¿Cuánto cuesta la salud?

Comprar medicamentos nunca fue un gasto agradable. A diferencia de casi cualquier otra compra, no elegimos enfermarnos ni necesitar un tratamiento. Cuando aparece esa necesidad, además de afrontar un problema de salud, muchas veces debemos enfrentarnos a otro: cuánto cuesta tratarlo.

Las obras sociales y prepagas ayudan, en mayor o menor medida, a facilitar el acceso. Pero aun con cobertura, el medicamento representa un gasto importante para muchas familias. Y cuando no hay plata, la situación se vuelve todavía más complicada.

Entonces aparece una pregunta inevitable: ¿Por qué son tan caros los medicamentos? La respuesta no es sencilla. En el precio final intervienen múltiples factores, los costos de producción, la industria farmacéutica, la distribución, los impuestos, las condiciones comerciales y también las políticas que adopta el Estado. Las farmacias no somos formadoras del precio de los medicamentos, el precio de venta al público se determina previamente dentro de esa cadena.

Durante muchos años se probaron diferentes mecanismos para intentar contener los aumentos. Acuerdos, precios máximos, congelamientos y negociaciones con los laboratorios que tuvieron resultados diversos. Quizás uno de los ejemplos más claros de lo difícil que resulta controlar este mercado ocurrió a finales de 2023. Según un relevamiento sobre los medicamentos más consumidos por adultos mayores, solamente entre noviembre y diciembre de ese año los precios aumentaron cerca del 80%, mientras que la inflación general del mismo período rondaba el 40%.

En los últimos años apareció con fuerza otra palabra: desregulación. La propuesta parte de una idea que, aplicada a muchos mercados, resulta razonable. Aumentar la competencia, facilitar la comercialización y darle mayor libertad de elección al consumidor debería ayudar a mejorar los precios. La pregunta es si un medicamento puede analizarse exactamente igual que cualquier otro producto.

Desde 2024 se produjeron modificaciones importantes en la normativa farmacéutica argentina. A nivel nacional se amplió la posibilidad de comercializar determinados medicamentos de venta libre fuera de las farmacias y Anmat comenzó a revisar medicamentos que históricamente requerían receta para evaluar su pase a condición de venta libre.

Sin embargo, esas modificaciones no fueron adoptadas de la misma manera en todas las provincias. En Entre Ríos, por ejemplo, continúa vigente la Ley Provincial 9.817, que establece que la venta de medicamentos, cualquiera sea su condición de expendio, incluidos los de venta libre, debe realizarse exclusivamente en farmacias bajo la supervisión de un profesional farmacéutico.

Esto merece una discusión que vaya bastante más allá del interés económico de farmacias, laboratorios o cualquier otro integrante del mercado. Un medicamento de venta libre sigue siendo un medicamento. Que pueda adquirirse sin receta no significa que sea inocuo. Puede tener efectos adversos, contraindicaciones, interactuar con otros medicamentos o simplemente utilizarse para tratar un síntoma que merecería una consulta médica. También puede ocurrir algo tan cotidiano como tomar simultáneamente dos productos de distintas marcas sin advertir que contienen el mismo principio activo.

Por eso, facilitar el acceso puede ser beneficioso, pero confundir acceso con ausencia de controles puede convertirse en un problema.

Incluso las propias normas nacionales que impulsaron estos cambios reconocen que el consumo irrestricto de medicamentos de venta libre puede representar un riesgo para la salud y establecen determinadas condiciones para su comercialización. Ahí aparece una contradicción interesante, si aceptamos que un medicamento requiere precauciones para ser utilizado, deberíamos preguntarnos si alejarlo del asesoramiento profesional es realmente el mejor camino para hacerlo más accesible.

Mientras esa discusión continúa, existe algo mucho más sencillo que podemos hacer hoy para cuidar el bolsillo: Preguntar.

Cuando llegamos a la farmacia con una receta no necesariamente tenemos que comprar la marca que conocemos desde siempre. La legislación argentina establece la prescripción por nombre genérico, lo que permite que el paciente pueda conocer las distintas especialidades disponibles que contienen el mismo principio activo, concentración y forma farmacéutica.

Las diferencias de precio entre distintas marcas pueden ser importantes. Por eso conviene preguntar cuánto cuesta el medicamento indicado y qué otras opciones existen.

Hay un concepto que vale la pena desterrar: barato y caro no son sinónimos de malo y bueno. Los medicamentos autorizados para su comercialización deben cumplir las mismas exigencias establecidas por la autoridad sanitaria. Elegir una alternativa más económica no debería interpretarse automáticamente como resignar calidad. Muchas veces significa, sencillamente, comprar mejor. Y en ese punto el farmacéutico puede cumplir un papel mucho más importante que el de entregar una caja.

La farmacia sigue siendo uno de los lugares de acceso sanitario más cercanos a la comunidad. No requiere turno previo y permite consultar diariamente a un profesional de la salud. Allí podemos preguntar cómo utilizar un medicamento, qué precauciones tener, cómo conservarlo, si existen alternativas de menor precio o cuándo un síntoma requiere dejar de automedicarse y consultar al médico.

Por eso, cuando discutimos políticas destinadas a disminuir el costo de los medicamentos, quizás deberíamos ampliar un poco la mirada.

La competencia puede ayudar. La desregulación también puede eliminar trabas innecesarias. Pero ninguna de las dos garantiza por sí sola medicamentos más baratos ni, mucho menos, un mejor acceso a la salud. Porque el costo de la salud no se mide solamente en pesos. También se mide en acceso, información y seguridad. Y cualquier política que pretenda abaratar los medicamentos debería ser capaz de cuidar las cuatro cosas.