Cuando el tipo de la calle los demande

Los fenómenos naturales son previsibles y controlables. Sólo exigen planificación y gestión. El Delta entrerriano está en emergencia y el gobierno lo ignora. Mario Alarcón MuñizTanto se ha dicho y escrito estos días acerca de la catástrofe hídrica de La Plata y Buenos Aires, que el mínimo agregado es redundante. Las palabras se ahogaron. Quedan los 59 muertos -que podrían ser más, según últimas versiones-, los voluminosos daños colectivos y personales, miles de penurias individuales, luchas de toda una vida naufragando en un instante, crudas imágenes de una pobreza lacerante mal disimulada por las estadísticas oficiales y la evidencia de miserias políticas ya conocidas, expuestas esta semana con toda crudeza. Como contracara aparece la sincera y fuerte solidaridad de gente anónima.Ocurrió una "tragedia climática", intentó explicar un dirigente. Y es cierto. No siempre llueven 300 ó 400 milímetros en pocas horas. Pero también conviene prestar atención a lo que acaban de manifestar especialistas y profesores universitarios.Ellos coinciden en señalar que si se hubiesen llevado a cabo programas de planificación urbana e impacto ambiental de determinadas obras que suelen obstruir el curso de arroyos o desagües naturales; si alguien hubiera atendido las advertencias acerca de los riesgos de modificar los cauces hídricos y del peligro de la excesiva concentración urbana, entre otros factores, las consecuencias se habrían evitado o disminuido. Llama la atención que muchas de esas obras, en el caso de La Plata, fueron proyectadas por la Facultad de Ingeniería hace cuarenta años, según acaba de revelarse. Otras son de más reciente data: 5 años. Y nada.Además, no funcionan organismos específicos. El Sistema Federal de Emergencias (SIFE), creado en 1999, está prácticamente disuelto desde hace tres años porque se lo tiran como pelota los ministerios del Interior y de Seguridad.Negocios e improvisaciónLo que no se detuvo nunca fue el negocio inmobiliario, siempre próspero. Tanto como  el amontonamiento de gente, un piso encima del otro, con la misma infraestructura de servicios de hace un siglo. O el atropello a los espacios verdes. Y el agregado de la ineficiencia, la incapacidad, la corrupción o todo eso junto, de funcionarios y políticos, más empeñados en buscar la forma de quedarse en el puesto que de solucionar los problemas de fondo.Reventó en La Plata y Buenos Aires, lugares donde está sucediendo, aunque en menor escala, desde por lo menos ocho años atrás. Pero lo mismo ocurrió en Santa Fe hace diez años con 23 muertos. Gualeguaychú padece estos problemas con frecuencia, igual que Gualeguay y otras ciudades entrerrianas.Lo grave es que se actúa en el momento, de manera improvisada, ante problemas que se pueden evitar o atenuar. Si las herramientas de previsión meteorológica funcionan como corresponde y los servicios de emergencia están organizados y preparados, no hay lugar a sorpresas. Lo mismo acerca del comportamiento de nuestros ríos, que por tratarse de cursos de llanura permiten calcular sus niveles con varios días y hasta semanas de anticipación.Todo es silencio en tornoClaro que esto exige algunas cosas. Dedicarse, por ejemplo. Para eso los ciudadanos les pagamos a unos cuantos y bastante bien.El Delta entrerriano está abandonado a su suerte. Empresas sojeras o de otro carácter realizan endicamientos mediante terraplenes, cierran arroyos, obstruyen o modifican cursos de agua, cambian la topografía, sin autorización ni control. Dañan además la riqueza ictícola porque alteran la circulación natural de los peces. Algún funcionario da una vueltita de vez en cuando, cursa una comunicación para cumplir y todo sigue igual.El ex presidente del Banco Central, Pedro Pou (cerca de 50.000 hectáreas), fallecido hace dos meses, hizo en el Delta lo que se le ocurrió sin que nadie se lo impidiera pese al reclamo de los isleños. Lo mismo sucede con el Banco de  Galicia (unas 30.000 hectáreas).Los endicamientos de la holandesa Bema Agri (10.000 hectáreas) con un terraplén de 20 kilómetros frente a Villa Constitución, fueron denunciados en julio de 2008 ante las autoridades pertinentes. La misma empresa cerró el arroyo Los Meoncitos frente a San Lorenzo.En el Delta hay más de 1.000 kilómetros de terraplenes (eran 875 hace tres años). El dirigente ruralista Armando Cadoppi, de Islas del Ibicuy, quien estudia el tema con la Universidad de San Martín y la Fundación Humedales, calculó días pasados en 300.000 hectáreas la superficie endicada. Otro agrarista de la zona, Jorge Temporetti, denunció en enero el cierre del arroyo Ñancay, tributario del río Uruguay.Esperando y esperando En agosto pasado varias organizaciones ambientalistas solicitaron a la Legislatura, por estos motivos, que declare el Delta entrerriano en emergencia. Todavía están esperando. También pidieron que no se demore más la adhesión de Entre Ríos a la ley nacional 26.331, de protección del bosque nativo, sancionada a fines de 2007 e inexplicablemente demorada entre nosotros. De las 23 provincias han adherido 20. Entre Ríos es una de las tres que no lo ha hecho, mientras el desmonte avanza, derribando la naturaleza que siempre se toma revancha, como ha sucedido en La Plata y Buenos Aires.(Se recomienda para funcionarios y legisladores un libro -que no muerde- titulado "Endicamientos y terraplenes en el Delta del Paraná", de Daniel Blanco y Florencia Méndez con la participación de especialistas universitarios, editado en 2010 por la Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales).No vendría mal -de paso- echarle un vistazo a la Constitución Nacional (art.41 y 124) y a la Constitución de Entre Ríos (art.83 y 85) porque en una de esas Dios y la Patria o el tipo de la calle los demandan.