El campo necesita lo mismo de siempre: previsibilidad, reglas claras y dejar de ser el barril sin fondo de los gobiernos

Resulta imposible analizar el presente y el futuro mediato sin antes señalar que somos plenamente conscientes que estamos atravesando una situación harto complicada, heredada de un gobierno que puso fin a su mandato con índices desorbitantes y obscenos de pobreza, marginalidad, desocupación, inseguridad e inflación.

A ello, debemos agregar que se transcurrieron años de una sequía extrema, sin crédito, con intervención estatal, con mercados maniatados, con retenciones inacabables, con una carga impositiva que nunca mermó a pesar de la compleja situación de los productores y donde se vio al campo siempre como una lata donde meter la mano para sacar dinero cuando fuera necesario.

Tras ese escenario, estamos transitando una nueva etapa institucional, un nobel gobierno que asoma con marchas y contramarchas en el cual depositamos muchas expectativas, pero sabedores de la responsabilidad que nos toca. Entendemos que no puede ni habrá fórmulas mágicas que logren cambiar la realidad de un día para otro.

Eso no implica que dejemos de marcar las cuestiones que creemos están equivocadas o que van en sentido contrario a lo que necesita el país para salir del estancamiento. Por ejemplo, hoy ha quedado momentáneamente de lado, pero hemos respaldado con información precisa nuestra oposición al nuevo esquema de derechos de exportación que se había planteado ya que, lejos de generar beneficios, provocaba un golpe durísimo a las economías regionales y no aportaba ingresos de importancia para el fisco.

Del mismo modo, abogamos para que se retire la adhesión al Convenio UPOV 91, de modo de abordar entre todos los actores una actualización de la Ley de Semillas, ya que el proyecto vigente implicaría la pérdida del derecho de uso propio por parte de los agricultores y la mayor extensión de los derechos de los obtentores, entre otros aspectos negativos.

También hemos marcado como un craso error la decisión de prorrogar el recargo del 120% en la tasa de interés para los productores de soja que dispongan del 5% de existencia de este cultivo, ya que es desconocer el mundo productivo, es arbitrario y va decididamente en contra de la desregulación y la liberación económica anunciada a los cuatro vientos por este gobierno. 

Más allá de marcar con madurez y templanza las diferencias, es la hora de la responsabilidad. Por ejemplo, no se nos ocurre solicitar que el Congreso no cumpla su función, todo lo contrario. La división de poderes es una premisa irrenunciable en toda república. Pero en algunos casos hemos vivido situaciones donde pareciera que los legisladores han hecho primar intereses personales y partidarios por encima de las prioridades que el país y la sociedad necesitan. 

No pedimos actitudes genuflexas ni acomodaticias, solamente requerimos de la oposición, responsabilidad, sentido común y memoria, ya que pareciera que los mismos que encarnaron las políticas más perversas contra el campo, hoy se erigen como los salvadores de la producción.

Estamos convencidos que el diálogo es una herramienta irrenunciable. Desde nuestro lado, y a partir de una herramienta tan vital en una democracia, hemos podido lograr que se cambien algunas medidas y otras modificaciones las seguimos gestionando. Necesitamos, un plan claro y concreto de la eliminación gradual de las retenciones, ya que se trata de la persistencia de una apropiación adicional del Estado Nacional sobre la facturación de los productores, que son quienes soportan el impuesto pues los exportadores lo trasladan al precio interno final pagado. 

Pero, del mismo modo, entendemos que la clase política debe dar pasos aún más firmes en la búsqueda de la eliminación del déficit fiscal que se deglute los esfuerzos de todos. Un Estado elefante, creado a la sombra del populismo es una receta que lejos de curar, nos ha enfermado y hoy los argentinos sufren las consecuencias.

Muy en contra de lo que ciertos sectores ideológicos han querido imponer, el campo es empático. Hoy millones de argentinos padecen en carne viva la pobreza y la marginalidad, producto de los pregoneros de un relato vacío e inconducente. Y el campo no es justamente el problema, ni la causa de sus desdichas. Todo lo contrario, el sector agropecuario invierte, da empleo, genera movimiento económico en ciudades y pueblos, aporta miles de millones en impuestos que deberían ir en auxilio de los que menos tienen, acompaña desde las rurales a entidades y ONG, entre muchísimos otros aportes.

El grado de compromiso y responsabilidad debe abarcar a toda la clase política argentina. Hemos mantenido un diálogo fructífero con gobernadores de diversas provincias, sabemos de sus problemas y de su rol. Ellos son vitales a la hora de defender las producciones de sus territorios; conocen mucho mejor que el gobierno central lo que cada sector productivo necesita y deben ser bandera de sus reclamos, dejando atrás penosos silencios del pasado reciente donde, ante cada embate contra el campo, a algunos mandatarios provinciales no se les conocía ni la voz.

Básicamente el campo necesita lo mismo de siempre: previsibilidad, reglas claras, que lo dejen trabajar y no ser el barril sin fondo de los desaguisados de las políticas económicas. Creemos que esta vez existen algunas condiciones para que parte de esas demandas se cumplan. Sabemos que hace falta tiempo, consensos y madurez. Las responsabilidades son compartidas, los esfuerzos deben serlo también. Mientras tanto, seguiremos aportando nuestra visión, defendiendo al productor, pero con los pies sobre la tierra. Es tiempo de que todos los actores hagan primar los intereses de la nación por sobre los egoísmos y las cuestiones partidarias y personales. La Argentina necesita de gestos y acciones que ya se han demorado demasiado.