Democratizar el poder judicial

Las propuestas que formulara la Presidenta para "democratizar el poder judicial" generó adhesiones y también reacciones adversas. Estas últimas transitaron los títulos conocidos: "atropello", "voluntad hegemónica", "totalitarismo", "desaparición de la división de poderes".Guillermo Martínez*OpiniónQuedó sin embargo sin respuesta la pregunta central: ¿es necesario o no examinar las normas y comportamientos -en general- de funcionamiento del poder judicial? ¿o está todo bien y esto de la "democratización" es una excusa más para "someter" a los jueces?.Aclaro: esto no es un artículo científico. Es periodístico. Segundo: el funcionamiento del poder judicial entrerriano -con excepciones que habría que atender- no merece la totalidad de los reproches que sí cosecha la Justicia Federal (a la que refiere en gran medida la Presidenta en su discurso).Una de las propuestas presidenciales -elección ciudadana de los miembros que integran el "Consejo de la Magistratura"- fue la elegida de los críticos. Sin embargo las propuestas fueron ocho (imposible de abordar siquiera superficialmente en una nota periodística y que excede la idoneidad de quien suscribe) pero que enumeramos: concursos para ingresar al poder judicial (para que no alistar solamente familiares y amigos).Mayor publicidad de las actividades del Poder Judicial (que el ciudadano común pueda acceder a datos estadísticos, causas en trámite, ingresos, egresos, eventuales demoras, etc); que los jueces efectúen sus declaraciones juradas patrimoniales y que éstas sean públicas (la propuesta es clara y no merece comentario); que los jueces empiecen a tributar el impuesto a las ganancias como cualquier hijo de vecino (¿hay alguien que se oponga?).Incorporar el sistema de "Casación" para el fuero civil y comercial, laboral y previsional, y contencioso administrativo (esto es: que exista una instancia intermedia en esos fueros antes de llegar a la Corte a fin de descomprimir el trabajo de este Alto tribunal); consagrar un sistema de responsabilidad del Estado (que a la hora de hacerse responsable legalmente no sea tratado como un particular como es en la actualidad); y regulación de medidas cautelares en cuestiones donde esté involucrado al patrimonio estatal (como el estado tarde o temprano siempre paga, que las medidas cautelares en cuestiones de dinero no lo afecten como pueden afectarlo a cualquier particular que en ocasiones se concursa, quiebra o no paga).A excepción del tema de la elección de los miembros del Consejo, fue imposible encontrar observaciones a la necesidad -o no- de avanzar en esas reformas. Menos aun encontrar objeciones a cada uno de los puntos.Desde la escribanía opositora, amparados detrás del buque insignia (Clarín o La Nación para el caso da lo mismo), reduciendo deliberada y brutalmente la propuesta presidencial se preguntan irónicamente: "¿Qué quiere la Presidenta? ¿Qué los ingenieros elijan a los jueces?"Cualquiera sabe que en realidad lo que se propuso, fue designar con intervención ciudadana a todos los integrantes del Consejo de la Magistratura, y que éstos en definitiva propongan -como lo hacen actualmente- a quienes consideran más aptos e idóneos para desempeñarse como jueces. Se trata de buscar una mayor incidencia y participación ciudadana en el proceso de selección. Ni más ni menos que eso. Que puede ser discutido en términos constitucionales. Que requiere de garantías para que el "diablo" de la partidización no meta la cola. Pero que está lejos de constituir una idea descabellada o autoritaria como con extrema superficialidad se pretende presentarla.Mientras tanto, del resto de las propuestas no se ha escuchado una sola palabra. Una lástima.Que es necesario oxigenar el poder judicial no es capricho "Cristinista". Cientos de Jueces, Fiscales, y Defensores Públicos de todo el país, se reunieron en la Biblioteca Nacional los días 27 y 28 febrero, y dieron a conocer un documento en el que plantean "mirar hacia adentro". Básicamente reclaman y proponen: "...una justicia más plural e independiente..."  rechazando, "...una manera falaz e intencionada de invocar independencia" para encubrir sumisión a grupos, intereses, poderes partidarios, económicos, mediáticos, a cambio de ventajas y beneficios incompatibles con un servicio de justicia en un Estado de Derecho".Afirman que es necesario "hacer pública autocrítica, a fin de dar sentido a la diferencia entre el accionar corporativo y una "Justicia legítima", y expresan saber que "todavía hay que superar las marcas que la dictadura imprimió y que subsisten en la estructura y en muchos agentes judiciales de cualquier nivel", entre otras sustanciales reflexiones. Por el origen diverso de sus concurrentes como por la densidad de las conclusiones, censurar el encuentro con el simple sello de "jueces K" -como se ha hecho- sinceramente es una crítica demasiado "berreta" para el debate que el tema merece.El caso FornerónEn junio de 2000 nació la hija de Diana Enríquez y su pareja Leonardo Fornerón. Diana negó en principio a Leonardo la paternidad de la niña, y entregó la guarda de la pequeña a un matrimonio. En ese año Fornerón se practicó un ADN que confirmó su paternidad, e inició un camino de formal oposición a la entrega de la niña.Luego de innumerables idas y venidas judiciales, en 2003 el Superior Tribunal de la provincia donde sucedieron los hechos, dejó en manos del matrimonio a la niña. Para tomar esta decisión consideró fundamentalmente que atento el tiempo transcurrido en el proceso de guarda, la chiquita había vivido casi cuatro años con ese matrimonio, y por el interés superior de la menor, debía quedar con ellos, otorgándose la adopción en 2005.En octubre de ese año Fornerón logró por vez primera un encuentro de 45 minutos con su hija, hasta que finalmente en 2011 fijaron un régimen de visitas a favor de ambos. Luego de once años, Fornerón tuvo la dolorosa certeza que se quedaba sin hija, y su hija sin padre biológico. Por este desmanejo judicial en una causa de extrema sensibilidad, el estado argentino fue sancionado en abril de 2012 nada menos que por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Alguien leyó en la tapa de Clarín o La Nación -su gravedad institucional lo merecía- que dieran a conocer semejante desatino judicial de alcance internacional?. Un dato más: el Juez de Primera Instancia y Defensor de Pobres y Menores intervinientes eran de nuestra vecina Ciudad de Victoria. Y el Superior Tribunal era el de nuestra Provincia. Con las salvedades hechas al inicio de estas líneas, es claro que no todo está tan bien en la justicia argentina.* Vicepresidente del partido justicialista de Gualeguaychú