Defender el bien público provincial
El gobierno de la Provincia, con buen tino, ha iniciado una batalla legal contra particulares que estarían usurpando miles de hectáreas en la zona del Delta.La medida, de todos modos, no elimina el problema de cómo es que se llegó a esta situación. Según datos oficiales, de las 190 mil hectáreas estatales ubicadas en el Delta, 100 mil están en litigio.Estas tierras, aparentemente, fueron entregadas a privados en arrendamiento décadas atrás. Esos contratos vencieron, pero el Estado no los habría reclamado en tiempo y forma.Por eso, los privados, a través de los juicios de usucapión, alegan hoy ante la justicia la propiedad de esas tierras. Se calcula que son 18 los juicios contra el Estado por este tema.Según informa El Diario de Paraná, en su edición de ayer, el proceso no está exento de irregularidades por parte del Estado. "Catastro aceptó los planos de mensura que fueron presentados por décadas por esos particulares, y con el certificado que otorgaba esa repartición, iban a Rentas, donde comenzaban a emitir las boletas del Impuesto Inmobiliario", se indica.Cabe consignar que la usucapión es un modo de adquirir una propiedad. Es una adquisición que se lleva a efecto mediante una posesión continuada durante el tiempo exigido por la ley.La Provincia reivindica en estos juicios, a través de la Fiscalía de Estado, el dominio público de los inmuebles en cuestión, y denuncia por usurpación a los privados.El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, anunció en abril de este año la batalla legal para recuperar estas hectáreas. Paralelamente, dijo que pediría la anulación de los títulos de propiedad aprobados en los últimos años por la Dirección de Catastro.Esos títulos constituyen un elemento clave en la estrategia de los privados para quedarse con los lotes en cuestión. El tema merece una reflexión: ¿cómo es posible que el propio Estado sirva de argumento a quienes pleitean contra él?Que el gobierno provincial accione judicialmente para recuperar tierras de dominio público, no sólo es algo loable, sino que debe exigirse a la autoridad, a quien justamente se le confía la administración de la cosa pública.Lo que resulta difícil de aceptar es, insistimos, que se haya llegado a esta situación. Resulta inaceptable, sobre todo, si es cierto lo de las irregularidades detectadas en Catastro, lo cual merecería una investigación y, llegado el caso, una denuncia contra los funcionarios implicados en estas anomalías.La defensa del patrimonio público se hace, ante todo, en la honesta y sabia administración, que no deja resquicio alguno ni da pie a que ningún particular pueda aprovecharse del bien de todos.En el marco de este pleito global por las tierras del Delta, la Provincia acaba de formular una denuncia penal contra un particular que ocupa casi 5 mil hectáreas de tierras fiscales en las islas Las Lechiguanas, en el departamento Gualeguay.Según informa la prensa paranaense, esos lotes fueron ocupados por un privado en 1999 a partir de un contrato de pastoreo que entonces firmó el Instituto Provincial de Transformación y Colonización Agraria de Entre Ríos (Iptycaer), por un plazo de 12 meses.Vencido ese contrato, el particular en cuestión se mantuvo en el inmueble, sin que durante todo este tiempo, al parecer, el Estado le haya reclamado por su restitución.Recién ahora, casi una década después, un representante oficial se presenta ante los tribunales de Gualeguay, reclamando por el dominio fiscal de esos lotes, y denunciando a su ocupante por usurpación, por apropiación ilegal de un bien público.
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