proyectarlas a la política? ¿No son políticos los largos discursos por cadena nacional? ¿Y los nombramientos, los subsidios y la publicidad con recursos de todos los argentinos?Política es plantear y resolver los problemas de la convivencia colectiva. Política es estudiar y actuar en las cuestiones más diversas relacionadas con el bien común. Política es tratar de ejercer el poder por medios lícitos y éticos -y ejercerlo si correspondiere- para aportar soluciones y crearle a la gente condiciones de vida digna.También es política buscar la verdad y respetarla.