Fraude al Estado, recién en sus comienzos

Verónica Toller y Mónica Farabello. Periodistas. Vocación, compromiso y trabajo. A ellas dedico hoy esta columna. Los necios, intolerantes y retrógrados siguen creyendo que el culpable de las cosas que suceden es el periodista que las publica. Por separado hay que atender la investigación de fraude al Estado que recién está comenzando. Mario Alarcón Muñiz Lo que ocurrió es bien conocido, sobre todo en Gualeguaychú. Verónica trabaja para Clarín y publicó el caso de la adolescente que había bajado su rendimiento en la escuela Héroes de Malvinas porque llevaba cuatro días sin comer. Mónica se desempeña en El Día. Desde hace tiempo se ocupa de la falta de terrenos para el plan Procrear.De diferente manera, ambas fueron víctimas de agresiones, no físicas por fortuna. Poco faltó para acusar a Verónica, por parte de funcionarios, de traición a la Patria o destituyente. No fueron esas las palabras, sino su significado. En fin, lo que se acostumbra. A Mónica el último verano autores anónimos le apedrearon la casa y el pasado fin de semana se la pintarrajearon.Estas intimidaciones a periodistas son propias de las peores épocas de la intolerancia y el atraso. Lo  revelan ciertos individuos desde la función pública o ubicados en ventajosas posiciones políticas o económicas. Son los intocables. Creen que el sitio al que han accedido es eterno. Quien osa deslizar un cuestionamiento se convierte en enemigo al que se debe destruir. ¿Libertad de expresión?¿Rige la libertad de prensa en la Argentina? Más de una vez nos lo hemos preguntado. Si nos guiamos por los parámetros clásicos, claro que hay libertad de prensa. Quien lo desee y esté en condiciones de hacerlo, puede editar un periódico, abrir una radio, escribir, informar, opinar. Nadie le ha de clausurar la publicación, ni le secuestrará las ediciones, ni le destruirá la imprenta, ni le silenciará la radio, ni lo pondrá preso al periodista. Menos aún lo matará. Eso está claro.Los métodos son otros. En la actualidad consisten en cercar al medio o al periodista de diferentes formas, principalmente económicas, para que calle lo que el poder cree que debe callar o aplauda a rabiar lo que el poder cree que debe aplaudir. Apriete, que le dicen. El condicionamiento a los medios y a los periodistas a través de la pauta de publicidad oficial o de ciertas ventajas de diversa índole y la presión al medio para que se desprenda de periodistas "indeseables", son las más habituales mordazas del nuevo tiempo.Cabe sumarles las agresiones a Verónica y Mónica. Quienes compartimos con ellas este oficio -pese a todo "el más lindo del mundo", según García Márquez- debemos estar atentos para evitar que estas cosas se repitan y dispuestos a responder cuando  haga falta, además de esperar un desagravio público a ambas periodistas, tal como acaba de proponerlo el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa.Un fraude mayorEl fraude a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), se ha convertido en una severa complicación para el gobierno, confirmándose nuestro pronóstico de hace dos semanas en esta columna. A medida que avanza el tiempo, crece el volumen de la estafa al fisco y de los presuntos involucrados.Algo se rumoreaba desde el mes pasado en el seno de la repartición, cuando el director de Interior de la ATER,  Francisco Valiero -hermano del ministro de Economía- tropezó con una empresa que había cancelado su deuda impositiva, pese a haberle solicitado una financiación poco tiempo antes. Se destapó la olla. Renunció el tesorero general de la Provincia, Gustavo Gioria y se dispuso el desplazamiento de dos funcionarios de carrera.A renglón seguido, el director ejecutivo de la ATER, Marcelo Casareto, afrontó la situación y el lunes 9 de este mes denunció el caso ante la Justicia. Se habían detectado irregularidades en las compensaciones fiscales de 65 empresas por unos 18 millones de pesos, desde el 1 de enero de 2012 hasta el presente.Por su parte, el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amílcar García, consideró necesario indagar más atrás, sugiriendo hacerlo desde 2006.  En definitiva  el último viernes se anunció que la investigación se remontará a 2008.Durante la semana se registraron avances en el juzgado de Instrucción a cargo de la doctora Marina Barbagelata (fiscales Laura Cattáneo y Gervasio Labriola), estimándose que habría más funcionarios involucrados y probablemente contadores privados. En este sentido el procurador García se refirió el martes a "quienes tenían el deber de evitar estas cosas o denunciarlas y no lo hicieron".La denuncia fue ampliada el miércoles por Casareto detectándose 20 millones de pesos más en el volumen de la defraudación que ahora se extiende a 141 empresas. Y puede haber más. El tiempo lo dirá  La oposición no se hizo rogar y se sumó a los reclamos. Los diputados Jorge Monge y Ema Bargagna ampliaron la denuncia oficial extendiéndola a "falsos pagos de impuestos de grandes contribuyentes", sin dar a conocer mayores detalles. Aclararon que se trata de "presuntas conductas ilícitas nuevas, técnicamente distintas"  de las denunciadas por la ATER, pero  advirtiendo que  "llegará a sumas muy grandes".No se duda que esto hará ruido. Mientras se registraban las defraudaciones, el contribuyente común afrontaba aumentos de impuestos año tras año, especialmente el presente con el llamado "impuestazo" que el gobierno confundió con "reforma".Aportó lo suyo estos días el ex diputado Atilio Benedetti considerando  que  Casareto "debe renunciar". La respuesta del funcionario no fue muy argumental que se diga. Consistió en acusar a Benedetti de "estar con los chorros".Es probable que nos encontremos frente al más grave problema de gobierno que se haya planteado durante la gestión de Urribarri. El tiempo lo dirá.