Editorial |

La deslegitimación del poder judicial argentino 

El divorcio entre la sociedad argentina y el poder del Estado que debe administrar justicia viene de lejos. Pero ahora es el propio presidente de la Corte Suprema quien reconoce que no se cree en los jueces y en los tribunales. Se ha dicho, no sin razón, que la Justicia es el problema número uno de la Argentina. Aquí gobiernos que se organizan de manera deliberada para enriquecerse –y usar las fortunas acumuladas para perpetuarse en el poder- sólo pueden existir porque antes hay un sistema judicial venal y corrupto. Los cleptócratas abundan en contextos donde la impunidad es garantizada por los tribunales, que en lugar de controlar y perseguir las conductas criminales, en realidad las consienten o protegen. La falta de justicia, que de eso se trata en el fondo, es la que hace decir al hombre de la calle: “Acá nadie va en cana”. Una expresión que alude a la complacencia judicial hacia quienes se dedican a la explotación del patrimonio público. Es lógico, por tanto, que el mentado Poder Judicial no inspire credibilidad ni confianza en estas pampas. Lo que es novedoso es que lo reconozca el mismísimo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Carlos Rosenkrantz. Durante la apertura del año judicial, el alto magistrado apeló a la autocrítica señalando que la justicia argentina atraviesa una “crisis de legitimidad” por pérdida de confianza de la ciudadanía en los jueces y tribunales. “Hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces en una democracia representativa”, señaló Rosenkrantz, ratificando en realidad una sospecha que está en la calle desde hace tiempo. Esa crisis obedece en parte, dijo, a la creencia extendida de que los jueces no sirven al derecho sino que se sirven de él por intereses espurios, faltando así gravemente a sus deberes y responsabilidades. Pero según el presidente de la Corte, “los jueces debemos mostrar que somos refractarios a todo interés personal, ideológico, político y de cualquier otra naturaleza que no sea el interés de realizar el imperio del derecho”. En otra parte de su alocución, refiriéndose probablemente a la percepción popular de que la Justicia es un poder corporativo junto a otros, Rosenkrantz recordó que “el Poder Judicial no es un privilegio”. Sobre el particular, reflexionó: “Debemos también entender que para servir a nuestra comunidad como jueces no debemos buscar el poder. Como he dicho varias veces, estoy convencido de que la percepción de que somos poderosos (por oposición a la de ser justos y rectos) no ennoblece sino que mancilla nuestra investidura”. El titular de la Corte admitió que no será fácil torcer la imagen negativa que pesa sobre los jueces, en el sentido de que son vistos como burócratas que sirven a intereses distintos de aquellos que marcan las leyes de la República. “Debemos ser conscientes de que, para mostrar que el derecho es nuestro único interés, nos hará falta mucha constancia”, apuntó. Por nuestra parte, decimos que no hay democracia real ni Estado de Derecho, ni ciudadanía, sin jueces honestos y sin un Poder Judicial que haga honor a su misión originaria de impartir justicia según las leyes. En la república democrática, lo único indiscutible es el imperio de la ley (principalmente de la Constitución), que debe ser pareja para todos y es la que nos iguala o debería igualarnos. Si este principio es violado sistemáticamente por tribunales y jueces, entonces la sociedad como tal sucumbe.  

Dejá tu comentario