El pronunciamiento de la Corte Suprema

Finalmente la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional la Ley de Servicios Audiovisuales, a cuatro años de aprobada por el Congreso Nacional.Así desestimó las objeciones planteadas ante los tribunales por el Grupo Clarín sobre algunos artículos, con lo cual ahora ese conglomerado mediático deberá vender licencias de televisión abierta, cable y radio.Los jueces sostienen que es "legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado".En este sentido, sostienen que de lo que se trata es de "fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no puedan admitirse voces predominantes".Según la Corte, "la función de garante de la libertad de expresión le corresponde al Estado". Tras declarar que no es buena la concentración privada de medios, en otro párrafo del fallo de más de 300 páginas el máximo tribunal habla del "deber ser" de los medios públicos.Al respecto señala que la libertad de expresión también se desvirtúa si a través de subsidios o del reparto de la pauta oficial "los medios de comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas".Además, los jueces apuntaron al gobierno al recordar que la norma "perdería sentido sin la existencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial". En esta línea rechazan que los medios públicos se conviertan en "espacios al servicio de los intereses gubernamentales". También dicen los miembros de la Corte que es de vital importancia que la autoridad de aplicación de la ley (AFSCA) sea un "órgano técnico e independiente", protegido contra presiones tanto del gobierno como de otros grupos.El fallo de la Corte, de esta manera, cierra un capítulo de la controvertida Ley de Medios, al establecer en forma categórica su constitucionalidad. Por lo tanto, en un Estado de Derecho, esa sentencia debe acatarse sin más.Hay que destacar que dentro del sistema republicano de división de poderes, la Corte es la máxima instancia del Poder Judicial y último intérprete de la Constitución. Sus fallos, en este sentido, son inapelables y deben ser respetados por todos los ciudadanos e incluso por los otros poderes del Estado.La Corte, en tanto, reconoce que el Grupo Clarín tendrá derecho a reclamar en la medida en que no reciba un trato justo en el proceso de aplicación de la Ley de Medios.Al respecto, no pocos expertos vaticinan que se abre a partir de ahora un nuevo proceso de judicialización. Algo que ya adelantó en agosto de este año Daniel Vila, titular del Grupo Uno, segundo holding de medios del país."La desinversión, que es uno de los artículos claves que se está discutiendo, va a requerir de un trámite judicial porque la Corte puede fallar sobre la constitucionalidad de la ley pero después la aplicación va a requerir nuevamente la concurrencia a la justicia", explicó.Cabe mencionar que Vila y su socio José Luis Manzano aún esperan la aprobación de la AFSCA de su plan de adecuación presentado el año pasado. Allí disuelven el holding y reparten licencias entre ellos, sus familiares y asociados.Por último, la pregunta que el tiempo se encargará de responder es si este proceso se traducirá en mejores medios, mejores comunicadores y más pluralidad de voces.