El municipio, ante otra crisis laboral

Frente al estallido de otro conflicto laboral al interior del municipio, es válido recordar que la huelga siempre es un recurso extremo y su empleo debe ser moderado en lo posible.o

  La demanda salarial ha conducido a la inactividad en el Estado, más allá de que una conciliación obligatoria, dictada por la justicia del Trabajo, ha abierto un paréntesis.

   Pero el conflicto subsiste y se aguarda que el gobierno local y los gremios municipales (dos operan en el ámbito de la representación sindical) arriben a un acuerdo en los próximos días.

   Después de un año de cierta paz laboral, la administración Bahillo empieza a encontrar fuertes escollos gremiales. Pero bien mirado, no se trata de las peripecias de una gestión.

   El conflicto impacta de lleno en la comunidad, que sufre en carne propia la privación de servicios estatales básico, como es la higiene de la ciudad, la provisión de agua o el arreglo de calles.

   Como ocurre con toda huelga estatal, la repercusión social es inevitable. El abandono del trabajo en el Estado, podrá ser un medio de presión para el gobierno, pero desde el vamos trae zozobra a la comunidad.

   Ante esto, sin menoscabar el derecho al reclamo propio de cualquier trabajador, quienes protagonizan esta medida de fuerza a veces pierden de vista que con ella se lesionan otros derechos y se suele dar pie a grandes perjuicios.

   Por eso la suspensión de actividades siempre debe ser un recurso extremo. Debe aplicarse después de agotados todos los otros medios pacíficos. Si se quiere, debe revestir el carácter de algo excepcional.

   Su empleo, por tanto, debe ser moderado en lo posible, definiendo su carácter, alcance y duración, en un marco de responsabilidad social. Esto para no causar mayores males que los acarreados por la injusticia que la provoca.

   Al respecto, a nadie escapa la pérdida de poder adquisitivo del salario, a causa de la inflación. Pero esto es un problema que aqueja a todos los trabajadores del país.

   Además esto se da en un marco de una profunda crisis de la economía, en la cual la preocupación más grave está en la posible pérdida del empleo. En este sentido, los empleados del Estado corren con ventaja porque gozan de "estabilidad" laboral.

   Sin mencionar el cuadro de estrechez presupuestaria que aqueja al municipio local, como al resto de los Estados del interior, los cuales destinan el grueso de sus recursos al pago de sueldos.

   La demanda salarial, por lógica, debe contemplar todo el contexto, para evitar pedir lo que objetivamente no se puede dar, presupuestariamente hablando.

   Además no es razonable que una huelga municipal deje de golpe sin servicios básicos a una ciudad. Los dirigentes gremiales deben comprender, en este sentido, la necesidad de preservar la prestación mínima de los servicios aún en medio de la protesta.

   Esto para minimizar los perjuicios que la medida de fuerza acarrea objetivamente a la comunidad. Por otro lado, ¿es razonable dejar sin más de limpiar las calles o de recoger la basura en un momento en que Gualeguaychú recibe la visita de miles de turistas?.

   Además, vale recordar que el Estado expresa al conjunto de los vecinos, quienes con su tributo mantienen la organización municipal, de la cual el intendente es apenas un administrador.

   De lo dicho, se desprende la responsabilidad social que debe primar ante las medidas extremas de carácter laboral en el Estado. La clave es conciliar los intereses de los trabajadores municipales con los de la comunidad en su conjunto.