Conflicto irresuelto de inmensa secuela

Ha pasado una década desde que los vecinos pusieron el grito en el cielo por la instalación de megapapeleras en Fray Bentos, por temor al daño ambiental que provocarían.El conflicto que siguió, y que llevó a los dos países que comparten el río Uruguay a litigar ante la Corte Internacional de La Haya, persiste increíblemente en el presente.Desde que la cancillería argentina, por presión de los vecinos, admitió en octubre de 2003 que el asunto preocupaba, el diferendo no hizo más que profundizarse.La  posterior radicación de la planta de celulosa Botnia en la localidad uruguaya de Fray Bentos generó una reacción popular en Gualeguaychú. Eso se tradujo, en enero de 2006, en el primer bloqueo vecinal al puente internacional General San Martín.Los intentos presidenciales por encontrar una salida negociada fracasaron. Y desde entonces la relación entre argentinos y uruguayos se fue deteriorando hasta niveles impensados.El 4 de mayo de 2006 la Argentina demandó a Uruguay ante el tribunal internacional por violación del Estatuto del Río Uruguay (tratado celebrado en 1975 por ambos países para arreglar los usos, actividades y conservación del curso de agua compartido)Los gualeguaychuenses acompañaron la medida, con la esperanza de que un fallo dijera que Botnia contaminaba y que por tanto debía retirarse de la cuenca. Pero eso finalmente no ocurrió.La sentencia de abril de 2010 no fue favorable para la causa argentina. Sin embargo, los jueces instruyeron a ambos países para que hagan un "monitoreo continuo" de la planta industrial, llamada hoy UPM.Y estipularon que en lo sucesivo cualquier cambio en la situación, necesitará del permiso de las partes. Justamente son estos dos puntos (o sus incumplimientos) los que han reactivado el enfrentamiento.Han pasado ya tres años del fallo de La Haya, y los informes de impacto ambiental de la industria, surgidos del hipotético monitoreo, no se han hecho públicos.¿Por qué los gobiernos se niegan a dar estos datos? Un comité de científicos uruguayos y argentinos tenía que hacer ese trabajo, cuyos resultados debían teóricamente ser participados a la población.Sin embargo, estos informes se han convertido en un misterioso secreto. Las cancillerías hacen trascender versiones distintas. De esta lado se dice que el nivel de contaminación del río Uruguay "está al máximo", mientras los uruguayos aseguran lo contrario: acusan a sus pares argentinos de no querer dar a conocer el monitoreo porque los valores "son normales".A todo esto el gobierno uruguayo acaba de autorizar un aumento de la producción de la celulosa, a pedido de UPM, de 1,1 millones de toneladas al año a 1,3 millones. Algo que es rechazado por la cancillería argentina, la cual considera que se trata de una medida unilateral, que va contra lo dispuesto por el fallo judicial.Encima de males trascendió que el gobierno de José Mujica habría dado el visto bueno para la instalación de otra planta de celulosa en las costas del río Uruguay. Una información que no hace más que agravar el cuadro.Por eso ahora mismo se escuchan otra vez tambores de guerra, como si todo hubiese vuelto a foja cero, como si la beligerencia fuese la actitud más conveniente.El conflicto por la pastera se está convirtiendo en un pesado lastre para argentinos y uruguayos. Ha devenido en una historia sobre la ineficiencia diplomática, el incumplimiento de los tratados y la incapacidad abrumadora para lograr acuerdos.