El precio de la energía en Entre Ríos: Una decisión política, parches e improvisación que no resuelven una problemática central

Por Sergio Benítez, integrante de la Mesa Ejecutiva provincial de CTA y del Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos (CISPER)

En el complejo panorama actual de Entre Ríos, donde la economía enfrenta desafíos
significativos, las acciones anunciadas por el gobernador Rogelio Frigerio en relación
con la energía eléctrica parecen ser más un intento de calmar a la población que una
verdadera solución a largo plazo. La decisión de no aplicar el aumento en las tarifas
eléctricas que había sido dispuesto por el gobierno nacional y el propio gobierno
provincial, debe ser analizada con un enfoque crítico y escéptico.

En noviembre de 2024, fue el propio gobierno de Frigerio el que autorizó un cuadro
tarifario que, sumado a los aumentos nacionales, determinaba un aumento
promedio del 470% en el costo de la energía. Por eso, con la suspensión de los
aumentos que dispuso Frigerio, solo se patea el problema hacia adelante, con el
objetivo de posicionarse favorablemente ante una ciudadanía que se siente
abrumada por los constantes incrementos en las tarifas, que las tornan impagables. Estas acciones parecen configurar un parche temporal y no una estrategia efectiva y
sostenible, porque no ponen en discusión la composición de la tarifa eléctrica ni
traen consigo ninguna propuesta para reducir su costo.

Ahora, desde el gobierno dejan trascender que van hacia la disolución del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), un organismo encargado de regular los
costos de la energía en la provincia y que debería dar claridad y transparencia al
sistema energético entrerriano, pero que —por estar intervenido desde 1997— ha
tenido un rol desdibujado y solo ha convalidado las decisiones de la distribuidora de
energía, Enersa, empresa de la que, en los hechos, depende. A esto se le suma la
falta de claridad en torno a cómo se determina el Valor Agregado de Distribución
(VAD) han contribuido a que Entre Ríos se mantenga como una de las provincias con
la energía más costosa del país. Esta situación ha dejado a un gran número de
ciudadanos y pequeños negocios en una situación precaria, luchando por subsistir
ante el incremento de los costos de vida.

Sin embargo, la solución a este déficit en la tarea del organismo no pasa por disolverlo, sino por cumplir la ley, desintervenir y repensarlo para que realmente cumpla su propósito y contribuya a la protección de los consumidores y el resto de los actores del sistema.

Entre Ríos no necesita medidas de alivio temporal para esta problemática, sino soluciones integrales que aborden de manera efectiva los desafíos energéticos que enfrenta.

En conclusión, necesitamos que el gobierno se direccione hacia un compromiso genuino con el desarrollo sostenible y el bienestar de todos los habitantes. Si realmente se desea mejorar la situación energética en la provincia, es esencial implementar un plan estratégico que no solo atienda las necesidades inmediatas de la población, sino que también aborde las profundas estructuras que han llevado a la crisis energética actual. Sin este enfoque integral, las acciones de Frigerio no son más que un maquillaje político ante un problema que exige soluciones serias y duraderas, y que, si no se maneja adecuadamente, podría profundizar aún más la crisis social y económica en la que se encuentran muchas familias entrerrianas.