Opinion |

Corrupción no es sinónimo de democracia

Con desconfianza, con temor, asistimos a la recepción constante, de la gran mayoría de los medios de comunicación, que nos trasmite la corrupción económica como enfermedad endémica,  acoplada a la democracia representativa. Por Eduardo García Jurado (*) Títulos como “Asociación ilícita y Política”, reduccionismos, implificaciones generalizadas. En definitiva, “cambalache”...todo es igual…da lo mismo. Y para peor de males, dichas editoriales son ratificadas con opiniones de  ciudadanos, que se expresan en igual sentido. Hoy, desde esta columna, pretendemos puntualizar diferencias, las que en definitiva nos pueden permitir recrear la esperanza de un mejor futuro, y además no ser carne de cañón para “soluciones mágicas”, las que siempre atenta contra el bien común, la dignidad humana y fundamentalmente contra los sectores vulnerables. El debilitamiento de la democracia produce mayor desigualdad social. Sabemos del poder del lenguaje, del relato único, y más específicamente de lo que se llama posverdad (imponer como real algo que no lo es). Llegamos a un límite. En Brasil, Bolsonaro no es nueva política, es parte de la vieja democracia, “pintado” para supuestamente “cambiar”. Ahí el temor; de nuestro lado debemos reformular todo lo que sea necesario, de manera tal que la soberanía popular, no sea también “capturada”, ante realidades frustrante, y fundamentalmente por promesas falsas y técnicas de manejo mediático-redes sociales. La ex presidente de Brasil, Dilma Rousseff, fue candidata a Senadora,  todas las encuestas  daban asegurada  su banca. No ingresó. Dos días antes de las elecciones se viralizó  un mensaje de una falsa madre que lloraba la muerte de su joven hijo, por homicidio “con intervención” de la aludida Rousseff,  lo que determinó su baja en el caudal electoral esperado. De manera alguna negamos la corrupción económica, “del chancho y quien le da de comer”, pero dentro del esquema democrático, lucharemos por erradicar, imponer límites (sanciones), a ambas caras. Al poder económico, globalizado, en “una búsqueda de la renta financiera que tiende a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana” (Laudato Si-apart.56- )   y a los “representantes públicos” devenidos en gerentes de los intereses económicos (corrupción estructural). Vale aclarar que administrar la renta pública, en nombre de la soberanía popular, en forma ilegal, no haciéndolo en favor de todos, del bien común, del otro, sino en interés particular o de sectores selectos, es una traición de máximo nivel inmoral, republicano, a la ley. Y  supera las prácticas tradiciones  de quienes solo piensan en la renta privada y a cualquier costo, alimentando los niveles de degradación de la Política. Octavio Paz, escritor mejicano (1914-1998), ante las acciones revolucionarias de los años setenta, en América latina, si bien reconocía que las injusticias sociales y los gobiernos dictatoriales eran caldo de cultivo para las acciones directas de los jóvenes revolucionarios, afirmaba que éstos no tenían “la pieza de recambio”.- Ahora, debemos tener en claro que la democracia, es el único camino  para nuestra sociedad y no permitir que sea  digitada por intereses corporativos, económicos, aliados a fariseos representantes de la voluntad popular. Tenemos que informarnos bien, masticar los mensajes implícitos, participar y exigir cambios urgentes- Solo a título enunciativo: mayor transparencia  y control en tiempo real, no investigar sólo a mandato cumplido. Aplicar  las normas constitucionales: fundamentalmente los órganos de contralor de la administración pública, deberán actuar y demostrar transparencia, rindiendo públicamente las acciones preventivas, de seguimiento y corrección sobre lo actuado por los funcionarios públicos de los tres poderes. La Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Procurador General (Jefe de Fiscales), el Defensor General, la Contaduría y Tesorería General, cada uno en su ámbito debe rendir cuentas de lo que se hizo en el año cumplido y el plan de ejecución para el año entrante. Todo ello, sometido al análisis y consideración de la ciudadanía. También debemos proyectar cambios institucionales, naturalmente dentro del estado derecho, para que los mandatos además de limitados en el tiempo, puedan ser revocados en casos  debidamente acreditados, más allá de lo previsto (art. 52 Const. E.R.). Por último, prescribir clara y contundentemente, respecto al sistema de financiación de la actividad política, y del sistema de publicidad oficial-pauta de publicidad-. Y así muchas cosas más, que permitan vigorizar la vigencia del sistema democrático (*)Prof. Criminología (U.N.L.de Zamora) y  de Política Ambiental (UADER) -CEPES-      

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