El debate por el perfil del Estado

En Argentina viven del Estado 11 millones de personas. Se trata de una realidad que invita a plantearse sobre el verdadero rol de la burocracia estatal en la sociedad.A diciembre de 2002, las personas con ingresos dependientes del Estado eran 8.534.972 personas. Durante la gestión K, que se inició en 2003, ese sector aumentó en 2.353.159 individuos.Es decir, en estos años quienes reciben ingresos por vía estatal aumentaron un 28%. Para el economista Orlando Ferreres, de estos datos se pueden sacar algunas relaciones."Teniendo en cuenta que nuestra población es de 40 millones de personas, significa que hay que mantener casi al 30% de la población (más de 50% si se incluyen las familias de los activos) con impuestos o equivalentes", razona en un reciente artículo."La población activa que trabaja en el sector privado formal es casi 6 millones de personas, y otros 5,8 millones trabajan en negro o gris. O sea que cada persona que produce algo en el sector privado, tiene que mantener a una persona del sector público", explica el economista.Conviene hacer algunas discriminaciones. Dentro del total de personas con ingresos dependientes del Estado argentino, poco más de 6 millones son jubilaciones y pensiones, y 1,7 millón son planes de empleo y asistencia.Según Ferreres, el sector privado de la economía sobrelleva así -a través de sus impuestos- una pesada carga, una situación que de continuar en el tiempo "no tiene perspectiva de ser sustentable". Aclara, además, que el problema del sector público en Argentina, no sólo es su gran tamaño -y si esta estructura es financiable por la economía- sino la eficiencia de la burocracia.Al respecto, se dan las contradicciones argentinas típicas, en las cuales se "paga dos veces" por un servicio. Por ejemplo: si bien todos pagamos a los maestros con impuestos, no pocos mandan a sus chicos a la escuela privada (donde se paga arancel) por la degradación de la escuela pública.Si bien todos pagamos a los policías con impuestos, hay quienes recurren a la seguridad privada, ante la ola de inseguridad. Si bien todos pagamos a los enfermeros y médicos estatales, hay quienes abonan una prepaga o recurren a la atención privada, porque los hospitales públicos carecen de elementos esenciales.Desde el punto de vista económico, el meollo del problema pasa por establecer si hay una relación adecuada entre la economía privada y la estructura estatal.No es un tema menor saber si el Estado y su estructura son un medio para la expansión de la sociedad y los individuos, que deben producir rentas para pagar impuestos, o si es una carga deprimente.En nuestras provincias, como es el caso de Entre Ríos, es factible reconocer que el Estado ha cumplido un rol histórico mediocre. En lugar de ser un inductor del desarrollo económico, ha sido en muchos casos un factor que conspira contra el mismo.Aquí la burocracia ha crecido más que la economía privada, a partir de que el Estado devino en una "agencia de colocaciones", ante el subdesarrollo de las fuerzas productivas.Cada gobierno que llega al poder estatal mete gente en la burocracia, alimentando así una estructura que no se puede financiar con las rentas de los contribuyentes provinciales.Nadie pone en duda que el gobierno debe usar el propio poder de recoger fondos por los impuestos para brindar servicios que el mercado no da. Además ya nadie discute la necesidad de que el Estado deba socorrer, a través de ayuda material, a gente que no pude ganarse le vida por distintas razones.Pero otra cosa es agrandar esa estructura más allá de lo tolerable para la propia sociedad que debe sostenerla.