El poder y los límites republicanos

Que la Corte Suprema de Justicia del país falle en contra de las pretensiones del Ejecutivo, y que éste último se someta a tal decisión, como ocurrió esta semana en la Argentina, revela que las instituciones republicanas están funcionando.La sentencia del máximo tribunal declaró nulas las resoluciones gubernamentales que dispusieron el incremento de la tarifa de gas natural, ordenando al gobierno que llame a audiencias públicas.En los tramos centrales de su fallo, la Corte resolvió que la audiencia pública previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas.Políticamente esta decisión supone un traspié para el gobierno de Mauricio Macri, quien hasta aquí venía defendiendo el nuevo cuadro tarifario puesto en vigencia a partir del 1 de abril pasado.Pero el tribunal también reconoció que "la fijación de tarifas es una facultad del Poder Ejecutivo", una afirmación que fortalece la posición del gobierno después que días atrás la oposición política, en una sesión especial, intentó declarar nulos los aumentos tarifarios.El tribunal delimitó así las facultades del Congreso, que "puede definir los tributos para una política energética", y la de los jueces, "que no pueden fijar tarifas, sino controlar su legalidad".Pero más importante que el fallo en sí, relativo al procedimiento legal para determinar el cuadro tarifario, es la reacción del Ejecutivo que en lugar de cuestionar a la Corte se sometió a su dictamen.Al respecto, tras conocerse el pronunciamiento del Tribunal Superior, el ministro de Justicia, Germán Garavano, remarcó que "los fallos están para cumplirse". En Argentina que la Corte falle contra las pretensiones del gobierno de turno se vive con dramatismo, como si fuese una anomalía desestabilizadora, cuando se trata de un hecho esperable en las democracias republicanas.¿Y esto por qué? Pues porque en el país ha prevalecido una tradición política, que está en las antípodas de su régimen constitucional, que exalta un poder concentrado en un gobernante con soberanía absoluta (concepto fascista del poder).En estos dos siglos de vida independiente, el país no fue exitoso en consolidar la democracia representativa, con división y equilibrio de poderes (una soberanía dividida).Reiteradamente en ese largo proceso no sólo se dieron interrupciones al régimen constitucional (1930-1932, 1943-1946, 1955-1958, 1966-1973, 1976-1983), sino que aun en los gobiernos elegidos se gobernó muchas veces contra sus disposiciones, aniquilando en los hechos la división de poderes.La historia Argentina moderna fue dominada por las alternativas autoritarias, la de una estructura burocrática (los gobiernos militares) o la de un líder populista que se arroga la suma del poder público, siguiendo aquella máxima del monarca absoluto Luis XIV según la cual "L'État, c'est moi" ("El Estado soy yo").Violadores seriales de los preceptos constitucionales, los gobernantes argentinos no habían asimilado la idea de que deben servir a la ley -que está por encima de la voluntad de poder- y no servirse de ella.Aceptar los fallos de la Corte Suprema de Justicia marca un sendero de reconciliación con el pensamiento constitucional republicano, del cual el país ha estado tan alejado.Como advirtió el pensador francés Montesquieu (1689-1755): "Todo estaría perdido si el mismo hombre, o el mismo cuerpo de los principales o nobles, o del pueblo, ejerciera esos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los orígenes o las diferencias entre los particulares".