El todo vale

La decisión de la administración Kirchner de adelantar las elecciones legislativas nacionales confirma una vez más que todo vale a la hora de mantenerse en el poder. En términos maquiavélicos, es decir en la lógica que concibe que nada está por encima de la voluntad de poder, ni la ley ni el andamiaje institucional, acaso se esté en presencia de una jugada magistral.o

Se trataría, en efecto, de una hábil maniobra dirigida a fortalecer las chances electorales del oficialismo, que al achicar los tiempos de la votación, mejoraría su performance en las urnas.

Los beneficios, en estos términos, serían a priori claros. Los analistas coinciden que así el gobierno evita que los comicios se realicen en un momento de mayor tensión social, que espanta votos, porque en octubre la crisis económica se hará sentir con crudeza.

Además, a medida que pasa el tiempo, la Caja se evapora al ritmo de la caída de la recaudación, con lo cual el gobierno se queda sin margen para repartir, sobre todo en el conurbano bonaerense, donde tendrá lugar la “madre de todas las batallas”.

Paralelamente se menciona que en octubre el gobierno deberá tomar decisiones anti-políticas, como retornar al FMI (porque no podrá afrontar los vencimientos de deuda) o una muy probable devaluación (que pulverizará otra vez los ingresos), y entonces urge adelantar los comicios.

Algunos especulan, en este sentido, que despejado el “obstáculo electoral” –como ha dicho la presidenta- el gobierno podrá “chavizarse”, tomando decisiones extremas, que en principio son refractarias a la idiosincrasia de los argentinos.

La jugada sería inteligente, además, porque descoloca a la oposición (que no termina de armarse y ya está divididas ante la iniciativa), al tiempo que se pone freno a la fuga que se estaba registrando en las filas kirchneristas.

Otra virtud del adelantamiento es que el gobierno elude el dilema que le plantea el campo. Ahora el foco de atención no serán las retenciones sino la puja electoral. También las otras demandas sociales, como la inseguridad, quedarán eclipsadas.

Probablemente haya otras ventajas de índole electoral. Pero la pregunta de fondo que hay que hacerse es cómo sale parada la Argentina, como país, ante esta inocultable manipulación institucional.

Lo cierto es que modificar los plazos electorales establecidos por ley –la elección nacional debe ser el último domingo de octubre de acuerdo al Código Electoral vigente- de acuerdo a conveniencias políticas partidarias, ratifica que la Argentina es un país que viola sistemáticamente las reglas de juegos institucionales.

Estamos en presencia, una vez más, de una lógica facciosa en la gestión institucional del país. El mensaje último lanzado por el oficialismo es que cualquier medida puede ser posible con tal de asegurar el triunfo electoral.

A decir verdad, esto de erigir la voluntad de poder por encima del derecho, no es nuevo en la Argentina. Hace 20 años, Raúl Alfonsín adelantó más de cinco meses las elecciones presidenciales de 1989, porque su equipo económico le informó que el plan económico tendría vida hasta entonces.

Es decir, ¿quién o qué fuerza política puede tirar la primera piedra en la Argentina?. La anomia institucional del país viene de lejos, y a la vista de los acontecimientos, parece un cáncer que lo carcome.

“¿Por qué adelantan tanto las elecciones? ¿Tienen miedo de perder? ¿Dónde está la calidad institucional?”. Estas palabras republicanas no fueron dichas por un dirigente opositor, sino por el mismísimo Néstor Kirchner hace unos días, apuntándole a Catamarca.

Como se ve, todo vale.