El nuevo nombre de las migajas

Los problemas financieros prevalecen entre las preocupaciones de las autoridades provinciales. Conseguir plata es prioritario para la caja estatal. Mario Alarcón Muñiz Con serenidad puede mirar el gobierno provincial las primeras luces del año que se avecina. Tiene todo lo que pidió. Tanto el presupuesto 2013 como las correcciones del Código Fiscal han merecido rápidos despachos de la Legislatura. Cuenta con las herramientas requeridas para trabajar. No habrá excusas en un año electoral que planteará exigencias severas.Por lo pronto, la semana comenzará con la reiteración de reclamos salariales. Lamovilización anunciada para mañana por la CTA le recordará a las autoridades provinciales la necesidad de actualizar los deprimidos salarios estatales.Los aumentos están condicionados a la mayor recaudación, según lo establece la ley de presupuesto en vigencia (art.15°). La información oficial difundida con insistencia desde principios de mes, señala que "la eficiencia de la gestión ha posibilitado este año recaudar un 47%  más de impuestos provinciales que el año pasado". No es poco. Pero desaparecieron los argumentos que cerraban el paso a las demandas de los trabajadores del Estado. Tras este dato publicitario se impone la apertura del diálogo. A menos que sólo se trate de una publicidad.La pausa de fin de año puede ser aprovechada para intentar acercamientos y soluciones. El mayor gremio docente (Agmer) ya alertó que "no comenzará el año escolar si antes no hay discusión salarial". Es costumbre de los funcionarios -al menos lo ha sido los últimos años- comenzar las tratativas a las puertas del período lectivo. Nadie sabe explicar por qué no se dialoga durante las vacaciones para arreglar las cosas antes de iniciarse las clases.El de los salarios se presenta, según se ve, como el problema con mayores posibilidades de complicarle la vida al gobierno provincial. No el único, desde luego. Menos mal que el aguinaldo parece estar a salvo. Los gastos crecenLa recaudación desvela a las autoridades. No es para menos. La inflación existe, pese a los intentos de disimularla debajo de la alfombra. A ese natural aumento de gastos se suman otros. No es menor la indiscriminada incorporación de  personal que en diversas áreas se advierte desde principios de año, según lo denunció ATE hace un mes, calificando a las designaciones como "una acción ilegal". Sucede que el Régimen Jurídico Básico de la Administración Pública que regula la incorporación de personal, ascensos, etc., tiene más de cinco años largos de vigencia. Pero es una novela de fantasías. Jamás se lo respetó. Esto es lo que reclama el gremio, que en su momento hizo de esa ley un motivo de lucha y celebró su sanción.La situación financiera dista de ser la mejor. Lo revelan las frecuentes licitaciones de letras de Tesorería para cubrir urgentes necesidades de fondos y la aprobación, el martes pasado, del uso sin restricciones del Fondo Unificado depositado en el Nuevo Bersa, en su condición de agente financiero del Estado. Pan para hoy...La necesidad de hacer caja ha motivado también las recientes enmiendas del Código Fiscal (segunda corrección del año), tendientes a otorgarle mayor rapidez y eficiencia a la administración tributaria. Es decir, cobrar más.Claro que en el apuro -según suele suceder- se les fue la mano y avanzaron sobre la mejor ley de conservación del suelo que se conozca en nuestro país, además de la primera sancionada con ese objetivo. La ley provincial 8318, de 1989, estimula la preservación del recurso natural mediante una escala de exenciones a los propietarios rurales que se ajusten a determinadas exigencias conservacionistas. Las bonificaciones se redujeron de manera notable y el control, que estaba a cargo de especialistas del Ministerio de la Producción, ha pasado a ser ejercido por recaudadores de la Administración Tributaria. Un despropósito que terminará degradando el suelo más de lo que está a raíz de la creciente sojización, además de cerrarle a la provincia el acceso a los programas de financiamiento internacional, disponibles cuando hay reglas claras y definidas para preservar el mayor recurso natural.Se sabe además que en Entre Ríos dos millones de hectáreas presentan serios problemas de degradación como consecuencia de la erosión hídrica. En lugar de ayudarlas a mejorar, se procura que paguen más. No se entiende. La cosa es hoy, mañana qué me importa.... Un asunto federalEl fondo de la soja completa la rueda de aprietes financieros, porque este año acusará una sensible disminución. Creado en marzo de 2009 con la finalidad de coparticipar el 30% de las retenciones por exportación, cayó en noviembre último a su nivel más bajo: 243 millones de pesos. Esa suma se distribuye entre todas las provincias. La caja nacional -está claro- se queda con el 70%. De nosotros son la tierra y el trabajo. Nadie sabe por qué el fondo petrolero se reparte sólo entre las provincias petroleras y el fondo sojero entre todas las provincias. Alguna vez alguien lo explicará. O lo corregirá.A propósito, viene bien saber que la producción de soja en Entre Ríos alcanzó este año a 2.660.000 toneladas, algo menos de lo esperado. Ese volumen significa que sólo por retenciones de soja Entre Ríos aportó en 2012  alrededor de 2.000 millones de pesos. Así todos los años, pesos más, pesos menos. "Federalismo" le dicen...Parece el nuevo nombre de las migajas. Y nos conformamos.