El rechazo a las llamadas molestas

Los abusos cometidos en la venta telefónica hallan un escollo en el registro "No llame", que cada vez se extiende más en la Argentina, donde se aguarda la aprobación de una ley nacional.En el país ya el 70% de los argentinos tiene la posibilidad de evitar el telemarketing, a través de un sistema que anula las llamadas de empresas que venden productos y servicios.El dispositivo funciona a partir de una lista donde están registrados los ciudadanos que no quieren ser fastidiados por el bombardeo telefónico. De esta manera, las empresas no podrán llamar a ninguna de las líneas inscritas en este Registro.La ciudad de Buenos Aires hizo punta en este servicio a favor del consumidor. En los últimos meses se sumaron la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Chaco, San Juan y Santa Cruz.Por su cuenta, también crearon sus propios registros las ciudades de Rosario, Río Cuarto, La Plata y Salta Capital.Así, los habitantes de estos distritos pueden dejar expresa constancia de su rechazo a recibir llamadas indeseadas con fines publicitarios y comerciales. Se calcula que alrededor de 28,7 millones de personas (el 71% de los argentinos) tiene la posibilidad de inscribir sus líneas telefónicas (fijas, celulares o ambas) con este propósito.Las empresas que realicen promociones deben eliminar esos números de sus bases de datos, ya que de insistir pueden ser denunciadas y recibir sanciones y multas millonarias.En tanto avanza en el Congreso una ley-que ya tiene media sanción- para crear un registro a nivel nacional, en un intento por limitar y regular los abusos y excesos reiterados del telemarketing.Desde la introducción del teléfono al mundo empresarial las conversaciones por este medio han contribuido a la mercadotecnia. Pero no fue sino hasta 1962, en Estados Unidos, cuando se reconoce el mercado por teléfono.Desde entonces la estrategia de contactar por este medio de comunicación con clientes potenciales, con el fin de comercializar productos y servicios, se ha expandido.Dichos clientes se identifican y clasifican por varios medios como su historial de compras, encuestas previas, participación en concursos o solicitudes de empleo (por ejemplo, a través de internet).Los nombres también pueden ser comprados de la base de datos de otra compañía u obtenidos de la guía telefónica u otra lista pública o privada. El proceso de clasificación sirve para encontrar aquellos clientes potenciales con mayores probabilidades de comprar los productos o servicios que la empresa en cuestión ofrece.Ahora bien, esta práctica es rechazada por cada vez más consumidores, quienes critican a las compañías por realizar muchas llamadas no deseadas y por utilizar técnicas de venta agresivas.Las personas, en principio, tienen derecho a no ser molestadas o perjudicadas en su intimidad. Aunque según los expertos de consumo el telón de fondo del asunto es el tráfico de datos personales.En la reforma de la constitución de 1994, se incorporó justamente el habeas data, en el artículo 43, por el cual se consagra que toda persona tiene derecho a conocer que información tiene el Estado y los privados sobre su persona y exigir que se eliminen y o se divulguen datos erróneos.Paralelamente, en el marco de esta legislación, se creó en 2001 la Dirección Nacional de Datos Personales, cuya misión principal consiste en controlar el flujo de información privada de la gente.Sin embargo, de que se consagren derechos en abstracto no se sigue que se respeten en la realidad.