El dilema fiscal en época de escasez
Esa fue una discusión en la abundancia, pues la soja frisaba los 600 dólares por tonelada. Entonces el gobierno K pudo blandir el argumento de la apropiación de la “renta extraordinaria”, con fines distribucionistas.
Pero el contexto ha cambiado dramáticamente. La descenso vertiginoso de los precios de los granos a nivel internacional –la soja cayó a la mitad de su valor- sumado a los males de la sequía, golpeó al campo.
Pero también asestó un duro revés a las arcas del gobierno, que hasta aquí era adicto a los ingresos generados por las retenciones. Es decir, ahora la puja por la renta agraria se da en un marco de escasez.
Mientras tanto la economía argentina entró en un proceso recesivo, apalancado por la crisis mundial, con lo cual el gobierno empezó a perder ingresos por otros impuestos.
A esto se suma el dato inquietante de la deuda pública, cuyos mayores vencimientos se concentran en 2009 y en los años sucesivos. Ergo: los problemas de caja se potenciaron repentinamente.
¿Cómo hace el gobierno K, con las cuentas escuálidas, para aplicar políticas anticíclicas, y así evitar una profundizar la recesión, como manda la receta keynesiana?
¿No formaba parte también del pensamiento de Lord Keynes –al cual el progresismo dice adherir- que los Estados deben ahorrar en épocas de vacas gordas, para poder gastar después y bajar impuestos cuando la economía declina?
Da la impresión que esta parte de la receta no fue seguida por el gobierno K en estos años de bonanza. Por eso en lugar de liberar recursos para mantener el dinamismo económico, en la crisis, el fisco se lanzó a procurarlos.
Utiliza así la medicina contraindicada. Pretende mantener la misma presión fiscal, cuando el escenario productivo es a la baja. Los impuestos, que antes eran pagables, ahora son una carga pesada para los contribuyentes.
La desesperación por hacer caja se vio primero con la incautación de los ahorros previsionales. La estatización de las AFJP es un reflejo de esa desesperación, más allá de los argumentos ideológicos a favor del sistema de reparto.
Con los mismos bríos fiscalistas el gobierno se aferra a la decisión de mantener las retenciones al agro. Pero así como el manotazo a los ahorros previsionales produjo una fuerte salida de capitales, mantener la presión fiscal sobre el campo plantea dilemas más complejos.
En concreto podría profundizar el quebranto de miles de productores, que han perdido rentabilidad en sus explotaciones, y por esta vía herir de muerte a todo el aparato productivo de interior del país.
Mientras el gobierno cree que al campo todavía se le puede sacar leche –la presidente lo ubica dentro de los sectores del “privilegio”- los productores aseguran que ya no está en juego su ganancia sino su supervivencia.
Las retenciones, en este sentido, son perversas. No son un impuesto que se aplique a las ganancias sino al valor bruto de la producción, actuando como un costo más en la ecuación económica de los productores.
En virtud de esto, el Estado recauda siempre sin importar si el productor de soja, por ejemplo, pierde plata al vender su cosecha. Es un modelo parecido al de la usura, por el cual el prestamista embolsa igual sus intereses, aunque el beneficiario del crédito se haya fundido.
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