Demasiados asuntos en el aire

El proyecto de creación de la Compañía Entrerriana de Tierras abre varios interrogantes y replantea la necesidad de atender el problema de la vivienda y el funcionamiento de los organismos específicos.Mario Alarcón Muñiz La Cámara de Diputados otorgó el martes último media sanción al proyecto del PE creando la Compañía Entrerriana de Tierras, con un capital inicial de cinco millones de pesos. Esta sociedad del Estado se dedicará a la compra y venta de inmuebles "para facilitar el acceso a la tierra y construcción de viviendas, realizar loteos, urbanizaciones, mejoramientos de espacio del hábitat y regularización dominial, atendiendo especialmente las necesidades de trabajadores, jóvenes, familias numerosas, desocupados y en general población con ingresos medios y bajos", dice el texto que ahora se encuentra en el Senado para su sanción definitiva.Es incuestionable el objetivo. Ya no se trata de atender el problema de la vivienda -la más acuciante exigencia social de nuestro tiempo, junto al desempleo- sino de algo más elemental aún: la tierra para levantar la vivienda. Es decir, la tierra frecuentemente sujeta a fuertes especulaciones que llegan a afectar el derecho a la vivienda garantizado por la Constitución Provincial (art.25).Se observa, no obstante, que el negocio de comprar tierras, lotear, vender o regalar si correspondiere, estará a cargo de un directorio nombrado por el PE, que será controlado por una auditoría también designada por el PE. Todo quedará en casa. Ni control legislativo, ni de ninguna otra índole. Y se supone que no será poca plata la que se ha de manejar. ¿Por qué tanta urgencia?Las intenciones no motivan dudas. Son las mejores. Pero la falta de precisiones sobre el funcionamiento del nuevo ente y la urgencia de los diputados oficialistas por aprobar el proyecto sobre tablas despiertan, por lo menos, alguna curiosidad. ¿Por qué no estudiar el tema a fondo y abrirlo inclusive al debate público? ¿Es tan pernicioso discutir estas cuestiones a la luz del día?Es cierto que el proyecto fue presentado a principios de julio, pero todos sabemos que por entonces los legisladores estaban metidos de lleno en la campaña electoral y nadie se interesó en el asunto. El periodismo tampoco por la misma razón, vale admitirlo.Los apurones legislativos suelen derivar en problemas. Recuérdese un caso similar: el de la fantasmagórica sociedad anónima arrocera a la que en diciembre de 2011 se le otorgó la explotación de tierras fiscales del Delta por 99 años, además de endeudarse la Provincia en 50 millones de dólares para obras en la zona. La ley fue aprobada al galope, sin estudio y motivó tal reacción pública que a los 40 días de vigencia el mismo PE que la había proyectado impulsó su derogación. En buena hora, claro.También sucedió con el impuesto inmobiliario rural, aumentado casi en secreto a principios del año pasado a niveles confiscatorios para los pequeños productores. Luego de protestas y reclamos, a fines de julio último el gobierno dio marcha atrás, frenó toda acción legal y un mes después anunció un plan de regularización tributaria. ¿No es mejor estudiar los asuntos con tiempo y evitar retrocesos, problemas, sospechas y enfrentamientos inútiles? Las cosas que ya existenEsta nueva Compañía de Tierras puede superponerse con el IAPV (Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda) que en noviembre próximo cumplirá 55 años. Tiene suficiente experiencia en la materia. En más de medio siglo sabe de comprar tierras, constituir hipotecas y realizar todos los actos inherentes a su función de construir y adjudicar viviendas.Se le cuestiona falta de agilidad y quizá sea una observación acertada. También se ha mencionado la influencia que sobre el ente parecen ejercer unas pocas empresas constructoras, generalmente adjudicatarias de las licitaciones y a veces también vendedoras de terrenos. Se habla asimismo de maniobras especulativas en el mercado inmobiliario al proyectarse un plan de viviendas.Se trata de problemas serios, pero corregibles. En todo caso demandarían una investigación del PE o de la Legislatura y la adopción de las medidas consiguientes, incluyendo reformas de funcionamiento, antes que un nuevo ente burocrático para hacer parte de lo mismo.Es evidente que se ha soslayado u omitido la Constitución Provincial (art.67) cuando dispone que el Estado promoverá "la desconcentración de los entes, organismos o empresas en todo el territorio de la provincia".Nadie ha explicado tampoco por qué no se ha tenido en cuenta el registro provincial creado por decreto en 1988, para determinar la tierra urbana ociosa disponible y sugerir, si conviniere, la compra de tierras. Cuestiones pendientesNo escapa al análisis la vigencia del plan nacional Promeba. Rige desde 1997. Atiende barrios ya establecidos, mejoramiento de sus viviendas, construcción de servicios de agua, cloacas y energía y compra de terrenos. Son créditos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) otorgados al Estado nacional que a su vez los distribuye a las provincias a manera de subsidios.Por la tercera etapa de ese plan (1.500 millones de dólares) firmada a principios de año, a Entre Ríos le corresponden 60 millones de dólares. Nadie sabe si el gobierno entrerriano ha realizado la gestión y cumplimentado los requisitos. Bien valdría la pena saberlo.Son temas de urgente solución, no se duda. En cambio, las dudas se plantean cuando se advierte  que en el proyecto del nuevo ente no se contempla un plan de coordinación con el IAPV y los municipios, no se explica de qué manera se desalentará la especulación inmobiliaria que dificulta el acceso a la vivienda, no se promueve la necesaria planificación urbana, nada se habla de la infraestructura de servicios. En fin, son demasiados asuntos en el aire.