En el nombre del Estado

¿A quién representa el Estado entre nosotros? ¿A la sociedad o a quienes empuñan el timón del gobierno? Responder este interrogante es dar con una de las claves del fracaso argentino."El Estado argentino no es el Estado sueco, el francés o el chileno; ni siquiera el italiano. Desde hace un tiempo, sus gobernantes no sirven al Estado sino que se sirven de él".Difícil no estar de acuerdo con el historiador Luis Alberto Romero, autor de esta impactante frase, la cual está contenida en un artículo cuyo título es toda una tesis: "El gobierno, contra el Estado".Allí este historiador, y director del Centro de Historia Política de la UNSAM, pasa revista al uso que se le ha dado en la Argentina a esta institución, el Estado, en teoría llamado a defender el interés general.La conclusión es lapidaria: en términos generales, quienes tomaron su control, al menos en las últimas décadas, tendieron a usufructuar de él, pervirtiendo su función básica.Cada grupo que tomó las riendas del Estado, lo utilizó en provecho propio y en beneficio de algunos sectores. "Fue crecientemente colonizado por los intereses que debía controlar", refiere Romero.Por supuesto, para acometer el despojo del Estado, es decir de lo público, en todas las épocas se ensayaron justificaciones. (Al poder le podrán faltar razones, pero nunca argumentos).Algunas veces, por caso, se apeló al mercado, y otras al mismo Estado. Generando una falsa antinomia: privatistas versus estatistas. Pero el resultado siempre fue el mismo: la destrucción de lo público."Detrás de las palabras, las prácticas van a lo mismo: alimentar a quienes gobiernan, a costa del Estado, es decir, del patrimonio de todos", gatilla Romero.En el nombre del Estado hoy se avanza sobre las jubilaciones, las empresas quebradas, el fútbol y los medios. ¿Es en beneficio de la sociedad o del grupo hegemónico gobernante?Los antecedentes históricos avalan lo peor. Detrás de los discursos más seductores, se suelen esconder intereses poderosos -en algunos casos verdaderas mafias- que no buscan la defensa de lo público.Bajo la retórica anti-monopólica, y una cruzada por la "distribución equitativa de la palabra", hoy se pone al Estado en el centro de la comunicación social.En abstracto la cosa pinta linda. Pero aquí lo que cuenta es la realidad. Y la realidad indica que en Argentina el Estado es el Gobierno, y el Gobierno significa las personas que lo usufructúan."Incluida desde luego la legión de Brancaleone compuesta por obsecuentes, amigos, socios y testaferros", según la definición ampliada de 'gobierno' que hace Marcos Aguinis en "¡Pobre Patria mía!".Quienes defienden la Ley de Medios se exaltan: "El Estado recupera el control de un área crucial". A decir verdad, parecen vivir en otro país.Porque el Indec es también un organismo público, y hasta donde uno sabe este gobierno lo ha cooptado, para fraguar los indicadores sociales. (Sin olvidar lo que pasa con el Consejo de la Magistratura).Algunos parecen no percatarse, por otro lado, de la discrecionalidad del poder de turno en el manejo de la pauta oficial. Ni de la compra de medios por amigos del poder.Además, en función de que aquí lo estatal es lo gubernamental, los llamados medios públicos en Argentina (Canal 7 y Radio Nacional), no son la BBC de Londres.Si algo queda claro de estos medios argentinos, en los años de democracia, es su aprovechamiento partidario faccioso.Ojalá tuviésemos un Estado que salvaguarde los derechos mayoritarios. Y que, como lo dice su definición, represente a la sociedad, y no al mandamás de turno.