Con la salud no se juega

Una nueva empresa estatal entrerriana que se dedicará a servicios de salud, creada a escondidas por el gobierno provincial, despierta por lo menos algunas curiosidades. La Legislatura acaba de ser esquivada en un asunto que le atañe de manera directa. Hasta ahora las quejas son aisladas, pero significativas.Mario Alarcón MuñizSuele ser común que los gobiernos apresuren ciertos asuntos poco claros o dispongan  medidas sorpresivas al aproximarse la extinción de su período. Entre Ríos no es la excepción. Entre otros temas menores, llama la atención la reciente creación de Entre Ríos Salud, Sociedad del Estado.Te puede interesar: La Presidenta en estado puro: retos para Daniel y palos para MauricioHasta hoy ninguna fuente oficial ha intentado siquiera explicar las razones de tanta urgencia, rodeada de sugestivo silencio. Se supone que los funcionarios han de saber que estas dos características -urgencia y silencio- abonan por lo común el terreno de las sospechas.Lo cierto es que el gobierno dispuso por decreto del 23 de junio pasado crear la nueva sociedad estatal, cuyo objetivo principal será nada menos que "la administración general y prestación de los servicios de salud, a fin de fortalecer las capacidades sanitarias a nivel sistémico y mejorar las condiciones socio sanitarias de la población", según expresa la disposición. No es poco. Inclusive merece una consideración amplia y pública. Sin embargo, pese a tratarse de un asunto de tanta importancia, la noticia permaneció bien guardada durante un mes, hasta el 22 de julio, cuando apareció en el Boletín Oficial el acta de constitución de la sociedad.La sorpresa es mayor al leerse que es único socio de la nueva empresa estatal -se supone que único por ahora- el gobernador Sergio Urribarri. El capital social se ha fijado en la suma de 50 millones de pesos a través de "50.000 certificados nominativos a razón de 1.000 pesos cada uno", reza el acta.El mismo texto designa el directorio de la empresa, encabezado por el ministro deSalud y Desarrollo Social, Carlos Ramos, e integrado por el representante de la Secretaría  de Salud, Mariano Camoirano y  la secretaria de Arquitectura, Alicia Benítez de Feltes.No se detienen ahí las curiosidades. El directorio tendrá "un primer mandato con carácter especial de tres ejercicios", vale decir hasta bien pasada la mitad del próximo período de gobierno. Vale recordar que a la presente gestión le restan 108 días.Un retraso considerableLlueven los interrogantes. El más reiterado: ¿a cuento de qué viene todo esto?  El acta constitutiva establece que "la nueva sociedad administrará los fondos que transferirá la Nación para la ejecución de la obra y adquisición de equipamiento para el hospital del Bicentenario" que se construye en Paraná.De acuerdo a los compromisos suscriptos oportunamente y a los anuncios formulados en su momento, la obra del nuevo hospital tendría que haber concluido hace dos años. De todos modos hasta ahora ha venido bien para cuatro campañas electorales contando la actual.El primer anuncio lo produjo Urribarri a mediados de 2008, en pleno conflicto con el campo. La cuestión dio varias vueltas y motivó más de un discurso. El gobierno consiguió un terreno del Ejército. Poco después, de proyecto provincial se convirtió en obra del PAMI. El director de este organismo, Luciano Di Césare y el gobernador Urribarri firmaron el 20 de setiembre de 2011 (ya habían pasado tres años del primer anuncio) el contrato de la obra civil por 200 millones de pesos con las empresas Isolux y AMG. Plazo de ejecución: 24 meses.La Legislatura ausenteEl mismo escrito establece que seis meses antes de concluir la obra civil, el gobierno de Entre Ríos licitará el equipamiento del hospital por 100 millones de pesos. No es descabellado vincular a esta exigencia la creación de la nueva sociedad. Pero vendría muy bien que lo explicaran.Quienes no estamos acostumbrados a transitar los enmarañados túneles de la burocracia, nos preguntamos si es necesario crear otra sociedad estatal para realizar una o varias licitaciones. El gobierno entrerriano realiza licitaciones desde hace  más de un siglo y medio. Que se sepa, nunca hizo falta un organismo específico.Esta semana han aparecido algunos cuestionamientos, inclusive desde el seno de un sector del oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados, José Allende  (de esto ha de saber bastante porque es diputado desde hace 16 años), se quejó porque "esta decisión no es peronista. Se ha copiado el estatuto de una entidad privada; es una práctica neoliberal, del más puro menemismo", acusó el legislador por Nogoyá. Desde el sector gremial también se escucharon objeciones, aunque no se tradujeron hasta ahora en reclamos concretos.No obstante, pensemos con la mejor disposición. Supongamos entonces que la nueva sociedad no se limitará a la licitación, sino que después de la misma avanzará hacia "la administración general de los servicios de salud", según consigna el Boletín Oficial. Más aún, admitamos la necesidad de modernizar los servicios estatales de salud para darles mayor eficiencia. En tal caso, es ineludible la sanción de una ley, porque esas funciones están a cargo de un ministerio creado por una ley.que le asignó atribuciones y obligaciones.   No bastan un decreto y un acta elaborada y firmada por tres o cuatro funcionarios que integrarán la sociedad.Este es un asunto que ineludiblemente debe estudiar y debatir la Legislatura, además de trascender a la opinión pública. El tapujo o la media luz suelen sugerir gatos encerrados. Además, en este asunto está de por medio la salud de la gente. Y con eso no se juega.