¿Ha fracasado el federalismo?
La realidad nacional nos muestra que el federalismo tiende a desaparecer. Apenas subsiste en la letra de la Constitución y en ciertas formalidades de nuestra organización política.Mario Alarcón MuñizLa centralización del poder en la Argentina no es un fenómeno nuevo. Llama la atención, sin embargo, el avance de esa política absorbente en detrimento de las provincias, registrado en los últimos años. Casi todo depende, cada día más, de la Casa Rosada, emplazada en el mismo solar otrora ocupado por el fuerte español de los virreyes.En rigor, salvo contados períodos, el federalismo ha mostrado todas las características de una expresión de anhelos. Siempre falta algo (o mucho) para alcanzarlo. Y a veces -como ahora- se aleja hasta perderse tras la neblina.Nuestro país es federal en la forma y unitario en el fondo. Pocas veces borró ese dibujo que grafica una de las grandes contradicciones argentinas. Es frecuente vivar a Artigas y Ramírez, pero seguir a Rivadavia y Mitre con total soltura. Hoy es más notorio.Las provincias -y no hay excepciones- parecen dependencias del poder central. Si no hay plata de la Casa Rosada, no funcionan. O lo hacen con severas limitaciones. Los gobernadores desempeñan el papel de gerentes o delegados del gobierno nacional. A varios les encanta mostrarse a puro aplauso en los discursos presidenciales. Alguno que otro reclama -no demasiado-, pero "lo agüenan" privándolo de recursos.No es muy diferente el rol de los legisladores nacionales. Senadores y diputados de la Nación representan a las provincias y al pueblo de cada una de ellas, respectivamente. No bien se sientan en las bancas priorizan las divisas. Oficialistas acá, opositores allá. Las provincias y sus pueblos pasan a segundo orden.A cada uno lo suyoEl más grave problema de esta concentración centralista (o unitaria) del poder, es el financiero. En los comienzos de nuestra organización institucional, el presupuesto de la Nación se sostenía principalmente con la percepción de los derechos de importación y exportación -de ahí el peso de la aduana de Buenos Aires en la política argentina- y la explotación y venta de las tierras públicas. Las provincias sustentaban su funcionamiento en los impuestos internos, libremente establecidos por cada una de ellas.Avanzado el siglo XX el Estado nacional creó nuevos gravámenes, incluyendo el impuesto a los réditos en 1935. Se registraron entonces algunas superposiciones con tributos provinciales. Para subsanar la anomalía y -se dijo- "con criterio de justicia distributiva", se sancionó ese mismo año la primera ley de coparticipación federal. "El gobierno nacional recauda, pero reparte", se explicó. Al fin de cuentas esos recursos provienen de jurisdicciones provinciales, donde viven, actúan y trabajan los contribuyentes.Los números del repartoEn principio se acordó distribuir un 18% entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires, según territorio, población, actividades, recaudación, etc. El índice se mantuvo hasta 1949, cuando en su primer gobierno Perón lo elevó al 51%. En 1975 se lo ajustó al 52,4%, pero al año siguiente la dictadura y Martínez de Hoz lo redujeron al 32%.Restablecida la democracia muchos gobernadores presionaron en favor de una mayor coparticipación. Lo consiguieron en la presidencia de Alfonsín a través de la ley 23548, que fijó el índice en 57,66%, menos el 1% destinado a atender urgencias, catástrofes o situaciones imprevistas mediante los denominados ATN (Aportes del Tesoro Nacional).Aquel 56,66% duró poco tiempo, apenas cuatro años. En 1992 Menem y Cavallo le echaron mano quitándole el 15% a cada provincia para financiar el sistema previsional estatal, altamente deficitario a raíz de la creación de las AFJP. Lo curioso es que estas entidades desaparecieron hace cuatro años al reestatizarse el sistema, los aportes jubilatorios volvieron a la ANSES, pero la Nación ha continuado manoteando el 15% a cada provincia. Y seguirá así por lo menos hasta 2015, pues a fines de 2011 la Presidenta firmó un decreto "de necesidad y urgencia" prorrogando ese recorte de fondos provinciales hasta el final de su mandato.Entre tantos números, viene bien saber que el último año la Nación distribuyó a las provincias el 26% por coparticipación de impuestos. Ha sido el menor índice de los últimos63 años. ¿La ley? Está por ahí. Así no hay federalismo que funcione.Mientras tanto persiste el incumplimiento de la Constitución de 1994 que en su sexta disposición transitoria ordena elaborar un nuevo régimen de coparticipación "antes de finalizar 1996".La misma Constitución (art.75, inc.2) instituye el régimen de coparticipación, indicando que la distribución de fondos a las provincias "será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades".Fondos para los fielesAlgunos gobernadores no disimulan su molestia frente a esta situación. Binner (Santa Fe) fue el primero en hacerlo el año pasado, antes de finalizar su mandato. De la Sota (Córdoba) ha endurecido su posición, distanciándose del gobierno nacional. Scioli (Buenos Aires) lo pasó mal cuando hace seis meses reclamó fondos, pedido que acaba de reiterar.Del resto poco se sabe. Pero casi todos han cerrado el año en rojo. Una consultora privada calculó en 30.000 millones de pesos el déficit de las provincias en 2012. Todas ellas dependen de la distribución nacional. Al reducirse ésta, se han visto obligadas a aumentar los impuestos provinciales y ya no hay tiento que aguante.Mientras tanto, el poder central aprieta con la chequera. Hay fondos para los fieles y obedientes. Los otros que esperen.¿Ha fracasado el federalismo? Es un tema de debate que pronto continuaremos.
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