Cobardes detrás de una pantalla: el anonimato que las redes sociales eligieron proteger
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Basta un perfil falso, creado en un minuto, para agredir, humillar o difamar. El que agrede no tiene cara. El que sufre, sí. Si alguien entra a un bar lleno de gente, señala a un hombre y le grita “¡abusador!”, todos ven quién lo dijo. Esa persona, si mintió, podrá ser llevada ante la Justicia. Si un hombre de 40 años se para cada tarde en la puerta de una escuela y empieza a hablarle a un chico de 11, alguien lo va a notar. Lo van a frenar y probablemente termine en una comisaría.
Las redes sociales permiten que sucedan ambas cosas en el anonimato. Lo vemos todos los días. El vecino escrachado en un grupo con una historia que nadie verificó, que ya no puede salir a la calle sin sentir que lo miran. El adolescente al que sus compañeros hostigan desde una cuenta creada solo para eso, que ya no quiere ir al colegio. Ninguno de esos agresores se animaría a decir en la cara lo que escribe. No son valientes: son cobardes con conexión a internet.
Le pasó, por ejemplo, a un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata. Una cuenta llamada “Comisión de Género de la FaHCE”, que usaba el nombre de su facultad sin ser oficial, publicó su foto y su nombre junto a la palabra “abusador”. No la firmaba nadie. Para que la Justicia le ordenara a Facebook bajar la publicación e informar quién estaba detrás de la cuenta, tuvo que litigar contra la plataforma desde 2019 hasta 2026 y llegar a la Corte Suprema. ¡Siete años! En septiembre, la Corte le dio la razón con una frase que lo resume todo: si el derecho a permanecer anónimo fuese absoluto, se estaría admitiendo “una impunidad absoluta para mentir, agraviar o exponer la intimidad de las personas”.
Ahí está la desigualdad. La víctima queda expuesta con su nombre, su cara y toda su vida; el agresor, oculto e inalcanzable. Uno no puede esconderse. El otro no tiene que dar explicaciones.
El anonimato tiene una cara todavía peor. Es la puerta de entrada del grooming: un adulto se hace pasar por chico para ganarse la confianza de un menor. Y las plataformas lo saben. En documentos internos de Meta, la dueña de Instagram y Facebook, que salieron a la luz en los juicios que enfrenta en los Estados Unidos, sus empleados admitían en 2020 que la gente miente sobre su edad, “especialmente los groomers”. Reconocían que la función que sugiere “personas que quizás conozcas” había sido responsable del 80% de las conexiones indebidas entre adultos y menores. La herramienta que debía conectar amigos les acercaba chicos a los abusadores.
El negocio del odio
¿Por qué las plataformas no hacen nada? Porque el agravio o “hate” vende. Usar una red social parece gratis, pero no lo es: pagamos con nuestros datos. Cada publicación que miramos, cada comentario y cada pelea quedan registrados, y con esa información las plataformas les venden a los anunciantes la posibilidad de llegar a nosotros. Cuanto más tiempo pasamos peleando, burlándonos o indignándonos, más datos generamos, más anuncios vemos y más facturan. Cuando una compañía conoce el daño, sabe cómo evitarlo y decide no hacerlo, ya no hablamos de un descuido. Hablamos de dolo.
Nada de esto es inevitable: es la consecuencia lógica de una actividad sin reglas. Hoy, en la Argentina, no existe ninguna norma que obligue a las plataformas a verificar la identidad de sus usuarios. Cualquiera puede crear un perfil en minutos, con un nombre inventado, una foto ajena y una fecha de nacimiento falsa. Las aplicaciones le entregan a un NN la posibilidad de insultar, difamar, acosar o engañar a quien quiera, sin ninguna consecuencia.
Por eso es urgente regularlo. Para abrir una cuenta bancaria o una billetera virtual, o alquilar una casa, hay que acreditar quién es uno; para usar una red y dañar a otros, no hace falta nada. En noviembre, la diputada Cecilia López Pasquali presentó un proyecto para que cada usuario valide su identidad con sus datos biométricos a través del Renaper. Se podrían seguir usando seudónimos, pero detrás habría una persona real, identificable solo por orden de un juez. Los perfiles de los menores quedarían vinculados a sus padres, y el adulto que se hace pasar por chico ya no podría mentir su edad. Entregar la cara genera dudas, y esos datos deberán estar muy bien cuidados. Pero el temor no puede ser excusa para no hacer nada.
Aun así, soy escéptico. La batalla de verdad será lograr que una ley se cumpla, porque del otro lado están las empresas que nunca pusieron un límite por voluntad propia y que solo cambiaron cuando un juez o una multa millonaria las obligó. Doblegar a gigantes a los que solo les importa vender, y para los que cada usuario vale por lo que factura y no por lo que es, no va a ser fácil. Pero es una pelea que vale la pena. Porque lo que está en juego no es la libertad de opinar, sino la tranquilidad de nuestros hijos y la dignidad de cualquiera que pueda ser el próximo.

