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Hay límites que la democracia no puede pasar: el apoyo bélico a un golpe de Estado es uno de ellos

Aunque desde los medios de comunicación hegemónicos de Argentina se haga un esfuerzo enorme por disimular la gravedad del tema, la denuncia del gobierno boliviano, que apunta al Gobierno de Mauricio Macri por el envío de armas, resulta un escándalo mundial. Es crucial que las investigaciones oficiales avancen y que sean juzgados cada uno de los responsables.

Opinión del bloque PJ-Creer*

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia afirmó que el Gobierno de Mauricio Macri tuvo participación en el golpe de Estado, del 10 de noviembre de 2019, que permitió instalar a Jeanine Añez en el poder y obligó el exilio del presidente constitucional elegido por el voto popular, Evo Morales.

Esa participación se materializó en el envío de un cargamento de armas antidisturbios y el grupo elite de Gendarmería Nacional “Alacrán”. El 12 de noviembre de 2019 por la noche salió el vuelo del aeropuerto argentino de El Palomar y llegó el 13 a Bolivia.

“El golpe de Estado en Bolivia para la asunción de la usurpadora presidenta golpista ha tenido el apoyo internacional de países como la Argentina, y eso se demuestra fehacientemente con información constatada en la Fuerza Aérea boliviana", expresó, el último viernes, el ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, quien exhibió el documento oficial que comprueba el envió de armamentos.

Todas las miradas apuntaron a Mauricio Macri, el principal responsable político del apoyo al golpe que, en apenas unos días, dejó más de 20 personas asesinadas y centenares heridas, en las que se conocen como las masacres de Sacaba y Senkata. Pero fueron Patricia Bullrich y Jorge Faurie, ministra de Seguridad y Canciller, por entonces, quienes salieron a tratar de explicar lo sucedido.

Pero las explicaciones se agotaron, palabras más palabras menos, en que se trata de una “operación política”. Se dijo que los gendarmes se enviaron para proteger la Embajada Argentina en Bolivia, que las municiones fueron para realizar prácticas militares y que el documento presentado como prueba por el gobierno boliviano es falso, entre algunas otras respuestas reflejadas por la prensa.

Pero la evidencia fue creciendo con el correr de las horas. Las investigaciones internas de los ministerios de Defensa y de Seguridad de Argentina demostraron no sólo la existencia del vuelo, del cargamento -aunque se marcan “inconsistencias” entre los registros argentinos y los bolivianos- y de los gendarmes, sino también se empiezan a trazar responsabilidades y conexiones con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), la Cancillería, la Aduana y la Presidencia.

Ante esta realidad, la ex ministra y actual presidenta del PRO pasó de la contundente negación de lo ocurrido a la postura del “yo no fui”, como consignó ámbito.com. “En lo que a mí me atañe yo no firmé absolutamente nada. Eso por mis manos no pasó", dijo, en las últimas horas, en una entrevista.

Es importante y saludable que un grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya esté investigando el tema. Resulta imprescindible que también avancen las auditorías dentro de los gobiernos argentino y boliviano. Conocer toda la verdad sobre lo ocurrido no puede ser una opción, lo denunciado es demasiado grave para quedar impune.

Este hecho no puede ser tratado como una simple diferencia o disputa política entre el gobierno del Frente de Todos y el espacio de Juntos por el Cambio. No se trata de la gestión de las vacunas o de su origen, tampoco del debate sobre la presencialidad en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, la denuncia formalizada por el gobierno constitucional del boliviano Luis Arce resulta un duro golpe a las practicas democráticas y a la defensa de los Derechos Humanos en toda la región.

La joven democracia argentina no se puede permitir dejar pasar por alto y no repudiar con todas las energías posibles este tipo de practicas que no son más que delitos que deben ser juzgados por las autoridades, nacionales o internacionales, que correspondan.

Quienes asumimos la representación política del pueblo no podemos mirar para el costado, como si el problema fuera menor. La institucionalidad se defiende con actos, no con discursos, y a los autoritarismos antidemocráticos les respondemos con la verdad y la justicia. No nos podemos permitir otro camino. Hay límites que la democracia no puede pasar: el apoyo bélico a un golpe de Estado es uno de ellos.

*Postura política de las y los concejales de Gualeguaychú ante "el envío de armamentos para apoyar el golpe de Estado en Bolivia".

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