Es hora de dar vuelta la taba

También es hora de estudiar y debatir un nuevo regimen de distribución más equitativa de recursos entre la Nación y las provincias. Los hechos cotidianos lo demandan.Mario Alarcón Muñiz Los episodios que en los últimos meses han alcanzado estado público, desnudando serios problemas financieros provinciales disimulados hasta hace poco, indican la necesidad de una corrección a fondo de la coparticipación federal. Quien haya leído esta columna y tenga algo de memoria, recordará que en varias ocasiones hemos advertido acerca de la voracidad de la caja nacional y su efecto a mediano plazo sobre las provincias. Para algunas no ha sido tan mediano, sino más bien corto.Obsérvese el caso de Buenos Aires al que mencionábamos hace una semana y está en el centro del escenario nacional. El problema saltó allí por la interna K, según se ha visto, pero tarde o temprano se hubiese planteado -de esa o de otra forma-  porque la plata no alcanza. Esta es la realidad.La Presidenta le reprocha al gobernador Scioli "incapacidad de gestión". Recién ahora se dio cuenta y quizá le asista cierta razón (carecemos de suficiente información sobre el manejo de su provincia), pero al margen de las calidades administrativas es evidente que las cuentas están desequilibradas. O son demasiados los gastos o son escasos los recursos. No hay misterios en esto.Tampoco es novedoso que el cuadro se repita en todas las provincias. Números más, números menos, se sabe que es así. Y para sortear los inconvenientes que tales situaciones provocan, todas dependen del auxilio nacional. Es decir, de la mayor o menor voluntad del poder central para tirarles sogas a los gobernadores. A este si, a este no, a este veremos.El reparto de las sobrasEl domingo anterior en esta columna, señalábamos que varias consultoras privadas calculaban el déficit global de las provincias este año entre 16.000 y 20.000 millones de pesos. Un nuevo dato apareció en la semana aportado por la Consultora Economía y Regiones: será de 25.000 millones de pesos el rojo de las provincias. Otra información de estos días consigna que las deudas provinciales -con el Estado nacional y otros acreedores, algunos extranjeros- suman 110.000 millones de pesos.Algo hay que hacer, ya no se duda. ¿Por qué no pensar entonces con sentido federal e intentar avanzar hacia ese federalismo que suele proclamarse en los discursos e ignorarse en los actos reales?Las provincias están escuálidas porque el gobierno nacional se queda con la torta grande y reparte las sobras. Así era en los comienzos de la ley de coparticipación federal de impuestos (1935) cuando el Estado nacional destinaba a las provincias el 18%  de la recaudación. Perón (1949) corrigió el índice llevándolo al 51%. Alfonsín (1988) lo aumentó al 54% mediante la ley 23.548 que nadie ha derogado, pero tampoco nadie respeta.Primero la atropelló Menem (1992) quitándole el 15% para financiar el sistema previsional afectado por el crecimiento de las Afjp. Estas entidades desaparecieron (2008) a raíz de la reestatización del sistema, pero el gobierno siguió rateando el 15%. Y seguirá al menos por el resto de este período, porque a fines de 2011 la Presidenta, mediante un decreto "de necesidad y urgencia" extendió ese recorte por cuatro años más.Mendigar en Buenos AiresEl seguimiento lineal de estos números indica que las provincias reciben el 39% desde Menem hasta Cristina. Pero tampoco es así. Mediante un procedimiento favorecido por la compleja distribución de los porcentajes y una fórmula polinómica que sólo entienden los especialistas, cada año el índice se achica a través del presupuesto del Estado,  violando la ley sin que nadie se sonroje ni proteste. Este año es del 26%, vale decir el menor desde 1949 y casi la mitad de lo que manda la ley.Además no están comprendidos todos los tributos nacionales. Del impuesto al cheque (establecido en 2001 como "emergencia" por la crisis) sólo se coparticipa el 15%, en tanto que los derechos de importación y exportación, combustibles, energía, bienes personales, seguros, tabaco y espectáculos, entre otros, los percibe únicamente el Estado nacional.Mientras tanto, la Constitución de 1994 (Cristina estaba) en su art.75, inc.2, determina las condiciones generales de la coparticipación, además de ordenar en su sexta disposición transitoria que "el regimen de coparticipación será establecido antes de finalizar 1996". A pesar de la precisión de esta cláusula, nadie la ha tenido en cuenta, según se ve. Y a nadie se le ha ocurrido siquiera insinuar la posibilidad de iniciar conversaciones y consultas al respecto.Los gobernadores están obligados a hacerlo. El asunto les concierne de manera primordial, aflicciones incluidas, pues se trata de recursos generados en sus respectivas provincias. De igual manera la situación obliga a los legisladores nacionales, representantes de sus pueblos, no del poder central.Este es el camino. A menos que unos y otros prefieran mendigar en Buenos Aires sus recursos legítimos, renunciando a dar vuelta la taba para que sus pueblos vivan un poco mejor, sin depender del humor centralista.