La crisis local no se arregla con parches

El conflicto salarial en la municipalidad de Gualeguaychú, que impacta de lleno en la comunidad, es una muestra palmaria del fracaso del proyecto centralista en la Argentina, que todavía sigue vigente.

Desde esta columna, allá por noviembre del año pasado, cuando ya se veía venir el problema, decíamos que así como están, con la estructura de ingresos y egresos que tienen, las comunas son financieramente inviables.

El diagnóstico es que la persistencia en el tiempo de la matriz unitaria del régimen fiscal despoja primero a las Provincias y con ellas a los municipios, en beneficio de un poder central insaciable.

“Las clases políticas locales, en este contexto centralista, seguirán poniendo parches a sus administraciones. Harán de pilotos de tormenta en sus pequeños Estados escuálidos y condenados estructuralmente a ser insolventes”, decíamos.

Pero cada vez se hace más evidente que este cortoplacismo miserable no resuelve nada, porque la solución estructural para los municipios está atada a una reforma revolucionaria del sistema impositivo.

El escamoteo constante de la renta provincial, y por esta vía de la municipal, para engordar la caja de gobiernos nacionales cuyos titulares se consideran monarcas, estalla en crisis recurrentes en el interior.

Los Estados del interior del país son la variable de ajuste de todos los programas unitarios que se suceden sin solución de continuidad en la Argentina, cuyo pecado es haberse apartado del federalismo.

Se han confirmado los peligros y males que desde el siglo XIX señalaron varios argentinos preclaros, entre los cuales figura nuestro Olegario Víctor Andrade, abanderado de la causa federal.

Cuando hablamos de producir una revolución impositiva para desbancar “la cabeza de Goliat”, de que hablaba Ezequiel Martínez Estrada, no estamos proponiendo romper con el orden jurídico argentino.

Ahí está el punto. Se trata, simplemente, de empezar a cumplir con la Constitución, que consagra como uno de sus pilares al federalismo. En la Argentina ser revolucionario no es declararse “progresista” sino respetar la ley.

El federalismo como forma de Estado fue una decisión sabia para solucionar los problemas políticos, económicos y sociales de un país tan extenso, que necesita de una efectiva descentralización del poder.

Sin embargo, en la realidad se ha impuesto un proyecto unitarizante, de concentración del poder en el gobierno llamado federal, que fue avanzando sobre el diseño constitucional y las autonomías provinciales.

Pero también fue avanzando sobre las autonomías municipales, condenando a las ciudades del interior a su propia suerte. La crisis laboral en la municipalidad de Gualeguaychú debe verse en este marco.

El problema es sistémico, engloba a la totalidad del Estado argentino, que ya no puede disimular el fracaso del proyecto centralista que lo gestó. La insolvencia crónica de los Estados del interior es un subproducto de un diseño anti-natura y anticonstitucional.

Los gobiernos que se disputan el calificativo de “progresistas”  pero que mantienen este estado de cosas son en realidad profundamente reaccionarios. Porque defienden el país viejo inventado por la oligarquía portuaria.

Ni hablar de los provincianos que se prestan al juego de los intereses centralistas. En el caso de Entre Ríos traicionan su mejor tradición, asociada indisolublemente a la causa federal, que es la causa de los pueblos del interior.

“¡Que las provincias dejan alguna vez de ser las víctimas inermes sacrificadas a la ambición de un puñado de hombres!” (O. V. Andrade, agosto de 1866).