Entre la cerradura y la escalera

La intensidad alcanzada por la campaña electoral a través de un inusual despliegue publicitario, ha llamado la atención de la Justicia. No sólo advierte que se está violando la ley electoral, sino que también quiere saber de dónde salen los recursos para financiar las costosas promociones. Mario Alarcón Muñiz De las campañas proselitistas se ha ocupado la Justicia esta última semana dos veces. El martes la Cámara Nacional Electoral recordó los límites de las campañas y en una medida inédita ordenó a los precandidatos  presidenciales dar cuenta de los gastos.El viernes la misma cámara, integrada por los magistrados Corcuera, Dalla Vía y Munné,   solicitó a los jueces de todo el país con competencia electoral, que sancionen las prácticas ilícitas materializadas por la enorme cantidad de promociones políticas anticipadas a los términos establecidos por la ley."La publicidad fuera de plazo no sólo implica un factor de desigualdad entre quienes participarán de la elección, sino que también conlleva un alto grado de opacidad respecto de la identidad de las fuentes de financiamiento", señaló la Cámara Nacional Electoral.Exigió que "se declare, para conocimiento público, quiénes aportan los recursos económicos con los que se financia la promoción de dichos postulantes". Además dispuso iniciar causas penales para determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan a quienes realizan los anuncios en infracción.No hace falta agregar demasiado. La publicidad para las elecciones primarias está autorizada  por la ley 26571 desde 30 días antes del comicio y para las generales con 35 días de anticipación. Sin embargo, todos somos testigos del despliegue inusual, exagerado y carísimo de los precandidatos, sean nacionales, provinciales o municipales.Varios de ellos están en campaña desde hace un año, gastando plata que no se sabe de dónde sale. No pocos son funcionarios y no vacilan en ocupar para sus candidaturas el tiempo y la influencia de cargos pagados por el Estado, cuando no manotean el presupuesto estatal con fines proselitistas. Avivadas y trampitasEl cumplimiento de lo dispuesto por la Justicia electoral no será un asunto sencillo. Ya aparecieron las primeras insinuaciones defensivas. La gran mayoría excluye la palabra "candidato" y hasta el cargo al que se aspira,  para evitar caer en la veda de la ley. Pero bien sabemos de qué se trata. Nadie come vidrios.Un caso muy visible en Entre Ríos es el del ministro de Gobierno, Adán Bahl. Ya sacó ventajas con una fuerte campaña, pero no habla ni de "candidato" ni de "gobernador". Se le puede llamar avivada, picardía, trampita, pero el afiche de gran tamaño sólo dice "Urribarri" encima del nombre de Bahl y su foto sonriente de gran tamaño. Sugiere -no más que eso y de manera indirecta- el apoyo del gobernador. Se verá si esto es así, pero mientras tanto el afiche luce en toda la provincia. Uno de sus adversarios internos en la carrera por la jefatura de la Casa Gris, el diputado Julio Solanas, se quejó suponiéndose en desventaja. El 26 de febrero le pidió públicamente a Bahl "no usar su condición de ministro ni ocupar el aparato del gobierno para posicionarse en las primarias".Otros precandidatos -oficialistas y opositores- proponen "otra provincia", "uno quepuede", "una provincia distinta", "el compromiso", "la hora del cambio", en la capital provincial uno promete "Paraná potencia" (¿?) y así el resto de las promociones, algunas curiosas y hasta divertidas.Los candidatos y sus promotores suelen actuar sin reparos. No sólo violan la ley nacional, sino también disposiciones provinciales y municipales.Muchas ciudades han reglamentado desde tiempo atrás la ocupación del espacio público mediante expresas ordenanzas  locales. No las respetan ni los candidatos a intendente. De qué manera piensan cumplir y hacer cumplir las ordenanzas si llegan al gobierno comunal, es un misterio, pues se postulan ignorándolas. Es probable que haya alguna excepción, pero por lo general, al menos en Entre Ríos, ese es el panorama.En las ciudades que han reglamentado la publicidad callejera, es común prohibir la colocación de carteles o pasacalles en las columnas de alumbrado y en el arbolado urbano por razones de seguridad y de cuidado ambiental, entre otras restricciones. Nadie las respeta. Nadie las hace cumplir.Los paseos públicos, principalmente las plazas céntricas, son tierra de nadie. Un caso curioso es el de la plaza mayor de Paraná, 1° de Mayo. Desde hace tiempo en sus cuatro esquinas hay placas advirtiendo la prohibición de colocar carteles, pancartas y pasacalles. Encima de las placas se amontonan los carteles políticos. Nadie ordena retirarlos. ¿De dónde sale tanta plata?Es la pregunta de la semana después de la intervención de la Justicia electoral. ¿Quiénes ponen tanta plata?  A los entrerrianos nos asiste el derecho de saber de dónde salen los recursos para esta campaña que sin dudas se intensificará a medida que avance el tiempo. Mientras tanto, en atención a la transparencia y la credibilidad de los candidatos, ellos mismos se beneficiarían mostrando los números. Dinero hay, es evidente. A esto nadie lo hace gratis ni a crédito. La mayoría de las empresas publicitarias, cuando de campañas políticas se trata, exigen el pago anticipado.Faltan cuatro meses para las primarias y nadie duda que nos seguirán fatigando con nombres, candidaturas y ruido. Los problemas reales de la gente quedan para más adelante, vaya uno a saber cuándo...Ahora estamos entre la cerradura y la escalera. Unos la cerradura para no dejar el puesto, otros la escalera para subir.