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El Defensor General puso reparos al proyecto de ley de juicio por jurados

El Defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez, cuestionó la amplitud de casos en los que debería aplicarse el juicio por jurados y la obligatoriedad que establece el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, envió a la Legislatura.

“La idea del juicio por jurado es ya una decisión política que ha tomado el gobernador (Gustavo Bordet), acorde a lo que está ocurriendo en diferentes provincias. No tiene sentido discutir si sí o no sobre el juicio por jurado porque además está en la Constitución”, mencionó Benítez.

“Tenemos que trabajar en torno a esta idea y, entre todos, hacer la mejor ley posible, en el sentido de que pueda ser aplicable en los casos en que, según el sentido de la elevación del proyecto, corresponda el juicio por jurados”, acotó.

Al respecto, observó: “Cuando uno ve la nota de elevación del proyecto, sostiene que se aplicará en pocos casos, pero cuando uno lee el artículo 2º tiene que concluir que no se va a aplicar a un número reducido de casos sino que, por el contrario, al admitir la tentativa y el concurso de delitos, los casos de aplicación del juicio por jurados serán innumerables.

“Este es un tema que se tendrá que analizar porque además el proyecto trae consigo la obligatoriedad, es decir que no hay opción por parte del imputado”, quien deberá ir sí o sí en estos casos ante el jurados, manifestó el titular del Ministerio Público de la Defensa.

Al no haber alternativa y tener que utilizarse en gran número de casos, podría ocurrir que termine aplicándose a causas que “creo que no es la idea”, puntualizó. Como ejemplo, citó que una persona podría ser acusada de varios casos leves a la vez, se suman los hechos “y podríamos llegar a los 20 años (de pena en abstracto) que pide el proyecto” para ser obligatorio que el acusado sea juzgado por un jurado y no por un juez.

Benítez graficó que una persona acusada de tentativa de homicidio estaría siendo un caso para llevar ante el jurado, porque el proyecto de ley que comenzará a debatir la Legislatura indica que están incluidos “los delitos tentados”, apuntó. También si es acusada de lesiones graves o gravísimas con robo, ya que sumadas las posibles penas superaría el piso de 20 años de condena en abstracto que fija la iniciativa del Ejecutivo.

“Yo creo que esto va en contra del espíritu del proyecto. Y que cuando comience a analizarse en la Legislatura se verá que (el juicio por jurados) en otras provincias está para delitos graves, en algunos casos de forma optativa y en otras obligatoria”, abundó.

Obligatoriedad

“Una de las cuestiones presentes en nuestro derecho y en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la motivación, es decir los fundamentos de la sentencia. Cuando la Defensa o la Fiscalía atacan una sentencia se lo hace por carencia de motivos, o porque estos son contradictorios o porque no se condicen con la prueba. En el juicio por jurado eso no ocurre, porque el jurado no da motivos jurídicos, dice simplemente: culpable o inocente”.

“Hay quienes piensan que tiene que haber un acto de voluntad del imputado para someterse a que no haya motivación” en la sentencia, consignó. De allí se desprende el razonamiento de que la obligatoriedad “es inconstitucional”, agregó.

Sin embargo, prefirió tomar distancia y consideró que la obligatoriedad o no del juicio por jurado en las condiciones que establece el proyecto de ley que envió el Ejecutivo “es una decisión política de la Legislatura”.

“Sí estoy seguro de que si es obligatorio el juicio por jurado, tiene que ser para causas muy reducidas, hechos muy graves. Si por el contrario se quiere flexibilizar y abarcar delitos más leves, debería ser optativo”, sostuvo.

Benítez mencionó que el temor de que el ciudadano común sea influenciable y pueda emitir veredictos contrarios a derecho, pero consideró que más allá de que pueda haber manifestaciones como las que se dieron en Paraná Campaña para evitar que los hermanos Siboldi cumplan prisión domiciliaria, tampoco un juez profesional da la seguridad de que se hará justicia. Por eso, otros magistrados revisan el fallo, lo corrigen, lo modifican, consignó.

En otras oportunidades, simplemente “la gente no está conforme” en cómo actúa la Justicia, concluyó. (APFDigital)

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