El gobierno primereó con las demandas más fuertes: economía y seguridad

Si el verano viene caliente, el gobierno lo calentó un poco más. Cuando nadie lo esperaba, dos decisiones que trascendieron antes de ser anuncios, apuraron el caldero electoral y sembraron dudas e incertidumbre entre las fuerzas opositoras. Jorge Barroetaveña Es que los 25.000 millones para Buenos Aires y la intención de reformar el régimen penal juvenil, incluyendo la polémica baja de la imputabilidad, abrieron el escenario simultáneo del 2017: economía y seguridad.Cuando a mediados de los '90 Eduardo Duhalde aceptó ser candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, una de sus condiciones fue el famoso Fondo Histórico de Reparación Bonaerense. Una forma elegante y sutil de reconocer por parte de la Nación, el perjuicio que la distribución de la coparticipación le provocaba al distrito más grande del país. Con aquella plata Duhalde sembró su carrera bonaerense y sentó las bases de un aparato que aún hoy persiste.Pero el debate sobre una nueva ley de coparticipación federal nunca se dio. El parche, como es común en la historia argentina, se volvió permanente, y la puja quedó instalada. Los sucesivos gobernadores fueron perdiendo aire, el fondo se fue esfumando y la dependencia de Buenos Aires del poder central fue en aumento. ¿Quién no recuerda las fiestas con zozobra que pasaba Daniel Scioli porque Cristina no le mandaba la plata para pagar los aguinaldos? ¿O el escaso volumen de obra pública de la última década en relación a otras provincias ampliamente favorecidas como Santa Cruz?A Macri lo podrán acusar de muchas cosas menos de tonto. Sabe que la gestión de María Eugenia Vidal en territorio bonaerense es vital para la supervivencia de las chances de Cambiemos en 2017 y que el volumen de obra pública también servirá para empezar a recuperar los niveles de empleo y generar un efecto multiplicador que impactará en toda la economía. La discusión de una nueva ley de coparticipación luce imposible en semejante contexto legislativo y la vía judicial, que Vidal ya exploró y operó, es eternamente lenta en comparación a los tiempos de la política. Qué pasa con la coparticipaciónEl lunes, cuando los gobernadores se desayunaron con la mala nueva, estallaron, aunque moderadamente claro está. El infatigable Rogelio Frigerio levantó le teléfono y los llamó uno por uno. Les avisó que los fondos de las provincias no serán tocados y que esos 25.000 millones saldrán del Tesoro Nacional. Desconfiados, por algo llegaron donde llegaron, la mayoría lo escuchó sin omitir opinión, quizás mascullando la bronca. Sólo Das Neves puso el grito en el cielo y vaticinó rudas peleas por la plata. Es que el tiempo pasa y la dependencia de la mayoría de las jurisdicciones provinciales con la Nación se mantiene intacta. Sirven poco las proclamas de federalismo si al bolsillo principal lo sigue alimentando la Nación. De muestra basta un botón: el mismo día que se conoció la plata para Buenos Aires, la Rosada confirmó el refinanciamiento de deudas de varias provincias, varias de ellas de sello peronista. La preocupación por la inseguridadComo dice el dicho, el que pega primero pega dos veces. El segundo golpe de efecto nadie sabe si fue buscado o no, pero lo consiguieron. Desde hace rato que los focus group de Cambiemos, esos a los que Durán Barba suele ser tan afecto, resaltan que la inseguridad ha vuelto a estar en el tope de las preocupaciones de la gente. Incluso en muchos casos por encima de la economía que viene de un 2016 negro. Como los fantasmas no son patrimonio de nadie, al gobierno le alarma las consecuencias que trae la cirugía que Vidal pretende hacer con la Bonaerense y las resistencias de muchos sectores de la Federal a pasar a la nueva policía de la Ciudad de Buenos Aires. No pocos sospechan que la inacción policial ante las decenas de piquetes y protestas que hubo en diciembre y el repentino aumento de homicidios en algunos barrios de la Capital, se deben justamente a eso.La seguridad pues, el ítem que sirve para hacer campaña pero no para ganar elecciones, como alguna vez lo definió algún candidato, volvió a quedar en el centro de la escena. La pretensión de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, como explicó luego el Ministro de Justicia Garavano, será evaluado por una comisión especial y luego, obviamente por el Congreso de la Nación. La trascendencia de la propuesta tuvo un mérito rápido: dividir a la oposición que enseguida se partió, porque no existe una visión unánime sobre un tema escabroso y complejo. La víctima más importante fue Sergio Massa, a quien el gobierno disfruta por estas horas, hacerlo sufrir, después del aquelarre que fue lo de ganancias.El líder del Frente Renovador hizo de la baja de la edad de imputabilidad una bandera de su campaña en 2015. Pero resulta que su flamante alidada, Margarita Stolbizer, no está de acuerdo. Durante varias horas Massa hizo silencio de radio pensando la estrategia a desarrollar para no quedar mal parado. No se dio cuenta que los silencios lo dicen todo cuando las diferencias son evidentes. La propia Stolbizer sentó postura pública y no le dejó margen de maniobra. Tarde hicieron saber que quieren que sea el Congreso el que trate el tema, y no en una comisión. Y en lo posible en extraordinarias. Massa no fue el único que quedó descolocado. Lo mismo le pasó a buena parte del arco opositor que no tenía en sus cuentas debatir estos temas en el medio de las vacaciones,  con las patitas mojándose en el mar. Garavano acaba de anunciar que serán convocados pero el debate no se puede resolver en 10 días. Algo de razón tiene. Seguramente también tendrá una mueca de satisfacción. Están jugando el mismo juego que Massa.