La judicialización del problema previsional

Casi 5 millones de jubilados cobran menos de 900 pesos por mes, menos de la mitad de lo que necesitarían para vivir. Los juicios contra la ANSeS, pidiendo actualización, han hecho colapsar los tribunales de la Seguridad Social.El dato económico es que el 76,5% de los pasivos cobra el haber mínimo de 895 pesos o menos. Esto se explica porque el sistema no sólo depreció la escala de los haberes sino que incluyó a mucha gente que nunca aportó, aunque al precio de emparejar para abajo.Si por un lado se cubrió con el beneficio a sectores que por distintas razones (desocupación o trabajo en negro) no hicieron aporte alguno, esto se logró achatando la pirámide de ingresos.Es decir creando una situación de injusticia con quienes a lo largo de la vida laboral efectuaron aportes previsionales y hoy perciben un haber idéntico al de quienes aportaron mucho menos o nada.Se diría, en buen criollo, que se desvistió un santo para vestir a otro. El proceso de igualación de los haberes ha sido impresionante: si hoy el 76,5% cobra la mínima, al finalizar 2002 quienes estaban en este escalón más bajo sólo representaba el 33% del total.Las jubilaciones no fueron ajustadas por la evolución de los salarios, con lo que quedaron desactualizadas. Sin embargo, la Corte Suprema ha fijado doctrina (en numerosos fallos), ordenando una suba a la par de los salarios.En el famoso caso Badaro, ordenó un ajuste de 88,6% por el período que va de enero de 2002 a diciembre de 2006 cuando en ese lapso el gobierno dio aumentos generales de entre 10 y 22%.Desde entonces, llueven los reclamos de ajustes de los haberes. Y se da un proceso sorprendente: por cada juicio que se paga a un jubilado, ingresan cinco nuevos.El stock de juicios contra la ANSeS está creciendo a un ritmo tal que los Juzgados y las Salas de la Seguridad Social consideran que están desbordados y en situación de colapso.Según el periodista Ismael Bermúdez, en 2009 se iniciaron 103.600 juicios y la ANSeS liquidó 30.000 sentencias. Y entre 2002 y 2009, entre bonos y efectivos, pagó sentencias por más de 6.000 millones a unos 160.000 jubilados."De todas maneras -apunta Bermúdez- como no todos los jubilados recurren a la vía judicial, en el Gobierno consideran que es mayor el 'ahorro' que obtiene de no extender a todos los jubilados los reajustes ordenados por la Justicia que los costos de afrontar las sentencias".Preocupada por la sobrecarga de los juicios en los tribunales, la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay se quejó: "La ANSeS no paga lo que debe, incluso cuando hay sentencias que la obligan a pagar, e insisten en no pagar y tratan de llegar a la Corte. Entonces es siempre la misma historia".¿Tiene fundamento esta queja? O en otros términos, ¿acaso la Corte no puede fallar de tal manera que en lugar de obligar a cada jubilado a ir a juicio extienda a todos los potenciales beneficiarios su jurisprudencia?Algunos sostienen que los jueces de la Corte se hacen los distraídos o actúan en connivencia con el Gobierno. Porque ellos bien podrían ordenar que se aplique la doctrina Badaro en forma colectiva a todos los jubilados que estén en la misma situación.De esta manera los jueces, tan preocupados por la sobrecarga de trabajo en los tribunales previsionales, evitarían que cada uno de los jubilados tenga que presentar su propio reclamo judicial.A todo esto, se supo que la jubilación mínima cubre sólo la mitad de una canasta básica. Mientras ese haber se sitúa en 895 pesos, los gastos que requiere para vivir un jubilado están en 2.063 pesos, según el Ombudsman de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.Los datos colocan a la mayoría de los jubilados en la pobreza. Frente a esta dolorosa realidad, la pregunta se impone: ¿qué hace la ANSeS con los 150.000 millones de pesos (12% del PBI) que administra, tras la promocionada estatización de las AFJPs? ¿Esa plata no está para mejorarles la vida a los jubilados?