El Estado faccioso

Teóricamente el Estado es un medio para la gestión del bien común. Aunque entre nosotros, los argentinos, ha sido casi siempre el instrumento al servicio de grupos facciosos. Por eso lo “estatal” en la cultura argentina no remite a “interés general”. Está más bien identificado con el poder político, que históricamente está sospechado de regirse por fines distintos a los colectivos.o

La praxis cotidiana confirma esta idea del Estado subordinado al grupo político que lo controla. El uso discrecional de los recursos públicos –surgidos del pago de impuestos- es una práctica consuetudinaria.

Así, la facción que llega al aparato estatal se suele hacer de un instrumento de disciplinamiento social formidable. Porque puede utilizar el dinero de todos para financiar su proyecto de poder (para eso están los “superpoderes”).

Los casos en los cuales se usa lo estatal con fines proselitistas son tan variados como escandalosos. Ahora mismo se hace “keynesianismo electoral” de una manera bastante burda.

No sólo se reparten dineros públicos bajo formas diversas (el clientelismo involucra a pobres, empresarios, gobernadores e intendentes). Sino que se utilizan bienes públicos (como aviones) para hacer campaña electoral.

El gobierno, incluso, se anima a romper el juego democrático con el resto de las fuerzas políticas. Como le conviene adelantar elecciones, se lanza a modificar la ley Electoral, que él mismo sancionó años atrás.

Mientras se cometen este tipo de tropelías, desde el poder se habla de la necesidad de reivindicar al Estado –con el argumento que expresa el interés general- contra el privatismo de los ‘90.

No hay iniciativa gubernamental que no venga precedida del ensalzamiento estatal. En realidad, se trata de un corrimiento del discurso epocal.

Así, si en los ‘90 había que achicar el Estado, ahora hay que endiosarlo. Curiosamente, el elenco gobernante que hoy descubre las bondades de lo estatal participó en los ‘90 del aquelarre privatista.

Al margen de esta impostura dirigencial, la pregunta que uno se hace es ¿cuál Estado se debe reivindicar? ¿El que se justifica desde el bien común, o el instrumento espúreo de una facción política?

Por ejemplo, se nos habla de una nueva ley de Radiodifusión. El gobierno alega que pretende, mediante esta reforma, eliminar el monopolio de los multimedios.

La filosofía de fondo es ésta: se presenta al Estado como la salvaguardia de los derechos mayoritarios que no serían contemplados por los propietarios privados de los medios masivos.

Es decir, la mayor injerencia estatal en el sector sería garantía de “democratización” de las comunicaciones. Pero como hemos visto, a la luz de la experiencia histórica, lo “público” entre nosotros es un instrumento del poder de turno.

No sea que lo que se presenta como una aventura democratizadora, en el plano de los bienes simbólicos, termine en la emergencia de un monopolio todavía más opresor.

¿Nos querrán hacer optar, así, entre un modelo de gestión con base en el negocio multimediático, por otro modelo que, bajo la excusa de privilegiar el interés general, instaura el control político autocrático de la opinión pública?.

No sería la primera vez en la Argentina que un gobierno, montado sobre un discurso regulador y de distribución equitativa de la información, se quiere hacer del control político de los medios, para instalar el pensamiento único. 

Dicho lo cual, urge reivindicar al Estado garante de las libertades públicas, y del pluralismo ideológico, en el marco de una sociedad abierta, frente a la patología facciosa de lo estatal.