¿Indiferencia o complicidad?

Es probable que esta semana avance hacia una solución el conflicto del campo El Quebracho, de Santa Elena. A primera vista es un problema local que afecta a 25 familias. Sin embargo, se trata de una cuestión de fondo mucho más amplia y preocupante: la tenencia de la tierra.Por Mario Alarcón Muñiz Según versiones confiables la delegación Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA) será convocada en los próximos días por la Fiscalía de Estado y el Ministerio de la Producción para continuar las negociaciones iniciadas el último día de 2010 acerca del campo El Quebracho que perteneciera al frigorífico Santa Elena, cerrado en 1993.Cabe recordar que de las 2.000 hectáreas y fracción originales del inmueble, unas 800 fueron entregadas como compensación a aquellos trabajadores de la fábrica que habían percibido la mitad de la indemnización correspondiente. Primera irregularidad atribuible al Estado: no se suscribió ningún compromiso de compra-venta ni comodato con esos adjudicatarios. Quedaron allí "de prestado".En 2004 la comisión liquidadora vendió 370 hectáreas a la empresa Las Margaritas. Dos años más tarde cerró la venta de las restantes 1.685 hectáreas a la empresa Granja Tres Arroyos a 1.800 pesos la hectárea y a diez años de plazo. Hasta el momento estos compradores han abonado sólo el 10% de la operación, alegando que parte de las tierras están "usurpadas por intrusos".Lo grave es que el reclamo empresario es apoyado por el mismo Estado que consintió la entrega de tierras a ex trabajadores de la carne. Cierto es  que lo hizo otro gobierno (también es cierto que lo integraban varios funcionarios del presente, entre ellos el actual gobernador), pero la responsabilidad estatal no se extingue con el cambio de autoridades. Operación desalojoTres Arroyos inició acciones judiciales que culminaron en diciembre pasado con una orden de desalojo. Para cumplirla el gobierno dispuso el 27 de ese mes de sesenta efectivos policiales y la presencia del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Herramientas para romper candados y cortar alambrados, garrotes, gases lacrimógenos y balas de goma, no pudieron frente a la resistencia de los colonos y sus familias, peyorativamente denominados "pastajeros" por la dedicación de algunos de ellos al engorde o mantenimiento de vacunos, aunque otros han cultivado la tierra.Los incidentes de El Quebracho no tuvieron mayor eco en los medios de comunicación, pero motivaron la intervención de la FAA que el último día hábil del año consiguió del gobierno provincial una tregua para consensuar la solución del problema a partir de un censo de ocupantes que permitiera conocer la realidad de manera fehaciente. El censo ha concluido. Quedó determinado que en las 800 hectáreas del litigio residen 25 familias dispuestas a comprar, pero en las mismas condiciones de precio y plazos otorgadas a Tres Arroyos. Es atendible el planteo. No quieren regalos ni ventajas. Sólo pretenden un trato igual al dispensado por el Estado a la empresa que procura desalojarlos.En este punto se encuentra hoy el litigio, quizá en vísperas de hallarse una solución. Es lo que se espera. Además puede ser este el punto de partida para comenzar a debatir un tema impostergable de estos tiempos: la tenencia de la tierra. Es una cuestión de fondo, pero nada impide que Entre Ríos trace algunas líneas, si hay voluntad política de hacerlo. Hora de actuar En nuestro país es alarmante la transferencia de la propiedad de la tierra a grandes consorcios, en su mayoría extranjeros. El 14 de noviembre pasado en esta columna proporcionamos datos concretos al respecto y concluimos que en la actualidad el 20% del área productiva de la Argentina pertenece a capitales foráneos, algo inadmisible en varios países del mundo, inclusive en algunos de economía liberal. En 2002 la propiedad extranjera alcanzaba al 7%.Esto quiere decir que la mayor transferencia de la tierra a grandes consorcios se ha registrado durante el gobierno que se autoproclama "progresista".Para confirmar la tendencia, aproximadamente dentro del mismo período el Censo Nacional Agropecuario de 2008 reveló que en diez años desaparecieron 148.000 pequeños y medianos productores. ¿Quiénes se quedaron con sus tierras? Desde luego los que tienen con qué comprarlas. Y así paulatinamente se avanza hacia la concentración inmobiliaria rural, mucho más grave que en otros rubros porque ésta puede llegar a poner en juego el manejo de la producción y por supuesto la independencia económica y la soberanía política.Frenar este proceso es primordial. Tanto como elaborar políticas tendientes a asegurarle  la propiedad al pequeño y mediano productor. Tendremos que volver sobre el tema, porque en esto de las operaciones inmobiliarias de los grandes consorcios, las autoridades parecen oscilar entre la indiferencia y la complicidad.