Cuando el método desvirtúa el reclamo
En principio, aunque la huelga es un derecho reconocido legalmente, siempre debe ser un recurso extremo, que se toma después de agotados todos los medios pacíficos.
Debe revestir el carácter de algo excepcional. Y esto en atención, como en nuestro caso, al hecho de que el abandono del trabajo en el Estado, genera zozobra en toda la comunidad.
Por tanto, el empleo de la huelga debe ser moderado en lo posible, definido su carácter y alcance en el marco de la responsabilidad social.
En este sentido, emprender un paro por tiempo indeterminado, acompañado de la decisión de dejar sin servicios básicos a la ciudad, supone instalar peligrosamente el principio de que todo vale en la protesta.
Por otro lado, estas medidas se inscriben dentro de un clima de crispación sindical. La última manifestación pública de un grupo de empleados frente al palacio municipal estuvo cargada, por ejemplo, de exceso verbal.
Esta especie de asonada, que bien puede ser leída como una suerte de “apriete” a la autoridad, es una práctica que no crea el mejor ambiente con vistas a destrabar el conflicto en términos civilizados.
Por otro lado, nos preocupa que detrás de este conflicto se puedan esconder motivos distintos a los de los trabajadores. Nos referimos, concretamente, a la posibilidad de que una interna sindical tenga incidencia en la cuestión.
La competencia entre grupos sindicales suele traducirse, a veces, en una puja por ver quién queda mejor parado en la discusión con la patronal. Y en este contexto suelen prevalecer las posiciones más extremistas.
Sería por otro lado muy condenable que haya sectores políticos que pretendan usufructuar del conflicto, como ha insinuado el intendente municipal pocas horas atrás.
En tanto, quien conduce la municipalidad debe agotar toda su imaginación en la búsqueda de una solución. Debe atender el reclamo de los empleados municipales, dentro de lo posible, pero sin lesionar el interés de la ciudad.
En este sentido, debe crear las condiciones jurídicas para que se preserven los servicios esenciales para la población –se habla de la posibilidad de fijar esta prioridad en una ordenanza-.
Además, no puede ni debe comprometer las finanzas municipales más allá de lo que dictan los principios de la sana administración. El peor escenario al respecto sería convalidar la inutilidad del Estado.
¿A quién le serviría un municipio cuya única función fuera pagar sueldos? Gualeguaychú no se merece que su municipalidad devenga en una mera “agencia de colocaciones”.
A veces se pierde de vista que el Estado expresa al conjunto de los vecinos, quienes con su tributo mantienen el municipio, del cual el intendente es apenas un administrador circunstancial.
La autoridad ha mejorado la oferta salarial, acepta incorporar contratados, y promete medidas de austeridad, que incluyen afectar haberes de funcionarios políticos. Ojalá esto ayude a destrabar el conflicto.
No negamos que los salarios están rezagados, pero es una realidad que atraviesa a todos los trabajadores argentinos. Es bueno recordar, sobre el particular, que los empleados del Estado corren con ventaja porque gozan de estabilidad laboral.
Insistimos: el reclamo más justo queda desvirtuado cuando los métodos que se emplean para defenderlo se extralimitan y lesionan derechos comunitarios.
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