Desregulación de las prepagas: libertad de precios, ¿libertad de elección?

Marta tiene 62 años. Hace veinticinco que paga la misma prepaga, conoce a su cardiólogo desde hace una década y sabe en qué consultorio la van a atender un martes a las nueve. Cuando le llegó el último aumento de la cuota, hizo la cuenta y no le cerraba, después de un cuarto de siglo tuvo que elegir entre el supermercado y la prepaga. Desesperada, llamó a otra empresa para cambiarse. Le cotizaron casi el doble. Por su edad y por una arritmia que arrastra desde hace tiempo: “elegir” se había convertido en una palabra vacía.

Juan tiene 38. Es diabético desde los veinte y no tiene la edad de Marta, pero el resultado es el mismo: cuando pidió cotización en otra prepaga, la preexistencia le sumó un valor diferencial que lo dejó atado a la empresa que ya tenía, le convenga o no. Y después está Carlos, 55 años, sin ninguna enfermedad, sin nada que declarar. A él nadie le cobra de más por preexistencia. Pero cuando compara, las cuatro empresas grandes del mercado le ofrecen, en los hechos, variantes de lo mismo al mismo precio. Su libertad de optar existe en la ley y se diluye en la práctica.

Marta, Juan y Carlos no son casos aislados. Son, hoy, la historia de miles de argentinos.

Más de diez millones de personas dependen exclusivamente del sistema público de salud. Detrás de esa cifra conviven dos realidades: quienes perdieron su empleo registrado y con él su obra social, y quienes, aun trabajando, ya no pueden sostener la prepaga que eligieron pagar durante años. Un dato lo resume: el 62% de quienes abandonaron su prepaga no migró a una empresa más económica. Se quedó, directamente, sin cobertura.

¿Cómo llegamos hasta acá? A fines de 2023 se estaba formando una tormenta perfecta. Durante años de inflación descontrolada, el Estado había contenido los aumentos de las cuotas mediante un régimen de autorización previa: en 2020 subieron un 10% frente a una inflación del 36,1%; en 2021, un 36% frente al 50,9%; en 2022, un 64% frente al 94,8%. Esa brecha era real, y las empresas advertían que sus ingresos ya no acompañaban sus costos. El sistema anterior, además, tenía burocracia, demoras y poca transparencia. Necesitaba una reforma. El problema no fue diagnosticar la enfermedad. Fue el remedio.

El DNU 70/2023 eliminó el control previo sobre los aumentos y liberó los precios, con un objetivo declarado: más libertad de elección y libre competencia entre prepagas y obras sociales. La lógica parecía sencilla: si una empresa cobraba de más, el afiliado se iba a otra. Pero esa lógica descansa sobre un supuesto que Marta, Juan y Carlos desmienten a su manera: todos los consumidores son igual de libres para irse.

Esa libertad existe, y bastante, para quien es joven y está sano. Se reduce para los que tienen una enfermedad preexistente, aunque sea joven como Juan. Y se diluye igual para quien, sin estar enfermo, se encuentra con un mercado donde cuatro empresas concentran más del 60% de los afiliados y ofrecen, en los hechos, poco margen real de diferencia.

Cambiar de prepaga no es como cambiar de compañía de internet. La ley dice que la enfermedad no puede ser motivo de rechazo, pero la nueva empresa puede cobrar un valor diferencial por la preexistencia y por la edad. La pregunta deja de ser teórica: ¿Qué libertad tiene quien, para elegir, debe pagar mucho más, o elegir entre lo mismo?

Meses después de liberar los precios apareció la primera paradoja: el propio Estado debió volver a intervenir frente a los fuertes aumentos de las principales empresas.

Hoy se abre un tercer capítulo. A partir de reclamos de afiliados particulares, los tribunales empiezan a fijar límites, porque desregular los precios no borra la Constitución, ni la Ley de Defensa del Consumidor, ni la prohibición del abuso del derecho, ni el derecho a la salud. Antes, el Estado controlaba la razonabilidad del aumento antes de que llegara a la factura. Hoy ese control llega después, cuando el afiliado reclama y toca la puerta de la Justicia. Pasamos, en buena medida, del control preventivo a la judicialización.

No se trata de volver, sin más, al sistema anterior: las empresas también necesitan ser sustentables. Pero la competencia solo protege al consumidor cuando ese consumidor es realmente libre para elegir. Marta, Juan y Carlos siguen hoy donde estaban, pagando lo que pueden y resignando otras cosas para hacerlo. No porque hayan elegido quedarse, sino porque no tuvieron, en los hechos, otra opción.

Quizás ahí estuvo el error de fondo de la desregulación: liberar los precios antes de preguntarnos cuán libres eran, en realidad, quienes iban a pagarlos.