Chesini pone el dedo en la llaga

Que los funcionarios políticos en la provincia, no importa la jurisdicción, manden sus hijos a las escuelas y a los hospitales públicos, como acaba de proponer el senador Osvaldo Chesini, no deja de ser una idea ética innovadora.Para una dirigencia que se llena la boca hablando del pueblo, para ciertos políticos progres que hablan de revoluciones nacionales y populares, no parece mala idea que se mezclen un poco con el Estado que ellos mismos regentean.Muchos de ellos, incluso, elogian al régimen castrista de Cuba y son partidarios de la izquierda populista latinoamericana. El oficialismo entrerriano, de hecho, pertenece al kirchnerismo, variante izquierdista dentro del PJ.¿Alguien de este sector, por tanto, podría poner reparos a la idea de que los líderes consuman los mismos servicios públicos que la gente común? El Che Guevara, ícono de cierta dirigencia vernácula, aplaudiría a rabiar la iniciativa.Aunque al Che le hubiera parecido una aberración que los militantes de las causas populares, apoltronados en los despachos oficiales, deban ser llevados por una ley hacia un comportamiento que debería ser espontáneo en ellos.¡Una aberración burguesa! ¡Una traición a la revolución!. Es interesante conocer los fundamentos que el legislador de Gualeguaychú expone para justificar su proyecto de ley.Allí menciona una frase de Jasmyne Cannick, cofundador de la Coalición Nacional de Justicia Negra, para quien "las personas se preocupan más por un problema, cuando dicho problema les afecta a ellos personalmente".El razonamiento merece varios comentarios. En principio, acredita una sospecha popular, largamente consolidada entre nosotros, según la cual nuestros políticos constituyen una casta privilegiada.Desde que cobran buenos emolumentos, y se encumbran en las estructuras del Estado, devienen en una "oligarquía" o círculo cerrado en intereses. Son los que gozan de la posesión desnuda del poder que ejercen.Son los que "viven" de la política, al decir de Max Weber. Es decir, hacen de esta actividad una fuente permanente de ingresos, y al cabo de un tiempo en la función pública, se enriquecen.Esta tendencia es tan universal en Argentina, que resulta un hallazgo antropológico encontrar un político que haya salida de la función pública -de hecho nunca quieren irse- sin haber acrecentado su patrimonio.Paralelamente, mientras se verifica aquello de que la política es un medio para enriquecer a los que la usan, el Estado por ellos administrado se ha degradado.Las oligarquías, por lógica, no consumen servicios públicos degradados. Y la política no es la excepción. Sus miembros, incluyendo sus familias, suelen disfrutar de las bondades de aquellos bienes y servicios, en su mayoría privados, sólo accesibles a bolsillos abultados.Esta es la idea no confesada -creemos nosotros- sobre la cual pivota la iniciativa de Chesini: la condición de casta privilegiada que revisten los políticos, como colectivo social, que los hace remisos a consumir cosas estatales.Resulta inatacable la idea de que los funcionarios manden a sus hijos a la escuela o a los hospitales públicos. Porque, ya que según ellos el Estado funciona maravillosamente, ¿cuál es el reparo que podrían hacer?¿Qué van a decir? ¿Que la ley es un castigo? ¿Que no los pueden condenar a consumir servicios de mala calidad?. Nunca lo van a decir así, aunque lo podrán pensar en secreto.Por lo pronto, ya se escuchan objeciones de carácter constitucional. "Esto coarta la libertad de elección", se escucha. El progresismo de nuestros políticos es siempre el mismo: "haz lo que digo, pero no lo que hago".