Incierto futuro de la lucha ambiental

El reciente procesamiento de ambientalistas entrerrianos pone en evidencia que la mayoría de los gobernantes y algunos jueces no entienden de qué se trata. Habrá que explicarles. Estamos hablando de la vida, algo un poco más importante que cuatro camiones.  Mario Alarcón Muñiz Las turbulencias de la semana desplazaron de la consideración pública a más de un tema preocupante. El caso Nisman, el fallo del juez Rafecas, los cambios en el gabinete nacional, el mudo repliegue de Capitanich, el último mensaje de la Presidenta al Congreso, el conflicto de la educación y su complicación en Entre Ríos, han dejado allá en el fondo, sin mayores comentarios, un asunto que también merece atención preferente. Se trata de la crimininalización de la protesta social, esta vez en perjuicio de cinco ambientalistas de Concordia. Es un nuevo episodio de avance sobre los reclamos de la gente, quizá para amordazarlaNo es nuevo el intento.  Asuntos similares nutren la experiencia de la Asamblea Ambiental de  Gualeguaychú con  más de una década golpeando en tapera sin que declinen su decisión y sus razones, pese a soportar toda suerte de indiferencias, amenazas y maniobras. Por lo pronto el nuevo caso exige la mayor sensatez de los  jueces y una decidida actitud de funcionarios y legisladores. Agresiones notoriasEn agosto del año pasado, una manifestación ambientalista de Concordia procuró impedir el paso a Uruguay por el puente de Salto Grande, de cuatro camiones de exploración sísmica, etapa previa a la perforación por el peligroso método del "fracking" en procura de gas y petróleo. Sucede, sin embargo, que a partir del período de estudio y más adelante, tras iniciarse la fractura del subsuelo, se pueden producir sismos.El método es relativamente nuevo, pero ya hay experiencias conocidas. En algunos estados norteamericanos -principalmente Oklahoma, pero también Alabama, Arkansas, California y Nebraska- se han detectado  movimientos sísmicos tras iniciarse las tareas del "fracking". En la región española del Levante, con centro en Valencia, los sismógrafos registraron en 2013 cerca de 400 sismos y microsismos, cierto es que muchos de ellos imperceptibles, pero sacudimientos subterráneos al fin, supuestamente originados por cercanas perforaciones de la Oil and Gas.   .A ese riesgo se añade el de contaminación de las aguas subterráneas, pues se opera con productos químicos de alta toxicidad, según confirman los expertos, además de otras agresiones a la naturaleza; es decir, a la vida. Detenidos y ahora procesadosAquella movilización de Concordia trató de alertar acerca de los peligros del "fracking", sobre todo porque las máquinas parecían destinadas a los departamentos de Salto y Artigas, vale decir los más cercanos a la represa de Salto Grande. La versión se confirmó, pues allí están operando.Mientras la manifestación ocupaba parte de la ruta sin interrumpirla, salvo el avance de los camiones en cuestión que fueron derivados a la  banquina, llegó la Gendarmería Nacional, detuvo a cinco asambleístas y los condujo al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. En la represión los gendarmes golpearon a algunos ambientalistas, se denunció.A los pocos días los detenidos quedaron en libertad. No obstante, la causa continuó y el 19 de febrero el juez federal Pablo Seró los procesó penalmente. Se los acusa de "entorpecer el normal funcionamiento del transporte terrestre". Los asambleístas admiten que desviaron los cuatro camiones a la banquina para impedir su paso con los equipos de exploración, pero "en ningún momento afectamos el transporte público ni interrumpimos el tránsito de otros vehículos", aseguran. Criminalización de la protestaAhora se habilita una instancia judicial muy parecida a las varias que conoce Gualeguaychú. "Se   abre una causa que criminaliza efectivamente el derecho a la protesta social, uno de los derechos más importantes de la vida democrática y se pretende acallar a los movimientos ciudadanos. Una causa contra la protesta social es una arremetida muy fuerte contra la democracia, es una forma de intentar obligarnos a no decir nada cuando se cometen delitos contra los pueblos, lo que nos retrotrae a épocas de nuestra historia que no queremos repetir", enfatiza el Foro Regional Contra el Fracking.La misma entidad denuncia que "el fallo del juez Seró contiene una serie de irregularidades que vulneran directamente derechos esenciales como el de la protesta, clave para la vida democrática". Considera en tal sentido que  "la protesta no es más que el ejercicio regular de los derechos constitucionales y humanos para peticionar a las autoridades respuestas cuando no escuchan los reclamos".Acusa a "los gobiernos que no se destacan por defender los intereses de la sociedad"  y  a "su total indiferencia ante el peligro que corren los recursos esenciales para la vida en nuestra región", señalándoles que "han optado por la entrega y la depredación de nuestros bienes comunes". De causa nacional a denuncia penal  "Causa nacional" proclamó el presidente Néstor Kirchner a la lucha de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú en el recordado acto realizado en el corsódromo local el 5 de mayo de 2006 con la presencia de la mayoría de los gobernadores y un marco multitudinario. Quedó en proclama. Cuatro años después el gobierno nacional denunció penal y civilmente a casi medio centenar de asambleístas.El recuerdo de aquellos episodios vale para subrayar que estos temas ambientales no figuran en la agenda oficial, salvo que puedan derivar en rédito electoral. Lo saben también los riojanos de Famatina, los chubutenses de Esquel y los sanjuaninos de Pascua Lama. Sostienen una lucha de varios años, en su caso contra las empresas mineras a cielo abierto. El  único resultado ha sido el de la persecución constante de los dirigentes ambientalistas con frecuentes denuncias y detenciones de tanto en tanto.El caso de Concordia  reactiva la inquietud entre nosotros. Es incierto el futuro de la lucha ambiental. Los gobernantes y algunos jueces, no la entienden. Y se trata de la vida. Nada menos.