La inseguridad en Entre Ríos: aporte para el debate

La problemática de la seguridad pública y sus modelos de resolución constituyen uno de los temas más preocupantes para los habitantes. La concepción de seguridad pública incluye una amplia gama de situaciones, como lo son: hechos delictivos, seguridad ambiental, prevención de siniestros, seguridad vial, seguridad urbana, etc.o

Analizamos con absoluta  intranquilidad la progresión del índice de inseguridad, el crecimiento de la violencia, la disminución de la edad en que se comienza a delinquir, el alto grado de reincidencia, la tenencia ilegal de armas  y el crecimiento del consumo y tráfico de drogas,  que se padece en nuestra  provincia y en todo el país.

Intentar abordar la cuestión exclusivamente desde los aspectos institucionales o instrumentales constituye un grave reduccionismo. Las causas profundas de los males que nos aquejan en este tema son múltiples y exceden largamente el marco penal.

La crisis de la Seguridad tanto en el país como en Entre Ríos reconoce orígenes socio-económico-educativos y políticos. La lucha para recuperar los índices de seguridad y tranquilidad como modo de vida que caracterizaban a nuestros pueblos en otras épocas, demanda políticas públicas de fuerte contenido inclusivo, donde la Escuela y la generación de empleo no público, son elementos vitales. En ese sentido, también es importante la defensa del Federalismo y de un Plan Agropecuario e Industrial que proteja a las principales fuentes de actividad de la economía provincial.  El Estado debe, por tanto, garantizar a los ciudadanos, la seguridad en su concepción más amplia, mediante políticas de prevención del delito y de asistencia a la víctima (art. 32, Constitución Provincial).

Es cierto que el notable incremento del delito y la violencia –a veces desenfrenada en su perpetración- es un grave problema, al que hay que procurarle urgentes carriles de solución. Pero una política criminal nunca estará aislada ni será indiferente de la política social: los programas y políticas sobre el delito deben estar relacionados con los procesos sociales e históricos y las políticas sociales y económicas de un país, porque el fenómeno del crecimiento del crimen se encuentra inserto en los primeros y condicionado por las segundas. Para ello se requiere un desarrollo concertado de todas las otras políticas relacionadas con la prevención del delito: sociales, educativas, prevención y tratamiento de adicciones, protección de las víctimas, tratamiento de adolescentes infractores de la ley penal, cárceles, acceso a las armas, etc. El delito y  el delincuente deben considerarse como fenómeno social.

La morosidad del poder judicial, el escaso presupuesto para su funcionamiento, la falta de infraestructura,  el resquebrajamiento de las instituciones, el colapso del sistema carcelario, su hacinamiento y las dificultades para acceder a la justicia contribuyen a este cuadro de situación. La seguridad como tal no puede ser tratada desde una postura ideológica sino desde una perspectiva seria y republicana: debe atender con firmeza las causas que llevan al individuo a delinquir, para evitarlo; debe investigar exitosamente descubriendo al responsable para su juzgamiento y condena en establecimientos que favorezcan su reinserción social, como mecanismo de defensa de la comunidad frente al elevado índice de reincidencia. Tendrá que ser eficaz dentro de la ley, para lograr el castigo del delito en todos los casos, pero especialmente en lo relacionado con los delitos muy violentos, la criminalidad organizada, el ilícito económico, el narcotráfico y la corrupción gubernamental y administrativa: la sociedad debe percibir que efectivamente “el que las hace las paga”.

 Además la problemática del delito y la seguridad ciudadana  debe ser encarada pensando en contribuir a la paz social mediante la prevención de los conflictos, procurando a la vez instalar una cultura de la paz frente a la cultura de la violencia.

 

Medidas a tomar

Con esta introducción, que amerita un desarrollo mayor en materia de políticas sociales donde la existencia de un Seguro de Ingreso Mínimo Indispensable, sin clientelismo ni dádivas, es clave, proponemos en materia de Seguridad:

Urgente implementación del servicio telefónico 911. Pese a que es ley en la provincia desde hace dos años, hasta el presente no se ha habilitado este servicio de llamadas de emergencias que viene demostrando suma eficacia en otras jurisdicciones.

Puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, insólitamente demorado por trabas burocráticas y falta de convicción política. Sanción de un nuevo Código de Faltas.

Profesionalización de la Policía, desterrando la ingerencia de punteros políticos y la desvirtuación de la carrera policial la que debe basarse en méritos y no en acomodos con los gobiernos de turno. Recrear la Policía Comunitaria. Fortalecer la Policía Rural. Educación y Prevención: campaña para aprender a cuidarnos. Salario digno para el personal policial acorde con la función y el riesgo.

Declaración de la Emergencia en Seguridad en el marco de la Ley de Seguridad Interior, habilitando que se celebren convenios con fuerzas federales.

Convenios con Gendarmería y Prefectura para asignarle tareas de prevención, inteligencia y represión del delito en zonas compatibles con sus jurisdicciones, donde conforme el Mapa del Delito sea más necesario.

Acuerdo con el Ministerio de Defensa para emplear cuarteles para la reclusión de presos con condenas firmes y buena conducta, priorizando las cárceles para los delincuentes peligrosos o de mala conducta. Laborterapia y educación obligatorias en las cárceles. Los establecimientos penales deben ser sanos y limpios.

Aplicación de la normativa que desfederaliza la represión de ciertos delitos vinculados al tráfico de drogas, dando intervención a la policía y a la justicia de la provincia.

Discusión en la Legislatura del proyecto de creación del Defensor de la Seguridad y de los Consejos Municipales y Rurales de Seguridad. Las intendencias y juntas de gobierno tienen un rol clave para asegurar la participación de los vecinos y desarrollar políticas preventivas en materia de alumbrado, transporte, etc. 

Otorgar más presupuesto y estructura a la Dirección de Toxicología de la Policía, asumiendo la decisión política de combatir al narcotráfico en Entre Ríos.

Abrir un Padrón para que los retirados de la Policía se anoten para desempeñar funciones administrativas en las dependencias policiales, liberando personal activo para incrementar su presencia en las calles. Con igual objetivo, se pueden reasignar transitoriamente empleados públicos de otras reparticiones del Estado, previa capacitación.

Programa de Control de Delincuentes Sexuales. Registro de abusadores o violadores, condenados y liberados, accesible por Internet.

Reglamentar la Ley de Violencia Familiar. Incrementar y descentralizar las dependencias judiciales y policiales que intervienen en casos de violencia familiar. Capacitar y actualizar al personal policial en la materia.

Impulsar el Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Aumentar la destrucción de armas ilegales. Descentralizar los trámites de registro de tenencia, licencia de uso y compra de armas.

LA LUCHA CONTRA EL DELITO Y LA INSEGURIDAD ES TAREA DE TODOS, PERO LA RESPONSABILIDAD ES DEL GOBIERNO, LA LEGISLATURA, LA POLICIA Y LA JUSTICIA. Hay que atacar el problema YA, mañana será tarde.