El termómetro para medir no funciona bien

Desde hace un tiempo en la Argentina, en lugar de discutir la marcha de la economía, se polemiza sobre si los datos oficiales que existen sobre ella son confiables o no.La intervención del INDEC, el organismo estadístico estatal, ocurrida a principios de 2007, coincidió con el rebrote de la inflación, un fenómeno asociado a la psiquis de los argentinos.Desde entonces se instaló la duda lógica respecto de la veracidad de las mediciones sobre el alza de precios. Más que eso: nadie cree en el Indec, al que se percibe como un instrumento de operación retórica del poder político.Ocultar la situación de aquellos que han quedado relegados frente a la inflación, tiene el efecto de falsificar todo el cuadro social del país, instalando un escenario más "virtual" que real.De esta manera, el termómetro que mide la inflación, y por esta vía la cantidad de pobres y los efectos distributivos del modelo económico en curso, se convirtió en objeto de intensa polémica.Ante la sospecha de adulteración de las estadísticas instalada en la opinión pública, y la presión de los organismos internacionales de crédito (FMI), el gobierno se vio obligado a encargar a un grupo de universidades que realizara una evaluación sobre el método utilizado para calcular la inflación.Pues bien, dichas casas de estudios (UBA, Tres de Febrero, Rosario, Mar del Plata y Tucumán), en un informe que ya está en poder del gobierno, dicen que el IPC actual no es confiable porque no refleja el gasto de los hogares.El contenido del documento académico, que cuestiona la transparencia institucional del máximo organismo estadístico estatal y aconseja cambiar su método, ya trascendió a la prensa.Una de las distorsiones graves pasa por la confección de la canasta de consumo de los hogares. Por ejemplo, algunos rubros tienen mayor peso en tanto que otros disminuyeron su incidencia.También se redujeron la variedad de productos y servicios en la canasta del IPC. Así, al alterar la calidad de la canasta, ésta deja de ser representativa, sobre todo de los hogares medios y altos.Es decir, el organismo no mide lo que debe sino lo que le interesa, de manera de dibujar un cuadro en el cual básicamente se subestima la pobreza, al tiempo que genera una ilusión de ascenso social.Al respecto, es interesante saber en base a qué criterio económico el gobierno nacional, a través del Indec, considera que alguien es pobre o indigente.Para el gobierno, un matrimonio con dos hijos pequeños necesita de un ingreso de al menos 545 pesos para no caer en la indigencia, y un mínimo de 1.186 pesos para no ser considerada una familia pobre.En base a estos criterios metodológicos, se podría decir entonces que en Argentina no hay indigentes y que los pobres son una rareza social, como de hecho postula el gobierno.En esta lógica, el grupo familiar que tiene ingresos por encima de los 1.200 pesos se puede considerar afortunado, porque ha dejado atrás la estrechez económica y acaso ya pueda ahorrar.La pregunta que surge ahora es qué hará el gobierno con la sugerencia de las universidades. ¿Arreglará el termómetro que mide la realidad social del país, aunque eso signifique el reconocimiento de que hay más pobres que los que él mismo reconoce?A juzgar por el dictamen de los académicos, el organismo estadístico oficial ha venido cumpliendo hasta aquí un fin propagandístico del tipo: "Si hay pobres, que no se noten".Como no "existen los hechos, sino sólo interpretaciones", parece decirnos el poder, lo importante es lo que el público "crea" sobre lo que pasa, a cuyo objetivo retórico el Indec presta un servicio estratégico.