Discutir el tema tabú del modelo
La clave de la macroeconomía de estos años, según dicen los defensores del modelo K, ha sido el superávit fiscal. ¿Cómo se ha logrado semejante milagro? Pues en base a una anomalía que repugna el principio federal.
Es el secreto mejor guardado del mentado modelo: el 70% de los impuestos oblados en todo el país se los queda el poder central, mientras los Estados del interior deben resignarse al mísero 30% restante.
Así, por caso, la masiva recaudación lograda mediante los Impuestos a las Exportaciones (retenciones) no es coparticipada a las provincias, como si en el interior no tuviera nada que ver con lo que se exporta.
Idéntica lógica rige para el Impuesto al Cheque (más allá de sus connotaciones confiscatorias), como si los provincianos no utilizasen ese instrumento bancario. Apenas un 15% del Impuesto al Cheque va a las provincias.
Según la consultora Economía & Negocios, si ese impuesto se coparticipase a las provincias recibirían 7.500 millones de pesos este año, en vez de los 3.200 millones que sacarán bajo el actual esquema de reparto.
Se dirá: ¡así cualquiera tiene superávit fiscal!. Pero el esquema –al margen de las consideraciones macroeconómicas- supone un modelo de gestión política. Digámoslo: el poder central ha conseguido un grado de concentración económica, financiera y política pocas veces experimentado en nuestra historia.
No es aventurado afirmar, en este sentido, que la Argentina ha retrocedido a un momento previo a la organización nacional. ¿Qué diría nuestro Olegario Víctor Andrade, aquel copoblano que denunció como nadie la codicia y la prepotencia del “puerto”?
Adviértase la corrupción intrínseca de este modelo unitario. Todo el país cae al pie del omnipotente poder de la chequera de la Casa Rosada. Gobernadores e intendentes deben hocicar, así, para conseguir algún subsidio o aporte.
Este esquema, ¿está al servicio de un proyecto de país o de un proyecto de poder? Leer a Andrade nos ayudaría a entender que el control de los impuestos en Argentina –cómo se fijan, quién los cobra y cómo se reparten-, dibuja un modelo de país.
Ahora se da una situación que pone en tensión este esquema. El gobierno K acaba de anunciar un aumento del 15,5% para la administración pública nacional. Más allá de si la suba guarda relación con las próximas elecciones, se trata de una medida justa frente a la inflación.
Pero la pregunta crucial es esta: ¿no tienen derecho los estatales provinciales a pedir un ajuste similar? Los agentes públicos entrerrianos, ¿no tienen derecho a esa equiparación? ¿Qué hará el gobernador Sergio Urribarri?
El jefe político del peronismo entrerriano, Jorge Busti, la ve venir. Como percibe que el modelo unitario hace agua y en el fondo condena a Entre Ríos, ha abierto el paraguas en las últimas horas.
En declaraciones al diario La Nación (edición del 13 de mayo), declaró: “El Gobierno debe redefinir la coparticipación, la distribución del Tesoro, la Ley de Cheques. Es decir, debe dar un debate por un país federal de verdad. El Gobierno hace obra pública y eso es bueno, pero debe ver que hay un achatamiento en las provincias”.
A confesión de parte, relevo de pruebas. Desde el propio partido del poder, ya se advierte que la sangría del interior tocó su límite. Nos preguntamos, ¿por qué no plantearon esto antes, en épocas de abundancia?.
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