La escuela soporta la violencia entre alumnos

Un colegio de Rosario deberá pagar una indemnización de al menos 50 mil pesos a un alumno que fue agredido por otro. Se trata de un caso que revela hasta dónde la violencia pone en jaque a la institución.A menos que se crea que las conductas antisociales de los alumnos son inducidas por el colegio, y que por tanto es éste quien tiene que hacerse cargo, el fallo del tribunal rosarino no deja de ser polémico.Por lo pronto, revela que las grescas estudiantiles pueden significar un alto costo económico para la institución educativa, quien está expuesta así a ser penalmente responsable de lo que hagan los estudiantes.La Escuela de Enseñanza Media 8038 "María Bicecci" no logró desligarse del episodio en el cual, en noviembre de 2003, en la escalinata de ingreso al colegio, un alumno hirió a otro.El estudiante agredido, por entonces de 15 años, sufrió cortes (ocasionados por una tijera), en la cabeza, en la espalda y en el tórax. Aunque las heridas fueron evaluadas como "leves" por los médicos, la perito psicóloga manifestó que el menor padeció daño psíquico.El argumento de la escuela de que fue un caso "fortuito" -dado que es imposible prever la conducta de dos de sus alumnos-, no conmovió a los miembros del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual N°1.Para las juezas Paula Sansó, Susana Igarzábal y Mariana Varela, quienes integran el citado tribunal, el establecimiento educativo "tiene la obligación de la seguridad y de educar, que se encuentra en un pie de igualdad".En la resolución judicial, se destacó que en el Código Civil se establece que "los propietarios de los establecimiento educativos privados o estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores, cuando estén bajo el control de la autoridad educativa".Se puntualizó también en el fallo que "cuando un menor ingresa o se encuentra en un establecimiento educativo, se desplaza la guarda material del hijo que ejercen los padres. En estos casos existe una verdadera delegación de la guarda al establecimiento, en donde los padres resignan en forma temporal sus deberes y derechos de cuidarlos y educarlos, quedando éstos a cargo de la institución".El fallo, por lo visto, se ajusta a derecho. El interrogante que queda planteado es si se ajusta a la realidad. ¿El colegio puede prever la violencia entre los alumnos, cuyas causas no se originan en ella sino en la sociedad? ¿Qué responsabilidad, en todo caso, le cabe a los padres del estudiante agresor?El episodio pone en la superficie el brete en el que está colocada la institución escuela, que en tanto ámbito para la formación y la transmisión de saberes, se ha convirtiendo en escenario de conductas antisociales.Para los expertos, la escuela no sale indemne de la crisis de autoridad, de la relajación de los códigos de convivencia, que atraviesan a toda la sociedad. Es apenas, diagnostican, una "caja de resonancia".En este sentido, la educación sería el reflejo de prácticas violentas que tienen lugar en todos lados: la casa, el trabajo, el tránsito, el barrio, el tren, las rutas, las canchas de fútbol y por qué no -también- la política.Hay una tendencia a asignarle a la escuela múltiples responsabilidades. Se le pide que sea un ambiente de trabajo protegido, en el que debe imperar el respeto y no la ley de la selva.¿Puede el colegio por sí solo, por ejemplo, instalar una cultura del respeto entre los alumnos, cuando esos valores no rige en sus casas y entornos más inmediatos? ¿No se le está pidiendo, exageradamente, que haga lo que los padres no saben o no quieren hacer?