Día Mundial de la Salud Mental: entre la concientización y el derecho al acceso

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que invita a reflexionar sobre su importancia y las condiciones sociales necesarias para su cuidado. Esta iniciativa fue impulsada por primera vez en 1992 y desde 1994 cada edición se organiza en torno a un eje temático específico, con el propósito de orientar las actividades y los debates a nivel internacional. Para este año, el lema propuesto es “Escuchemos a las personas con experiencia vivida: voces reales, cambio real”, una convocatoria que busca otorgar mayor protagonismo a quienes han atravesado experiencias traumáticas, situaciones de estigmatización o distintas formas de exclusión social vinculadas, entre otras cuestiones, a condiciones de discapacidad. Se trata, fundamentalmente, de reconocer el valor de sus experiencias y de generar espacios donde sus voces puedan ser escuchadas y consideradas.

Sin embargo, aunque esta conmemoración tiene su origen hacia finales del siglo XX, el reconocimiento de la dimensión psicológica y social de la salud cuenta con antecedentes previos. En 1948, en el contexto de la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estableció una definición que entendía la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Aunque la aspiración a un estado de completo bienestar puede resultar utópica, en tanto el malestar constituye una dimensión inherente a la condición humana, lo verdaderamente significativo de aquella definición fue la posibilidad de pensar la salud más allá de una perspectiva estrictamente médica.

No resulta casual que este cambio de concepción se produjera en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Sus consecuencias no se limitaron a los millones de muertos y heridos, sino que comprendieron también poblaciones desplazadas, niños separados de sus familias, veteranos traumatizados y numerosas problemáticas sociales y psicológicas que pusieron de manifiesto la necesidad de ampliar la comprensión de la salud y sus determinantes.

Ahora bien, transcurridas varias décadas desde aquellos acontecimientos, cabe preguntarse en qué medida estos reconocimientos se traducen efectivamente en condiciones que permitan el acceso a la atención en salud mental.

Más allá de la formación y el compromiso de los distintos profesionales que trabajamos en este campo, tanto en el ámbito público como en el privado, existen condiciones que exceden nuestras posibilidades individuales de intervención. El acceso a la salud mental no puede depender exclusivamente de la voluntad de quienes necesitan asistencia ni del compromiso de quienes la ofrecen: requiere necesariamente de políticas públicas que garanticen las condiciones para su ejercicio.

En el contexto económico actual, las dificultades para sostener tratamientos en el ámbito privado llevan a numerosas personas a recurrir a los efectores públicos de salud, que en muchos casos se encuentran saturados por la creciente demanda asistencial. De este modo, aquello que debería constituir un derecho accesible para toda la población corre el riesgo de convertirse, en la práctica, en una posibilidad reservada para quienes cuentan con los recursos económicos necesarios.

Esta situación invita también a considerar el lugar que ocupan la salud y la educación como pilares fundamentales de una sociedad. Ambas se encuentran profundamente vinculadas, en tanto las instituciones educativas constituyen espacios privilegiados para la detección, el abordaje y la prevención de diversas problemáticas que afectan a niños y adolescentes. El acoso escolar, conocido habitualmente como bullying, representa uno de los tantos ejemplos que permiten advertir la importancia de un trabajo articulado entre ambos campos.

Por otra parte, resulta necesario reconocer que las dificultades en materia de salud mental no se reducen exclusivamente a las condiciones materiales de acceso. También se encuentran atravesadas por los discursos que circulan socialmente y, particularmente, por aquellos que provienen de sectores con responsabilidades políticas e institucionales.

En un escenario contemporáneo caracterizado por el fortalecimiento de posiciones políticas de derecha, tanto en el plano partidario como en el discursivo, resulta preocupante la persistencia de expresiones que contribuyen a deslegitimar determinadas formas de sufrimiento, reproducir prejuicios o reforzar la marginación de personas que atraviesan problemáticas de salud mental. Se trata de discursos que, lejos de favorecer su reconocimiento, pueden profundizar las barreras que históricamente se ha intentado superar.

Pensar la salud mental como un derecho supone atender, al menos, a dos dimensiones fundamentales. Por un lado, garantizar la existencia y el sostenimiento de espacios públicos accesibles, donde las personas puedan encontrar asistencia profesional y un lugar para su palabra. Por otro, promover condiciones discursivas y sociales que favorezcan el reconocimiento de las distintas formas de padecimiento subjetivo, en lugar de contribuir a su estigmatización.

La conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental no debería agotarse en una invitación a la concientización. Su verdadero alcance también debe medirse por la posibilidad de transformar ese reconocimiento en condiciones concretas de acceso, escucha y atención. Porque reconocer la importancia de la salud mental implica, necesariamente, asumir la responsabilidad colectiva de hacer posible su cuidado.