Ecuador: caminando con los pies

El próximo 17 de febrero Ecuador transitará un nuevo proceso eleccionario donde se vislumbra la re-elección del actual presidente Rafael Correa y su fuerza política Alianza País.María Agustina Díaz* Sin lugar a dudas, dentro del contexto  de los "gobiernos de nuevo cuño" que poblaron a América Latina desde inicios del segundo milenio, la experiencia ecuatoriana resulta una de las más interesantes y complejas.El triunfo de Rafael Correa en el 2006 marcó el inicio de un proceso político-social vasto, asumido con amplias expectativas por parte de las fuerzas progresistas, al demostrar rápidamente la voluntad política de sacar a su país de la situación de pobreza y desigualdad histórica que se había acentuado ampliamente a lo largo de la década de 1990, cuando se había ceñido en el cuello del país las cadenas de una pesada deuda externa. En este nuevo marco, el Estado volvió a ser un instrumento de ejecución de políticas públicas orientadas al desarrollo económico y social.Durante el primer año de gobierno de Alianza País, la inversión social aumentó en un 15 por ciento, esto es 2699 millones de dólares. En términos del PBI, la inversión en educación pasó del 2,7 al 3,1 por ciento del gasto ejecutado, en salud subió del 1,3 al 1,4 por ciento y en bienestar social creció del 0,9 al 1,2 por ciento (Ramírez Gallegos: 2008: 191)Además, como uno de los elementos más relevantes del proceso, el Estado recuperó para sí, en gran medida, el control sobre los recursos naturales, constituyéndose como un actor clave en los sectores vinculados con las actividades extractivas de minerales e hidrocarburos, medulares para el desenvolvimiento de la economía ecuatoriana. Se han realizado cambios sustanciales en la imposición tributaria y regalías de las empresas con las renegociaciones de los contratos y el fortalecimiento del papel de las empresas estatales.Todas estas conquistas fueron traducidas institucionalmente en un nuevo texto constitucional discutido por una Asamblea Constituyente. En la Nueva Constitución de la República del Ecuador, el Estado central se arroga la competencia exclusiva sobre los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales (art. 261). Pero los avances no se quedan allí, en lo referente al reconocimiento de los pueblos originarios, el avance fue sustancial. En el preámbulo se recuerdan las luchas sociales de liberación contra el colonialismo y otras formas de dominación y se celebra la diversidad cultural y el legado de los pueblos originarios, introduciéndose conceptos como el de la Pacha Mama y el del "Buen Vivir", centrales en la cosmovisión originaria. De esta manera logró dársele traducción institucional a reclamos socio-culturales históricos. El reconocimiento es entendido en términos amplios, esto es, no sólo se reconoce la existencia de otras naciones, pueblos y comunidades sino que el Estado se compromete a asegurar el respeto por sus costumbres y creencias y a promoverlas, por ejemplo, a través de la educación bilingüe, así como también sus formas de organización social y política. El reconocimiento alcanza todo un espectro de reivindicaciones materiales, asociadas con la propiedad comunal de los territorios y a la consulta sobre la explotación de los recursos naturales existentes en éstos, así como también simbólicas, políticas, culturales, sociales y territoriales.Otro de los avances más importantes alcanzados han sido los asociados al ámbito político-ambiental. La Nueva Constitución ecuatoriana reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y equilibrado (art. 14); así como garantiza a las comunidades la consulta previa sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente (art. 57).Ahora bien, todas estas conquistas no han implicado, necesariamente, una relación unidireccional o desprovista de tensiones entre el gobierno y las organizaciones sociales que conforman su propia base de sustentación pues, naturalmente, todo proceso político que abre canales de resolución a las demandas sociales permite la multiplicación de estas demandas y el crecimiento de las expectativas en su tratamiento.De manera particular, las objeciones al modelo neo-extractivista aumentaron enormemente en lo que refiere a sus impactos ambientales y se acrecentaros las demandas provenientes de los pueblos originarios  y las minorías afro-descendientes.  Es decir, a la capacidad de respuesta del Estado ante los problemas sociales precedentes se agregan nuevas inquietudes eco-comunitarias.La generación de nuevas demandas hablan de un proceso de florecimiento político cultural, impensado hace unos 10 años atrás, cuando Ecuador y el conjunto de los países del sub-continente se arrastraban para lograr los objetivos de los organismos multilaterales de crédito que no coincidían con los reclamos del pueblo.Allí está la sociedad civil organizada, marcando el pulso y el ritmo de los cambios. Ecuador ya no camina con sus rodillas sino con sus pies y su horizonte es una nación aún más soberana. * Licenciada en Ciencia Política