Jubilados: honrar la deuda social interna

El gobierno nacional, que tiempo atrás arregló con los acreedores externos, asume ahora el compromiso de honrar la deuda contraída con los trabajadores retirados.Las dos situaciones heredadas emanaron de juicios adversos contra el Estado. En el primer caso la justicia de Estados Unidos había fallado a favor de los holdouts que tenían bonos en default de 2001.La administración Macri debió arreglar con estos acreedores so pena de que la Argentina quedara en cesación de pagos, colocándose así al margen del mercado mundial de capitales.Pagar deuda externa supone un trago amargo para cualquier país que, como la Argentina, sobrelleva una dolorosa deuda social interna, dentro de la cual figura la gran masa de jubilados a los que el Estado incumplió o estafó.También aquí la Justicia, esta vez del país, ha venido fallando a favor de trabajadores argentinos retirados que cobran más de la jubilación mínima y que fueron perjudicados por el congelamiento vigente de 2002 a 2006.El reclamo es porque el Estado no cumple con la legislación previsional que dice que la jubilación es una remuneración, que se calcula según el salario de los activos y se actualiza por su evolución.Las administraciones anteriores venían haciendo un ajuste del haber jubilatorio que estaba muy por debajo de los aumentos salariales. Por ejemplo, entre enero de 2002 y diciembre de 2006, las jubilaciones aumentaron el 11 y el 21%.Pero esos reajustes debieron ser del 55 y el 69% si se hubiera tomado en cuenta la evolución de los salarios. Finalmente la Corte Suprema de Justicia, a través de los casos Badaro, Elliff y Gemelli, les dio la razón en 2007 a los jubilados en su reclamo.Pero dado que el gobierno anterior, a través del Anses, no efectivizó en forma automática los reajustes de haberes en los términos dispuestos por la Corte Suprema, empujó así a la clase pasiva a la litigiosidad judicial.Se fue generando de esta manera una deuda social interna impaga por el Estado, que objetivamente se podría decir que se ha venido "financiando" a través de dilatar el pago de los montos jubilatorios adecuados, recurriendo a la estrategia de apelar los fallos que favorecían a la clase pasiva.El Estado nacional lleva más de tres décadas pagando mal a los jubilados, muchos de los cuales han fallecido sin que se les hubiera honrado su deuda. Se ha dicho, no sin razón, que la estrategia estatal hasta acá consistía en especular con la muerte de los reclamantes."El principal capital que tiene que cuidar el jubilado es el tiempo que le resta de vida y lo que hacían estas actuaciones de la Justicia y la Anses era demorar, en forma indefinida a veces, la resolución de un derecho adquirido", reconoció el abogado previsionalista Daniel Medah.La administración Macri ha decido honrar esta deuda interna. El "Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados", que fue girado al Congreso para su aprobación, es visto como una de las medidas sociales más importantes de los últimos 20 años.Tres grandes grupos de jubilados podrán beneficiarse del programa: los que tienen sentencia firme de la justicia, los que iniciaron el juicio pero no recibieron todavía sentencia y 1.800.000 jubilados que no hicieron juicio pero pueden reclamar.La operatoria de reparación a la clase pasiva implica un esfuerzo fiscal considerable: equivale a una expansión del gasto público que rondaría 1,2% del PBI. La Anses, concretamente, deberá pagar unos $75.000 millones más por año.