Capricho: método infalible del centralismo

Todas las provincias padecen ahogos financieros. El gobierno nacional les escamotea más de la mitad de la coparticipación. Los "incondicionales" aceptan calladamente.  Mario Alarcón Muñiz El conflicto docente de la provincia de Buenos Aires se presenta como el tema preponderante de estos días en los medios nacionales de comunicación. No es para menos. Se estima en casi cinco millones la cantidad de alumnos bonaerenses, primarios y secundarios, que cargan un mes de atraso, porque aún no han iniciado el ciclo lectivo normal. Pero no son los únicos. Tampoco han abierto las escuelas de Neuquén y Chaco, de las que menos se habla, aunque el motivo es el mismo.Por ser la provincia de mayor población e importancia económica y de más directa relación con el gobierno central -salvo excepciones como la presente-, no sorprende que muchos problemas bonaerenses cobren dimensión nacional. En la actualidad cabe añadir que está Scioli de por medio. La prioridadTras la imprudencia de manifestar meses atrás sus intenciones presidenciales con tres años de anticipación, sus frecuentes roces -cuando no peleas de trastienda- con el vice Mariotto impuesto en su momento por la superioridad, los habituales retos de la Presidenta y algunos de los ministros nacionales, las acusaciones de impericia administrativa, la negativa a remesarle fondos nacionales, la desautorización para contraer empréstitos y los reproches por reunirse con políticos de otro mundo, Scioli ha sido colocado en la celda del enemigo.Este es el centro de la cuestión. El conflicto docente viene de perillas para desgastarlo, tanto a él como a sus pretensiones, más allá de las escuelas cerradas. En cualquier momento -puede ser el miércoles o dentro de tres meses- el gobierno nacional irá en auxilio de la provincia de Buenos Aires, porque no habrá otra salida. Entre tanto, la pelea política -mejor dicho, el desplazamiento de un supuesto adversario- es prioritaria.Vale recordar que hace diez años las clases estaban paralizadas en Entre Ríos por atrasos de sueldos. El gobernador Montiel era adversario declarado del gobierno nacional. No obstante, al día siguiente de asumir la Presidencia, Néstor Kirchner viajó a Paraná, aportó fondos nacionales y las escuelas reabrieron. Alguien podrá calificar el gesto de movida política, pero fue positivo porque priorizó la educación. Los incondicionalesBuenos Aires, Neuquén y Chaco, cuyas dificultades financieras se delatan a través de los conflictos docentes, no son las únicas provincias con problemas de recursos. Todas cerraron 2012 con los números en rojo, redondeando en conjunto un crecimiento del 28% del déficit global.La consultora Economía y Regiones confirmó en 24.000 millones de pesos el total de los desequilibrios financieros provinciales del último año. Plata que se deberá pagar, desde luego. Los gobiernos gastan más o recaudan menos o administran mal o todo junto, pero esas son las cifras.Está claro y repetido en esta columna que el gobierno central les escamotea recursos a las provincias. La ley de coparticipación federal 23.548, estableció que el 56,66% de los impuestos nacionales debe distribuirse entre las provincias. En 2012 se distribuyó el 26,1%.Lo grave es que sólo reclaman los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Santa Cruz y ahora Buenos Aires. Los demás son unitarios. Callan y en todo caso aplauden y obedecen, porque prefieren formar la fila de "incondicionales", según la definición de Urribarri unos veinte días atrás, en vísperas de la reunión del centro de estudios del PJ realizada en Paraná. Plata se necesitaNo obstante, a Entre Ríos le falta plata. No pide mayor coparticipación, pero emite letras de Tesorería -es decir incrementa la deuda pública- para cubrir "necesidades financieras", según expresan los decretos pertinentes. La última colocación por 163 millones de pesos se produjo el lunes pasado. Está claro que necesita esos fondos.Además, hace una semana aumentó por decreto 469 el impuesto inmobiliario rural en un 10%  promedio, según las zonas agroecológicas. Obsérvese que en diciembre último la Legislatura aprobó el presupuesto 2013 con el consiguiente cálculo de recursos y apenas tres meses después ya hay que corregirlo, siempre a expensas del campo, de cuya soja se está esperando ahora un tiento salvador.A fines de enero del año pasado ese mismo gravamen fue aumentado en índices que motivaron protestas (entre 250, 400 y hasta 600% en ciertos casos, se dijo).  En aquel trámite apresurado se autorizó al PE a actualizar los valores impositivos cuando fuere necesario, como acaba de suceder.Los legisladores omitieron entonces un pequeño detalle: el artículo 45 de la Constitución Provincial prohíbe a un poder del Estado delegar en otro sus facultades constitucionales y declara la nulidad de lo que se actúe de esa manera. Precisamente la Constitución en su artículo 122, indica que corresponde al Poder Legislativo "dictar la legislación impositiva" (inc.7°), estableciendo además que las modificaciones tributarias deben "hacerse por ley especial" (inc.11°). El reciente aumento del inmobiliario ha sido por decreto.A propósito: se supo estos días que Entre Ríos está a la vanguardia del impuesto inmobiliario rural en nuestro país. Aquí se paga en las mejores zonas un promedio de 400 pesos por hectárea. Le siguen las provincias de Buenos Aires (Pergamino 330 pesos) y Santa Fe (Venado Tuerto 217 pesos).A mediados del mes que finaliza una estadística del Instituto Argentino de Análisis Fiscal reveló que Entre Ríos fue la provincia que más aumentó la recaudación fiscal en 2012, con  un 46%, seguida de Tucumán con 40% y Corrientes con 27%.Los números sugieren que habría recursos suficientes. Si así no fuera ¿por qué no reclamar la coparticipación que nos corresponde por ley, fuera de los caprichosos manejos centralistas?