La cuestión federal y el empate conservador
Luego de apasionados conflictos y colisiones sangrientas, el país adoptó el sistema federal. Sin embargo, con el tiempo, el esquema se tergiversó.Las provincias armaron el país. Algo que costó muchas vidas. La guerra civil entre unitarios y federales, durante el siglo XIX, fue tremenda.A la Entre Ríos de Justo José de Urquiza le cupo un papel protagónico en la redacción de la Constitución de 1853, que estableció un gobierno representativo, republicano y federal.Argentina, en cambio, a partir de 1862, cuando las fuerzas de Bartolomé Mitre ganaron la guerra civil, tras la batalla de Pavón, se consolidó como un país unitario y nunca dejó de serlo.La fuerza cultural y económica de Buenos Aires se impuso, así, al resto del país interior. Como escribió nuestro Olegario Víctor Andrade: "Buenos Aires ha querido desde 1810 mantener en sus manos el comercio exterior, y en sus cofres el producto de las rentas que él produce".La codicia sórdida de la política centralista (es decir unitaria), por entonces encarnada en la oligarquía porteña, empezó a gravitar decididamente en el aspecto impositivo.Argentina nació con federalismo fiscal y, por tanto, con independencia de los gobiernos provinciales respecto del gobierno central. Este concepto sufrió un duro revés con el golpe de Uriburu, en 1930, época de auge de los fascismos en Europa.Ese gobierno de facto impuso un curso inédito a la recaudación: el conjunto del país debía mandar sus tributos al poder central, y el poder central lo coparticiparía.Pero el sistema no ha cumplido su razón de ser, y más bien ha sido una tapadera para ocultar el avance del centralismo económico. Ni siquiera el país se ha puesto de acuerdo en los criterios devolutivos de rentas a las jurisdicciones generadoras de los impuestos.Aún sigue pendiente y con una larga mora el diseño de un nuevo régimen de coparticipación como lo manda la Constitución reformada de 1994. El término perentorio que se había fijado fue el año 1996.Desde 2002 la expropiación de las rentas fiscales a las Provincias ha coincidido con la valoración mundial de la mayor parte de producción (soja) del interior del país.Es paradójico que una provincia como Entre Ríos, cuyo principal artículo es demandado a precio de oro en el mercado mundial, tenga un Estado financieramente hiperdependiente de la Casa Rosada.Por estos días, el Consejo Económico de Entre Ríos produjo un informe donde utiliza el término "inquietud" al caracterizar la situación presupuestaria provincial.Allí se advierte que en el período 2008-2010, los recursos de origen nacional representaron el 79% de los ingresos tributarios, mientras los de origen provincial sólo el 21%.Este sólo indicador -que se repite en otras jurisdicciones- habla de la necesidad de una reforma profunda de la política fiscal, de acuerdo el principio federal.Al explicar las razones por las cuales la clase política no se atreve a tocar el asunto, el economista Juan Llach especula que además del obvio interés que tiene el poder central de mantener las cosas como están, algo similar pasa en las comarcas.Y esto porque "ha resultado funcional al sostenimiento de las clases políticas provinciales, -en algunos casos verdaderas oligarquías- echar sobre las espaldas de la Nación la responsabilidad de recaudar".Los gobernadores, ¿están dispuestos a cambiar el actual régimen impositivo y que las Provincias asuman el costo político de recaudar y coparticipar a la Nación?¿Acaso las autoridades comarcales no se sienten más cómodas en su papel de delegados administrativos del poder central, a costa de la dignidad federal?No hay propuesta de coparticipación federal en la Argentina. Unos y otros, en la Casa Rosada y fuera de ella, parecen beneficiarse mutuamente de la actual situación.Es un empate conservador, que mantiene el statu quo, en un país cuyo federalismo es retórico.
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