El perfil jurista de nuestros líderes

Veintidós de los cuarenta y seis argentinos que, desde 1853, ejercieron la presidencia de la República fueron abogados. Aunque esa proporción sería mucho mayor si se contara sólo a los que llegaron por vía constitucional.
El dato lo aporta Juan Manuel Compte, en "Por qué los presidentes argentinos son abogados", un artículo aparecido en el Cronista Comercial, del 21 de junio pasado.
Allí se dan varias explicaciones al fenómeno. Dada su formación para la práctica dialéctica o sofística, entrenados para el litigio y la contienda, pocos profesionales parecen tan aptos para la política profesional como los abogados.
"Algunos se recibieron con diplomas de honor. Otros, camuflados en la intrascendencia del montón. Y alguno que otro, de bochazo en bochazo, dada su mayor afición por las actividades extracurriculares -la obvia militancia política y ocupaciones menos trascendentes- que por los libros", describe Compte.
Incluso, los principales actores políticos de hoy tienen el mismo oficio. Y en la campaña preelectoral emplean sus mejores artes, como quien sabe acomodar argumentos a favor de su causa.
"Hábil manejo de lo que el Código Electoral dice (y no dice) para judicializar la campaña y sus plazos. Artimañas de distinto calibre, de dudosa legitimidad pero lícitas al fin, para esmerilar contrincantes", señala Compte.
Sin embargo, el prolífico linaje de presidentes juristas no es un invento argentino. El articulista trae a colación, al respecto, al sociólogo alemán Max Weber, para quien "la figura del abogado moderno va estrechamente unida con la moderna democracia".
Según Weber, "la importancia de los abogados en la política occidental desde que se constituyeron los partidos políticos no es, en modo alguno, casual". Como de lo que se trata es de administrar intereses, "la función del abogado es la de dirigir con eficacia un asunto que los interesados le confían", refiere el sociólogo.Pero la incursión masiva de los abogados en los asuntos públicos en Argentina ha tenido un alto costo. La desconfianza social hacia ellos es alta. En 2004, una encuesta encargada por el Colegio de Abogados de Buenos Aires develó que sólo un 14% de la gente tenía confianza en la profesión. Como sea, para la gente común la abogacía es percibida como un canal de acceso a la política y a las funciones de gobierno.
Por lo demás, resulta llamativo que un país gobernador mayormente por abogados -a la luz de lo dicho hasta acá- padezca de anomia (sin norma) crónica. Pocas naciones han perdido la noción básica de orden público como la nuestra.Por lo visto no alcanza con poner abogados en el poder para que los argentinos empiecen a respetar la ley o se resuelven otros problemas ligados a la cosa pública. ¿No será que la esfera política tiene una especificidad que va más allá de las profesiones? En "Política, cenicienta del espíritu", uno de los libros esenciales de Julio Irazusta, el historiador da una respuesta categórica al problema. "El reemplazo del prudente por el jurista significó la entrega de la dirección a quien no podía dirigir", dice.
El espíritu geométrico de la época, el racionalismo dominante en Occidente, instaló la superchería de que los asuntos humanos, el universo del mundo práctico, variables y azaroso, se podían dirigir con la regla fija emanada de la abstracción jurídica.
"El resultado fue un desorden material, intelectual y moral sin ejemplo", enseñó el historiador, para quien la política la deben hacer los hombres prácticos dotados con la intuición del futuro inmediato y la imaginación de los hacedero, que son propias de la prudencia.