Informe sobre persecución penal a la Asamblea Ambiental Gualeguaychú

1) Desde 2006 tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, hoy a cargo del Dr. Gustavo Pimentel, Secretaría Criminal y Correccional N° 1, del Dr. José María Barraza, la Causa N° 56.200 caratulada "Escuadrón 56 "Gualeguaychú" de Gendarmería Nacional-Comunica corte de ruta", en relación a la medida de protesta social implementada por la Asamblea Ambiental en la Ruta 136, a la altura del paraje Arroyo Verde.Por Osvaldo Fernández*Opinión
En este expediente obran varias actuaciones judiciales y de la fuerza de seguridad interviniente (Gendarmería Nacional). Entre ellos, se pueden mencionar las disposiciones judiciales instrumentadas mediante los Oficios N° 86/06, 299/06 y 1479/07, cuyo cumplimiento y modalidad operativa quedó bajo exclusiva responsabilidad de la Gendarmería, conforme instrucciones del Ministerio del Interior de la Nación. Por esas ódenes se debían arbitrar los medios para garantizar la normal circulación de vehículos por la Ruta 136 y velar por la seguridad de los manifestantes. Nunca se concretaron. Cabe mencionar que en la causa están incorporados varios informes efectuados por personal de inteligencia de la Gendarmería. 2) También allí se incorporó la denuncia de la comisión de un ilícito en el kilómetro 28 (Arroyo Verde) de la Ruta Internacional N° 136 (impedir el ejercicio de los derechos de transitar, entrar y salir del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar) efectuada este año por 56 vecinos de Gualeguaychú (entre otros, Dr. Juan Drable, Jorge Novello, Jorge Chaia, Oscar Badano, Dra. Alicia Vivian, Francisco Aisburu, María Garciarena, etc.). Esta denuncia dio lugar a que el Juez, a través de una resolución del 8 de junio de 2010, hiciera saber a la Gendarmería Nacional que se encontraban plenamente vigentes los mandatos judiciales ordenados en los oficios antes citados y todo ello sin perjuicio de las atribuciones y deberes propios de la fuerza según lo prevee el código de procedimientos en lo penal, que incluyen la facultad de detención inmediata. 3) Recientemente en esta causa se presenta el Gobierno Nacional, mediante el Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Joaquín Pedro da Rocha, efectuando una denuncia por la posible comisión de una serie de hechos que podrían configurar  14 delitos contra una lista de 10 asambleístas, solicitando se lo tenga por parte querellante, y haciendo reserva del derecho de constituírse en actor civil.  Los asambleístas denunciados son: Jorge Fritzler, Sira Muñoz, Osvaldo Fernández, Juan Ferrari, Ana Costa, Paola Robles, Cristina Limba, Víctor Limba, Alejandro Crimella y José Gómez. El juez, en una resolución del 1° de julio de este año, dispone aceptar al Dr. da Rocha como parte querellante, deja pendiente la investigación respecto de la casi totalidad de los delitos denunciados por falta de hechos y elementos, y se pronuncia solamente respecto de la interrupción del tránsito en la Ruta 136, a la altura del kilómetro 28. En relación a esto último decide no llamar a declaración indagatoria a los denunciados por haber obrado en un error de prohibición invencible lo cual constituye una causal eximente de culpabilidad. La decisión del juez es apelada por la Fiscal Ad-Hoc interviniente, Dra. Daniela Neyra. La causa debe proseguir el trámite apelatorio ante la Cámara Federal de Apelaciones con sede en Paraná. Ante esto, el Juez Federal de Concepción del Uruguay intima a los asambleístas denunciados a que constituyan domicilio en Paraná y designen abogado defensor. Hasta el presente la mayoría de los denunciados ha cumplido este trámite. Una vez finalizado, desde el Juzgado Federal de C. del Uruguay se remitirán las actuaciones a la Cámara Federal de Paraná, donde, luego de un trámite donde actúa el Fiscal General, y si no se desestima la apelación, probablemente se fije una Audiencia oral, en la que participarán: el Fiscal de Cámara, los Jueces de la Cámara, la parte querellante (gobierno nacional) y los asambleístas y sus abogados defensores. Luego la Cámara Federal debe decidir sobre la apelación. Si la acepta, el expediente vuelve al Juzgado de C. del Uruguay, seguramente se apartará al Juez Pimentel (así lo pidió la Fiscal Neyra), y se tendrá que resolver, con nuevo juez,  si se llama a indagatoria a los denunciados o se archiva la causa. Si la Cámara rechaza la apelación, la resolución de Pimentel queda firme. 4) Se ha incorporado a la Causa 56.200, la Causa N° 9167, originada por un ciudadano uruguayo, residente en Escobar (Pcia. de Bs. As.), llamado Robert Winter, quien formuló una denuncia ante la Gendarmería Nacional el 28 de febrero de 2010, por supuestas agresiones recibidas en Arroyo Verde. Hecho negado por asambleístas presentes. 5)  Asimismo, se suma a este expediente la Causa N° 8976 caratulada "Malucci, Walter Alejandro s/ Muerte". Proviene del accidente en el que Walter Malucci perdiera la vida en Arroyo Verde, mientras conducía una moto, a la madrugada, estando abierta la ruta. Hubo un conflicto de competencia entre la justicia provincial y la federal. La Cámara Federal de Parará dispuso la competencia federal, que las actuaciones sigan en el Juzgado y la Fiscalía Federales de C. del Uruguay y que se incorporen a la Causa 56.200. 6) En el Juzgado Federal de C. del Uruguay, Secretaría Criminal y Correccional N° 2,  tramita la Causa N° 9303, caratulada "Asamblea Ciudadana Gchú. s/ Corte Ruta N 14", donde se investiga la caravana y asamblea realizada el 30 de mayo de 2010 en el kilómetro 53 de la Ruta Nacional 14. Con intervención de Gendarmería, se han individualizado a 12 asambleístas. Ellos son: Martín Alazard, Juan Veronesi, José Pouler, Gilda Veronesi, Lilyan Melnik, Jorge Fritzler, Alejandra Crimella, Juan Ferrari, Paola Robles, José Gómez, Isabel Nievas y Susana Padín. La causa se ha notificado a la Fiscalía, hoy nuevamente a cargo de la Dra. María de los Milagros Squivo. Mientras se despliega la decisión política de perseguir penalmente a la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, y se amenaza con posibles acciones civiles, en el mismo Juzgado Federal de Concepción del Uruguay no se concretan las indagatorias dispuestas para directivos de Botnia en la Causa N° 56.204 por contaminación en violación de la Ley 24.051. El gobierno uruguayo ordenó impedir que se diligenciaran los exhortos remitidos desde Argentina para citar a esos directivos, en contraposición a lo acordado en el Protocolo de San Luís, que integra los acuerdos del Mercosur en materia de cooperación penal entre los países miembros. Hoy, directivos de Botnia-UPM salen y entran del país a través del Aeropuerto de Ezeiza y visitan la provincia de Corrientes para explorar la instalación de una pastera sobre el Río Paraná.En la Cámara de Diputados de la Nación se ha presentado un proyecto de ley para desjudicializar más de 5000 expedientes penales abiertos en el país contra luchadores en causas ambientales, sociales y gremiales, lo cual evidencia la estrategia implementada desde el oficialismo de amedrentamiento y hostigamiento a estos movimientos. *El presente informe concierne a una recopilación profesional realizada por el conocido integrante de la Asamblea Ambiental.