“Habemus reglamentación”, pero la incertidumbre persiste

En un 2025 con muchas idas y vueltas se sancionó en el Congreso la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley N° 27.793), orientada a garantizar derechos y financiamiento al sector. El Ejecutivo inicialmente vetó (frenó) su aplicación, pero fue obligado por un fallo judicial a reglamentarla días pasados y ponerla en marcha. 

Después de muchos reclamos, se reglamenta mediante un decreto, de manera muy holgada, ya que si bien prevé un aumento “salvavidas” para las prestaciones, habla de cambios y de fortalecimiento en los organismos de apoyo, quedando muchos grises, dado que hay varios artículos que no están reglamentados aún, este decreto no es claro en cuanto a fechas, y en qué proporción se va a dar la actualización de los valores de las prestaciones y servicios que se brindan a las personas con discapacidad, a días de iniciar las clases, por ejemplo. Con respecto a las pensiones, y a pesar de lo que se cree todas las personas con discapacidad cuentan con una, esto no es una cuestión “sine qua non”, es un beneficio que se alcanza después de trámites muy largos y al que la gran mayoría de personas con discapacidad no acceden. Hace años que familias de nuestra Asociación están a la espera de una respuesta y no se les ha otorgado tal beneficio, tornándose un desafío más. Por supuesto estamos de acuerdo con auditorías transparentes y respetuosas, no masivas. Creemos y sostenemos que este beneficio debe ser otorgado a quien realmente lo necesite.

La reglamentación actual (Decreto 84/2026) establece lineamientos para la implementación del régimen de pensiones y prestaciones, criterios de acceso, evaluaciones socioeconómicas, articulación con el Consejo Federal de Discapacidad y mecanismos de control. Pero desconocemos cómo se llevará adelante su implementación. La ley se inspira en el modelo social de discapacidad, que reconoce a las personas como sujetos plenos de derechos, no como objetos de asistencia. Se orienta a garantizar derechos como empleo, salud, educación, accesibilidad y participación social sin discriminación. 

Abordar a la discapacidad de manera integral es sumamente necesario, y es una decisión política. La Ley Establece la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, calculada en función de porcentajes del haber mínimo y compatible con empleo formal bajo ciertos límites de ingresos. Esta Ley también busca regularizar deudas acumuladas con prestadores y suspender recortes que afectaron servicios esenciales. La reglamentación remarca la articulación con el Consejo Federal de Discapacidad y otras instancias de diálogo con la sociedad civil. Esto nos hace ruido porque sabemos que el diálogo con los gobiernos, este y cualquiera de turno, pero con este gobierno en particular siempre es muy difícil hablar de discapacidad y derechos, servicios y prestaciones. La ley entró en vigencia inmediatamente, luego de ser reglamentada esta semana, pero todavía desconocemos los alcances reales. El período de Emergencia Nacional en Discapacidad fue declarado hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Estamos a muy poco de iniciar las clases y todavía hay familias con planes terapéuticos sin aprobar, otras que sus profesionales han decidido cortar la prestación porque no cobran aun los meses de septiembre en adelante. Los transportistas también están en vilo, dado que los gastos para brindar los servicios de traslado son cada vez más costosos y las obras sociales no hacen efectivos los pagos como debieran. También hay muchas instituciones a punto de cerrar sus puertas. “Habemus reglamentación”, pero no contamos aún con respuestas prácticas. Esperamos se agilicen los trámites y se brinden los apoyos económicos que son necesarios para habilitar los servicios.

No hay planes de apoyo y formación docente, por lo que contamos con escuelas abiertas y dispuestas a recibir la diversidad en sus aulas y otras que, sosteniendo un discurso inclusivo, expulsan en el día a día en el aula, imponiendo barreras al aprendizaje y la participación de manera permanente ya sea por desconocimiento o bien por desinterés. Que esta ley no caiga en letra muerta como tantas otras, es fundamental. Por lo que permanecemos alerta.

La discapacidad no debe ser tratada como un gasto a ajustar. Creemos que la inclusión se garantiza con hechos. Con apoyos reales y sostenidos que contemplan a las personas con discapacidad, sus familias y prestadores que no deben ser castigados por elegir trabajar con personas con discapacidad, sino respetados y reconocidos por la labor que brindan. El Estado Nacional no puede, ni debe mirar para otro lado. Seguiremos bregando para que la reglamentación se cumpla de manera efectiva.